Amelia Vilchis Vargas

Expediente 344/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
344/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Amelia Vilchis Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta por el que el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, informa que aceptó el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.A sus autos el oficio de cuenta por el que el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, informa que aceptó el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el que, previo a aceptar la competencia planteada por este juzgado requirió a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a fin de que cumpla con lo dispuesto por el artículo 178, fracciones I, II y II de la Ley de Amparo; de lo anterior, se toma conocimiento.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea por **********, contra actos de la Magistrada Supernumeraria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 344/2017. Atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente, con una impresión de la demanda, relacionándose en el sistema y procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en:  La sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca 120/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante la cual confirma la diversa de trece de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el juicio ordinario civil C683/2016 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca 120/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante la cual confirma la sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el juicio ordinario civil C683/2016 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. (...) En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

  4. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) Amelia Vilchis Vargas o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete -siendo inhábiles el veinticinco y veintiséis del mismo mes y año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintidós de marzo de dos mil diecisiete -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; y que en lo conducente establece: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea por **********, contra actos de la Magistrada Supernumeraria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 344/2017. Atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente, con una impresión de la demanda, relacionándose en el sistema y procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca 120/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante la cual confirma la diversa de trece de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el juicio ordinario civil C683/2016 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca 120/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante la cual confirma la sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el juicio ordinario civil C683/2016 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. (...) En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

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