Amelia Lizarraga Ruiz
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2022
Partes del expediente
- Amelia Lizarraga Ruiz
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Consentimiento. De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a las partes para inconformarse con la determinación a través de la cual se declaró cumplido el fallo protector, sin que realizaran manifestación al respecto. II. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. VI. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedido por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, a efecto de desahogar la vista respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronunciará respecto al cumplimiento aludido, con base en lo siguiente: De ahí que si la parte quejosa considera que fue erróneo que la responsable se negara a señalar fecha para la aludida diligencia en virtud de que el solo el hecho de que se presentó planilla de liquidación no suspende la ejecución de laudo, ello debe ser materia de un nuevo juicio de amparo. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, remita copias certificadas de la constancias que guardan relación con el acto que se le reclama; lo anterior, pues resultan necesarios para resolver el presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
CITATORIO PRICIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL DICE I. Parte quejosa cumple requerimiento. Téngase por recibido el escrito y anexos presentados vía electrónica por *, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de febrero de dos mil veintidós y al efecto adjunta los certificados de vacunación de los que se aprecia que fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARSCoV-2 a los menores quejosos R.T.B. y N.T.B.; documentales digitalizadas respecto de las cuales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que coinciden fielmente con sus originales, colmando así la exigencia legal prevista en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."1 Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que, en representación de los menores de edad R.T.B. y N.T.B., promovió juicio de amparo contra el acto reclamado al: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Salud del Estado de Jalisco; Director General de Salud Pública de Jalisco; Encargado del Despacho de la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica; Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco. Acto reclamado consistente, en síntesis, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplique en favor de los citados menores de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, se les aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Luego, del análisis practicado a las constancias digitalizadas adjuntas al ocurso que se provee, consistentes en los certificados de vacunación, de los que se aprecia que fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARSCoV-2 a los menores quejosos R.T.B. y N.T.B.; documentales digitalizadas respecto de las cuales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que coinciden fielmente con sus originales, colmando así la exigencia legal prevista en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a los citados menores quejosos, así como que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dichos menores de edad. Entonces, de lo narrado se aprecia que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza negativa. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, los promoventes de amparo acuden a la instancia constitucional combatiendo el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Salud del Estado de Jalisco; Director General de Salud Pública de Jalisco; Encargado del Despacho de la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica; Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco, consistente, en síntesis, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplique en favor de los citados menores de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, se les aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Sin embargo, de las documentales digitalizadas exhibidas por la parte quejosa, descritas con anterioridad, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a los citados menores quejosos, así como que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dichos menores de edad. Por tanto, al haberse aplicado tanto la primera como la segunda dosis, a los menores quejosos, de la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija En razón de lo anterior, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."2 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."3 Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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