Amelia Silva Falcón

Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
159/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Amelia Silva Falcón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se determinó por una parte sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Luisa Villa Gamarra, para el efecto de que las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaran lo siguiente: "1. Lleven a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa. 2. Den respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo. 3. Le den a conocer la contestación respectiva." Sentencia que fue confirmada en ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 581/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, con motivo del recurso de revisión interpuesto por las responsables; por lo que se les requirió el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicha sentencia, mediante oficio recibido en este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la delegada de las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió copia del oficio de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Encargado del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el cual comunicó a la quejosa que su solicitud de pensión por jubilación presentada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 3 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, y por ende no procedía continuar con el trámite correspondiente, hasta en tanto quedara satisfecha la exigencia consistente en que se anexara el comunicado patronal en el que se indique la fecha a partir de la cual la peticionaria del amparo causó baja como trabajadora activa. Para mayor claridad se reproduce la parte conducente del acuerdo relativo que es del tenor siguiente: "[.] Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, en los registros existentes se encontró solicitud de Pensión de Retiro por Edad y Años de Servicio presentada por MARIA LUISA VILLA GAMARRA en fecha 30 de noviembre de 2017; con motivo de la misma se inició el trámite correspondiente a la pensión de Retiro por Edad y Años de Servicio solicitada por Usted, se formó el respectivo expediente, el cual se conformó con la documentación que anexó a la solicitud antes señalada, del mismo se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no cuenta con el comunicado por parte de la Patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y cause baja como trabajadora activa, es decir, no se encontraron trámites de pensión de Retiro por Edad y Años de Servicio promovidos por su patrón, tal y como se establece en el apartado "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lineamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de Agosto de 2017; como parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, señalado dentro del listado de Procedimientos ISSSTECALI, en el apartado correspondiente a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, fracción II, cito en la página 43, consultable en el Portal de Internet del ISSSTECALI, www.issstecali.gob.mx, por lo que se hace de su conocimiento que dicho documento es indispensable para dar entrada a su trámite en términos del marco jurídico institucional, por lo que existe una imposibilidad jurídica y material para la verificación e integración estatuida en el artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; esto es, no cumple con los requisitos formales de la tramitología respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relativos, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por los artículo 68 y 72 de la Ley de ISSSTECALI y articulo 27 del Reglamento antes citado, así como la parte respectiva del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lo anterior debido a que el Instituto requiere del comunicado por parte de la patronal, del cual se desprenda que el asegurado haya causado baja como trabajador activo, por consiguiente la solicitud de otorgamiento de Pensión de Retiro por Edad y Años de Servicio presentada por Usted en fecha 30 de Noviembre de 2017, no puede ser legal y debidamente integrada puesto que NO CUMPLE con los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California y consecuentemente no procede continuar con el trámite de su solicitud hasta en tanto se satisfaga dicho requisito. [.]" De lo anterior, se puede apreciar que las autoridades responsables no han cumplido en su totalidad con la ejecutoria de amparo, si se considera que no se ha emitido una respuesta congruente con la petición de pensión por jubilación efectuada por la aquí quejosa, ya que no se han pronunciado sobre su procedencia. Lo anterior, se explica porque dicho comunicado tiene su origen en una solicitud elevada por la quejosa a la autoridad responsable, tratándose del derecho de petición, por lo que como fue establecido en la sentencia de amparo, la autoridad está obligada a emitir una respuesta congruente con lo solicitado por el gobernado y notificarle el contenido de la misma y, si bien es cierto que ello no implica que la autoridad se encuentre constreñida a pronunciarse en sentido favorable a sus intereses, también lo es, que la respuesta que emita debe ser congruente y resolver sobre la procedencia o improcedencia de lo pedido. Máxime que en el caso, los efectos de la protección constitucional se establecieron expresamente para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones lleven a cabo las gestiones necesarias para la integración del expediente de la quejosa. En ese sentido, se aprecia que las autoridades responsables no han emitido una respuesta congruente a lo solicitado por la quejosa en el sentido de que se le otorgara la pensión por jubilación, sino que aún se encuentran en vías de cumplimiento mediante la integración del expediente que corresponde, ya que de acuerdo al comunicado que exhibieron exponen que el expediente no se encuentra completo porque no se cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que se indique la fecha a partir de la cual causó baja como trabajadora, que tal documento es indispensable para dar trámite a su solicitud. Asimismo, se aprecia, que ante la ausencia de ese documento de "baja" indican que no es posible continuar con el trámite de la pensión porque no se cumplen los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 22 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto1, sin embargo, de las propias disposiciones legales que invocan se desprende que el documento que se menciona como faltante en el expediente de la trabajadora (aviso de baja) no se trata de aquellos que la interesada se encuentra obligada a anexar a su solicitud en términos de lo que dispone el artículo 23 del aludido Reglamento, como son, 1) solicitud de pensión por escrito y 2) hoja de servicios. Lo que lleva a concluir que el fallo protector no se encuentra cumplido. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXVIII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 160, de contenido y rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. ES FUNDADA CUANDO LAS RESPONSABLES, OBLIGADAS A CONTESTAR LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SE CONCRETAN A EMITIR ACUERDOS QUE EN VEZ DE RESOLVER CONGRUENTEMENTE LA PETICIÓN, SÓLO TIENDEN A DIFERIR LA RESOLUCIÓN. El cumplimiento de una ejecutoria de amparo en la que se declaró transgredido el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las autoridades responsables demuestren que dictaron el acuerdo o resolución que corresponda y que lo notificaron al quejoso; esta contestación debe atender de manera completa y coherente a lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo planteado, por lo que si en vez de ello se limitan a emitir acuerdos de remisión o trámite que sólo tienden a diferir injustificadamente la solución de lo pedido, como cuando manifiestan que ya pronto se resolverá, que se está estudiando el asunto u otros acuerdos retardatorios similares, el Juez de Distrito no debe tener por cumplida la ejecutoria; en cambio debe exigir su acatamiento y remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución, relativos a la separación del cargo del funcionario contumaz y de su consignación ante un Juez de Distrito". Por tanto, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen el cumplimiento dado al fallo protector, esto es: 1. Lleven a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa. 2. Den respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo. 3. Le den a conocer la contestación respectiva. Asimismo, deberán remitir copia certificada, completa y legible de las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el siete de abril dos mil veintiuno, se recibió en el correo electrónico institucional el oficio 2107/2021 de seis de abril de dos mil veintiuno, con asunto "Se rinde informe justificado" remitido por la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se otorga a dichas constancias pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene a la autoridad oficiante, con vista a las partes, rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Amelia Silva Falcón, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Decimoprimero de lo Civil, Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de lo Civil, todas con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La ejecución de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio civil del juez responsable, consistente en la ORDEN DE DESALOJO O LANZAMIENTO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE ENTREGA REAL MATERIAL Y JURÍDICA a la parte tercero interesada, respecto del bien inmueble identificado como UNIDAD U64, MODULO: CONDOMINIO: HACIENDA ACUEDUCTO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 3, DE LA MANZANA 213 DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA ACUEDUCTO, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; respectivamente y sus construcciones en él existentes y por ende sus consecuencias jurídicas de hecho y de derecho que es un acto de imposible reparación al privárseme del derecho de posesión derivado del contrato de arrendamiento y sus consecuencias jurídicas de hecho y derecho. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: Reclamo la orden de ejecución o lanzamiento, y como consecuencia de ello de la diligencia de desalojo decretada en el Juicio de donde emana el acto reclamado, mediante la cual se ordena la privación de la posesión real, material y jurídica respecto del bien inmueble identificado UNIDAD U64, MODULO: CONDOMINIO: HACIENDA ACUEDUCTO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 3, DE LA MANZANA 213 DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA ACUEDUCTO, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA." Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: ''...para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se concretice en mi perjuicio la orden de desalojo o lanzamiento, en relación al inmueble que habito con motivo del contrato de arrendamiento que adjunto al presente libelo constitucional con el cual se acredita el interés suspensional y, por ende, posibilita la concesión de la mediada en cita..." Segundo. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La orden de desposesión y su ejecución respecto del bien inmueble identificado como unidad U64, modulo: condominio: Hacienda Acueducto 2, construido sobre el lote 3, de la manzana 213 del fraccionamiento Hacienda Acueducto, en esta ciudad. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil, así como Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de lo Civil, todas con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe previo, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Luego, no obstante la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, omitió rendir el informe previo que se le solicitó, la presunción de certeza de la orden de lanzamiento reclamada, se encuentra desvirtuada, ya que en el particular, dicha autoridad le reviste el carácter de ejecutora, de lo que se colige que, si la autoridad jurisdiccional ordenadora Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, negó categóricamente los actos reclamados, el mencionado Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, no puede ejecutar una orden de lanzamiento cuya existencia fue negada por la autoridad ordenadora; de ahí, que la negativa de los actos reclamados alcance también a dicha autoridad. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Amelia Silva Falcón, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

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