Amelia Ramírez Romero

Expediente 398/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
398/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Amelia Ramírez Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    A las nueve horas del once de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, EL AUTO de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 398/2015-única; a la QUEJOSA AMELIA RAMÍREZ ROMERO; en cumplimiento al auto de siete de agosto de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 3827 (fojas 121), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa no haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, en lo que interesa al Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora, tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. [.]" Ahora bien, mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintitrés de febrero del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando obligada la autoridad responsable Juez Tercero Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, a cumplir de la siguiente forma: "[.] Deje sin efectos la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince, librada en la causa penal 255/2015; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de topografía de doce de diciembre de dos mil catorce, emitido por Francisco Rodríguez Sánchez, perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 3827 (fojas 121 a 146), el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso y de la resolución de la orden de aprehensión de la propia fecha, pronunciados en la causa penal 255/2015 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de febrero del presente año (foja 121), dictado dentro de la causa penal 255/2015 de su índice, dejó insubsistente la resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil quince, mediante la cual libró orden de aprehensión a la indiciada Amelia Ramírez Romero, y en esa misma fecha, resolvió girar orden de aprehensión en contra de la indiciada Amelia Ramírez Romero, por el delito de despojo de cosas inmuebles. Dicho en forma breve, del análisis realizado a la orden de aprehensión emitida el veinticuatro de febrero del año en curso, se evidencia que el a quo responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita la comisión del delito de despojo de cosas inmuebles, es decir, analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la tipicidad con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas- a tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se le atribuyó a la impetrante de amparo, purgando el vicio formal detectado en la ejecutoria de amparo, debido a que la autoridad responsable precisó de manera detallada los medios de convicción que sirvieron de base para tener por acreditados cada uno de los elementos del tipo penal y su probable responsabilidad en la comisión del mismo, al otorgarles valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no le concedió valor probatorio al dictamen en materia de topografía con número de oficio JZE/5046/IC2/2014 de doce de diciembre de dos mil catorce, elaborado por Francisco Rodríguez Sánchez, basándose para ello en el artículo 222 del Código Adjetivo Penal, al no haber sido ratificado por quien lo elaboró. A mayor abundamiento, del dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- tuvo por acreditado los elementos del tipo penal motivo de análisis en la sentencia de amparo, y libró orden de aprehensión en contra de la ahora quejosa, dentro de la causa penal 255/2015 de su índice. Pues si bien es cierto se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, acertadamente emitió en cumplimiento a dicha determinación un acto con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, pues dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin excesos ni defectos, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    LA PARTE TERCERO INTERESADA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA: FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO DE MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ GARCÍA, publicada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 3827 (fojas 121), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa no haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, en lo que interesa al Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora, tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. [.]" Ahora bien, mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintitrés de febrero del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando obligada la autoridad responsable Juez Tercero Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, a cumplir de la siguiente forma: "[.] Deje sin efectos la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince, librada en la causa penal 255/2015; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de topografía de doce de diciembre de dos mil catorce, emitido por Francisco Rodríguez Sánchez, perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 3827 (fojas 121 a 146), el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso y de la resolución de la orden de aprehensión de la propia fecha, pronunciados en la causa penal 255/2015 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de febrero del presente año (foja 121), dictado dentro de la causa penal 255/2015 de su índice, dejó insubsistente la resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil quince, mediante la cual libró orden de aprehensión a la indiciada Amelia Ramírez Romero, y en esa misma fecha, resolvió girar orden de aprehensión en contra de la indiciada Amelia Ramírez Romero, por el delito de despojo de cosas inmuebles. Dicho en forma breve, del análisis realizado a la orden de aprehensión emitida el veinticuatro de febrero del año en curso, se evidencia que el a quo responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita la comisión del delito de despojo de cosas inmuebles, es decir, analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la tipicidad con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas- a tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se le atribuyó a la impetrante de amparo, purgando el vicio formal detectado en la ejecutoria de amparo, debido a que la autoridad responsable precisó de manera detallada los medios de convicción que sirvieron de base para tener por acreditados cada uno de los elementos del tipo penal y su probable responsabilidad en la comisión del mismo, al otorgarles valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no le concedió valor probatorio al dictamen en materia de topografía con número de oficio JZE/5046/IC2/2014 de doce de diciembre de dos mil catorce, elaborado por Francisco Rodríguez Sánchez, basándose para ello en el artículo 222 del Código Adjetivo Penal, al no haber sido ratificado por quien lo elaboró. A mayor abundamiento, del dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- tuvo por acreditado los elementos del tipo penal motivo de análisis en la sentencia de amparo, y libró orden de aprehensión en contra de la ahora quejosa, dentro de la causa penal 255/2015 de su índice. Pues si bien es cierto se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, acertadamente emitió en cumplimiento a dicha determinación un acto con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, pues dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin excesos ni defectos, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo."

  4. Principal

    Siendo las nueve horas del dos de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, EL AUTO de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 398/2015-única; a la QUEJOSA AMELIA RAMÍREZ ROMERO; en cumplimiento al auto de siete de agosto de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad con anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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