Amelia López Carbajal

Expediente 1182/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1182/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Amelia López Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ************************, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1182/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual la que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Sentado lo anterior, es de precisar que la peticionaria del amparo reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad capital, lo siguiente (foja 2): "V. ACTO RECLAMADO: OMISIONES DE PLAZOS, TÉRMINOS Y DILACIONES PROCESALES EN EL JUICIO NATURAL, CONSISTENTE EN LA INDEBIDA FECHA SEÑALADA PARA DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL DE LA PARTE DEMANDADA, (NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, AGREGANDO QUE QUIERO SUPONER QUE EL AÑO PLASMADO QUE QUERÍAN PONER ERA PARA EL DOS MIL DIECISIETE YA QUE FECHA ANTES PLASMADA YA PASO) YA QUE SE EXCEDE EN DEMASÍA DE TIEMPO A LO MANDATADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SUS ARTÍCULOS 776, 880, 883, 884, FRACCIÓN II." En ese orden, debe indicarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a las garantías individuales; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. No obstante a ello, debe tenerse presente que en el caso concreto no se está en presencia de actos de ejecución de imposible reparación, dado que la aquí quejosa aduce que la autoridad laboral viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la responsable señaló como fecha para la audiencia testimonial el veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, fecha que por error fue plasmada con ese año, siendo la fecha correcta el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en el juicio 401/2014, en el que la aquí peticionaria es actora; sin embargo, ello no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta dentro del juicio laboral en que la quejosa es parte, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo en que se actúa. Aunado a lo anterior, en relación al argumento de la quejosa en el sentido de que supone que la fecha fijada para la celebración de la audiencia testimonial por la autoridad responsable (veinticuatro de enero de dos mil dieciséis) en el juicio laboral de origen, se trata de un error en el año ya que ésta ya pasó siendo lo correcto (veinticuatro de enero de dos mil diecisiete) fecha que dice excede en demasía lo mandatado en la Ley Federal del Trabajo; resulta inconcuso, que con un simple escrito presentado ante la responsable el quejoso puede aclarar dicha circunstancia, la cual en nada se trata de un acto de imposible reparación. De ese modo, es de advertir que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Además, de una consulta efectuada en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal, en la sección de estadística judicial, página http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm se aprecian los indicadores de productividad respecto de la duración en días de los juicios de amparo indirecto en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, del año dos mil quince (aún no hay información sobre el año dos mil dieciséis), que corresponden a ciento trece punto cincuenta y siete días, transcurridos desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia; esto es más de tres meses tarda un asunto para su total resolución, ya que se requiere emplazar a juicio al tercero interesado, aun teniendo su domicilio en esta ciudad y del informe justificado que debe rendir la autoridad responsable; dar vista a las partes con el mismo y transcurrir el término para ello, por lo que en el caso concreto de admitir la demanda, al momento de estar en condiciones de dictar la sentencia de amparo correspondiente, la fecha que señaló la junta local para desahogar la prueba testimonial, en el juicio 401/2014, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, ya no sería lejana, y para cuando la sentencia de amparo cause ejecutoria, es factible que ya haya transcurrido o bien que ya este próxima a desahogarse esa prueba; máxime si se tiene en cuenta el segundo periodo vacacional que tendrá la propia responsable. Por ende, también se considera que se surte la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 77 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: En efecto ningún fin práctico tendría, en su caso, la tramitación del juicio de amparo, dado que como se precisó con antelación la parte quejosa reclama la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial (veinticuatro de enero de dos mil diecisiete) en el juicio laboral 401/2016, en relación a que el órgano laboral señaló el veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, asentado ese año por error, siendo el correcto el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia del desahogo de la prueba testimonial, en el juicio laboral de origen. Ello, si tenemos en consideración el señalamiento de la fecha precisada para desahogar la prueba testimonial (veinticuatro de enero de dos mil diecisiete) y la fecha en que se presenta la demanda de amparo, es inconcuso que en caso de admitirse a trámite el amparo solicitado, sería jurídicamente imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía vulnerada dado que, como se expuso derivado de la experiencia de este Juzgado Federal, resulta un hecho notorio que el trámite en promedio de un juicio de amparo es de tres meses, por lo que resulta inconcuso que, de admitirse a trámite el juicio de amparo, la conclusión del mismo llevaría tres meses, tiempo que daría paso a la fecha fijada para el desahogo de la prueba testimonial. No debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En las condiciones apuntadas, lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.

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