Amelia Romano Jafif
Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2022
Partes del expediente
- Amelia Romano Jafif
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y dado que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN". DESTINO DEL JUICIO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción 1, inciso b), del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó y se negó el amparo solicitado de la justicia y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado Acuerdo General; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 21, párrafo primero, del referido Acuerdo. CUADERNOS INCIDENTALES Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese; y, por personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se desprende que en auto de ocho de septiembre del año en curso, se ordenó que una vez que el presente expediente se encontrara debidamente integrado y se contara con las constancias de notificación respectivas, se proveería lo conducente al turno del expediente en que se actúa para que se dicte la resolución correspondiente; en consecuencia, toda vez que ello ya aconteció; túrnese el presente juicio de amparo para su resolución. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente relativo al amparo en revisión 297/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el que obra copia certificada de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente auxiliar 180/2018 de su índice. Acúsese recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el Tribunal Auxiliar que determinó: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica de ese órgano desconcentrado. SEGUNDO. No son materia del recurso y, por tanto, quedan intocados el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto de la resolución recurrida respecto de los actos reclamados consistentes en el refrendo y la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, particularmente los artículos 28, fracciones III y IV, 42, fracción IX y 53-B, así como respecto de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7., I.2.8.8. y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el citado medio de difusión oficial el cuatro de julio de dos mil catorce, que se atribuyen al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Así como la negativa de amparo respecto del artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, contenida en el considerando séptimo, reflejada en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida. TERCERO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a xxxxx respecto de los artículos 17-K, 28, fracción IV, 42, fracción IX, 53-B y 134, fracciones I y III, del Código Fiscal de la Federación, 61 y 62 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, las reglas 2.2.6., 2.8.1.4., 2.8.1.5., 2.8.1.9. y Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, así como el resolutivo primero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, en la parte relativa a la reforma del primer párrafo de la regla 2.8.1.5. QUINTO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a xxxxx, contra el artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para los efectos precisados en el décimo considerando, inciso B, de esta ejecutoria. (.) De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones respectivas y hágase del conocimiento a las partes. De igual manera, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Por otra parte, debido a que el Tribunal Colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cual se encuentra glosada en el toca relativo al Amparo en revisión administrativa 297/2017, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, a efecto de atender lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado en la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de dieciséis de junio de dos mil veintidós en el cuaderno auxiliar 180/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión 297/2017, resulta necesario precisar lo siguiente: El citado Tribunal Colegiado en la ejecutoria que nos ocupa, en el considerando décimo, modifico la sentencia recurrida y precisó los efectos de la concesión del amparo y protección respecto de la moral quejosa xxxxx; en el cual señala lo siguiente: "(.) DÉCIMO. MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA. En esas condiciones, ante lo parcialmente fundado de los agravios examinados, procede modificar la sentencia en los siguientes términos: (..) B. Conceder el amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En esa tesitura, la concesión del amparo será en apego a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, para los efectos siguientes: En caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica en su contra durante la vigencia del referido numeral y la quejosa no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la pre liquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: xxxxx SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria enviado por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. xxxxx Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 180/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, derivado del amparo en revisión amparo en revisión 297/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en la que se hace constar que feneció el plazo de tres días a que se refiere el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo concedido a la parte quejosa, en auto de dieciocho de mayo del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del oficio remitido por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; sin que haya realizado manifestación alguna, por lo que al respecto, se provee: En ese sentido, conviene destacar que del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que en el resolutivo primero de la misma, modificó la sentencia recurrida y en el considerando cuarto de la ejecutoria de mérito el Pleno del Tribunal Colegiado, determinó: "[.] CUARTO. Delimitación de la materia de la revisión. Deben permanecer intocados los considerandos Séptimo (causas de improcedencia infundadas) y Décimo Tercero (revisión electrónica) de la sentencia recurrida. En el primero de éstos se desestimaron las causales de improcedencia formuladas por las autoridades responsables, mientras que en el segundo, se determinó otorgar el amparo a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, al estimar que contravenía el derecho de audiencia, ya que la 'preliquidación' a que alude solamente constituye una propuesta de pago, que no debe hacerse exigible mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. Ello es así, debido a que la parte a quien dicha determinación pudiera afectar, que lo es la autoridad responsable, no es quien interpuso el presente recurso de revisión. Al respecto, es aplicable la tesis VI.1o.P.31 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, y es del tenor siguiente: "REVISIÓN. DEBE QUEDAR INTOCADA LA PARTE DE LA RESOLUCIÓN, CUANDO NO ES IMPUGNADA POR QUIEN PUDIERA PERJUDICARLE. (La transcribe). Por otra parte, deben declararse firmes los considerandos Cuarto (sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados), Sexto (causales de improcedencia fundadas), Noveno (análisis de conceptos de violación relacionados con violaciones formales), Décimo (estudio de planteamientos sobre inconstitucionalidad del "Buzón tributario") y Décimo Segundo (estudio de manifestaciones relacionadas con la facultad de comprobación y procedimiento de fiscalización inherentes a la "Revisión electrónica"); ya que la parte recurrente no formula algún planteamiento tendente a controvertir tales aspectos del fallo recurrido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 7/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUITVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. (La transcribe". Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que este órgano jurisdiccional y en concreto la sentencia dictada en el sumario constitucional en que se actúa, en la cual este juzgado federal resolvió que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, en la que en los puntos resolutivos se determinó lo siguiente: En el resolutivo primero se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades que en el mismo se precisan; en el segundo resolutivo la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, en relación con los actos que ahí se indican; y, en el tercer resolutivo, se determinó lo siguiente: "[.] TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. NOTIFÍQUESE, EN TÉRMINOS DE LEY. [.]." Por lo que en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En acatamiento a la sentencia de amparo la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, remitió el oficio 600-04-05-02-00- 2021-03853, con el cual en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado por la citada autoridad responsable, en el cual, esencialmente señala: "[.] [.] En ese sentido, se informa por lo que respecta a los efectos de la concesión de amparo relativos al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación publicado el 09 de diciembre de 2013 así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, que impide a la autoridad hacer efectivo el monto de la preliquidación que hubiere derivado del procedimiento de revisión electrónica iniciado a la quejosa, en caso de que no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, esto es, deberán declararse insubsistentes, en ese supuesto, los actos de cobro se informa que, no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas Fundación Nutec-Euro, A.C., Centro de Estudios Fiscales Administrativos y Contables, S.C., Residencial Balvanera, S.A. de C.V., Nueva Tecnología en Alimentos, S.A. de C.V., Infinity Glass Internacional, S.A. de C.V., Balvanera Polo y Country Club, S.A. de C.V. y Nihon Magnesio, S.A. de C.V., por lo que no existe acto de cobro que dejar insubsistente. [.].". De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA." CUMPLIMIENTO SIN MATERIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En ese sentido, al advertirse que las sociedades quejosas fueron omisas en realizar manifestación al respecto, no obstante haber sido notificadas legalmente y dado que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria informó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de las quejosas *****, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes, con lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento del efecto precisado de la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que -se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "POSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la ley de la materia y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo que corresponde en relación con el archivo del presente asunto. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de junio de dos mil veintidós y por oficio a las autoridades responsables.
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