Amelia Greco Micha
Expediente 243/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Amelia Greco Micha
- Arely Vázquez Caustrita
- Arturo Colín Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto 1336/2021-VIII.. archívese este recurso como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno... se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Amparo en revisión
I. SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. II. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.
- Amparo en revisión
Vista que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós a la parte recurrente para que manifestara que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte recurrente, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Pronunciamiento. En la especie, no se procederá al análisis de fondo de los agravios y tampoco de la sentencia recurrida, porque, por las razones que se expondrán en la presente ejecutoria, se procederá a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en el cual se actúa. Justamente, este Tribunal colegiado advierte, "de oficio", la actualización de una causal de improcedencia, del correspondiente juicio de amparo indirecto de origen; la cual medularmente se hace consistir: en que los actos reclamados carecen de efectos que sean de ejecución de imposible reparación. Por tanto, y como lo evidencian las actuaciones remitidas por la autoridad responsable ordenadora -como anexo a su informe justificado, con pleno valor probatorio, en términos de los citados numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°-; deberá decretarse el sobreseimiento al que se hizo alusión, precisamente en atención a que los actos reclamados no afecta materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque incluso en el supuesto de que se aceptara que aquellos actos reclamados causan algún tipo de afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa-recurrente, ésta sólo sería de índole adjetivo. Antes de proseguir, se estima necesario hacer una breve acotación, en el sentido de que no es obstáculo a la conclusión alcanzada, que, en la sentencia recurrida, específicamente en su considerando "CUARTO.", el juez de Distrito hubiese determinado que no advirtió de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto de origen y que las partes tampoco las habían hecho valer; esto, porque -como se adelantó- en el caso concreto se actualiza oficiosamente la causal de improcedencia que se ha invocado, y por ello podrá decretarse el sobreseimiento en aquél. Sirve de apoyo a lo precedente, tanto lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, como el contenido de la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.". Ahora bien, y en razón además a lo que se ha expuesto, se resuelve que una autoridad de amparo revisora se encuentra facultada e incluso está compelida a emprender el estudio de oficio de las causas de improcedencia; dado que, como una regla general, existe el principio general de derecho relativo a que el estudio de la procedencia de la acción constitucional es de orden público. Entonces, su análisis y resolución podrá efectuarse, conforme a esa regla general, sin importar que las partes aleguen o no las correspondientes causales, y también en cualquier instancia, en que el juicio de amparo de que se trate se encuentre. Sólo a título de corolario, de lo anterior, cabe al respecto destacarse que el citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado -en la parte que interesa- distintas reglas que se tienen que observar para resolver un recurso de revisión, entre las cuales están, de una manera enunciativa y no limitativa, la de estudiar la causa o causas de improcedencia expuestas por el juez de Distrito y, de estimar infundada su decisión, y para el caso de ser procedente, confirmar el sobreseimiento, en la hipótesis que apareciere probado otro motivo o causa legal diversa a la invocada. De igual forma, que el referido Órgano Supremo de interpretación constitucional concluyó -en lo conducente- que, a pesar de que el juzgador hubiera tenido por desestimada alguna causal de improcedencia, sea de oficio, o a través de una expresa argumentación, bien puede abordarse su estudio bajo un diverso motivo, ya que no existiría pronunciamiento que pudiera tenerse firme. Por tanto, y con la finalidad de justificar la adelantada determinación de sobreseimiento, decretado oficiosamente, en la especie se considera indispensable hacer una sintetizada narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, de la manera siguiente: 1. Ante el Juzgado Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, se están tramitando -entre otros- dos procedimientos: - El primero de ellos, tramitado en la vía de controversia de violencia familiar, promovido por AMELIA GREGO MICHA contra ALFREDO METTA JAFIF, admitido mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, identificado con el número de expediente 247/2019; procedimiento en el que se emitieron los actos reclamados. - El segundo, correspondiente a un divorcio incausado, promovido por ALFREDO METTA JAFIF contra AMELIA GREGO MICHA; identificado con el número de expediente 395/2019. 2. En el procedimiento 247/2019, origen de los actos reclamados, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia inicial, en la cual se depuró el juicio y - entre otros aspectos- se proveyó la admisión de pruebas, entre las que se destacan las ofertadas por AMELIA GREGO MICHA, consistentes en las pruebas periciales en las materias de psiquiatría, de psicología, así como de reproducción de audio y video, las cuales admitió el Juez Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, pero con el apercibimiento, a la mencionada oferente (que es la aquí parte quejosa- recurrente), que, de no presentarse sus expertos, dentro del plazo legal de dos días, a aceptar y protestar el cargo, así como ha señalar la fecha para su desahogo; se dejarían de recibir. 3. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el juez familiar natural, dentro del mencionado expediente 247/2019, de su índice, dictó dos proveídos: - El primero de ellos, en el que, ante solicitud expresa de ALFREDO METTA JAFIF, se acordó: ".con fundamento en los artículos 1.153 y 5.38, fracción II, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, se tiene por perdido el derecho de los peritos designados por su contraria, para aceptar y protestar, el cargo dentro del plazo, que se les otorgó en audiencia inicial. - - - Notifíquese.". - El segundo, en el cual, ante diversa petición, ahora de AMELIA GREGO MICHA, esencialmente consistente en que se acordara, dentro del expediente natural, un desglose del ocurso de sus peritos, dirigidos para el diverso (expediente 395/2019), se determinó lo siguiente: ".con fundamento en los artículos 1.134, 1.135, 1.136 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el presente expediente y el diverso 395/2019 no están acumulados, y los escritos que presentaron sus peritos fueron dirigidos al diverso 395/2019, relativo al divorcio incausado, sin que sea aplicable la jurisprudencia que cita, porque los datos de identificación sí corresponden a las partes y al tipo de juicio, y su bien menciona que las partes tienen diversas controversias en este juzgado, tales escritos no podrían identificarse como de otro expediente diferente al que se dirigieron, porque contienen todos los datos de identificación y hay congruencia entre ellos. - - - Notifíquese.". 4. A través de sendos recursos de revocación, AMELIA GREGO MICHA impugnó los anteriores proveídos, y estos medios de defensa fueron resueltos por medio de los "dos" actos que, en el juicio de amparo indirecto de origen, constituyen los reclamados, mismos que concluyeron "ambos" confirmando los respectivos autos combatidos. Procedimiento familiar en el que, según se advierte de las constancias del expediente electrónico vinculado al presente toca, aún no se emite sentencia, y por ende, conforme se ha expuesto, los actos reclamados no deben considerarse, dentro de juicio, como de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de este ordenamiento que rige la materia, y además, como se dijo, aun en el caso de que se le cause afectación a la aquí inconforme, ésta sería de índole o naturaleza adjetiva. Ciertamente, de dicha fracción V del numeral 107 del ordenamiento en cita se desprende -en lo conducente- que para que los actos que se reclamen sean considerados de imposible reparación se requiere: a. Que afecten materialmente derechos; y, b. Que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Consecuentemente, las determinaciones en que se dirimieron sendos recursos de revocación, interpuestos: El primero hecho valer contra la determinación de tener por perdido el derecho de los peritos de la entonces actora, aquí quejosa, dentro de la controversia de violencia familiar, identificado con el número de expediente 247/2019, y El segundo, contra la decisión de no desglosar el ocurso de aquellos expertos, en el que los mismos aceptaban y protestaban su encargo, el cual presentado en un diverso expediente identificado con el número de expediente 395/2019, no son de naturaleza irreparable, pues de suyo carecen, dentro del juicio natural, de una "afectación material", actual e inminente, necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esto, en principio, porque en el mencionado procedimiento de origen todavía no se emite sentencia, razón por la cual es de resolverse y se resuelve que aquéllos sólo tienen efectos procesales. Además, en el caso de que la sentencia definitiva - que se pronuncie en la controversia de violencia familiar de origen- le sea desfavorable, la ahora inconforme se encontrará en aptitud de reclamarla, de ser el caso, en el correspondiente momento procesal oportuno. En esta tesitura, debe revocarse la sentencia recurrida. Lo anterior, porque las actuaciones de la controversia de origen correspondiente revelan que los actos reclamados sólo deparan consecuencias dentro del relativo procedimiento familiar natural, y por lo mismo, también se reitera que, aun de aceptarse la actualización de afectación alguna con motivo de aquéllos, ésta no trasciende aún en la persona o bienes de la justiciable (quejosa-recurrente), más allá de lo meramente adjetivo, que, en su caso, sería lo indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Entonces, de lo que se ha expuesto se deriva la actualización oficiosa de la causal de improcedencia invocada, porque los actos reclamados no recaen sobre derechos que rebasen lo puramente procesal, máxime que el legislador dispuso, en el ordenamiento en vigor que rige a la materia, que para la promoción de los juicios de amparo indirecto se requiere, que se incoe contra actos de imposible reparación dictados dentro del procedimiento, es decir: 1). La exigencia de que se trate de los ".que afecten materialmente derechos.". Lo cual equivale a situar el asunto en las hipótesis en los que el acto autoritario impida el libre ejercicio de alguno de aquéllos, en forma presente; o, en su caso, que son de una naturaleza o carácter anterior al dictado del fallo definitivo, que en este caso en particular no se ha pronunciado; y, 2). Que precisamente aquellos "derechos" se vean materialmente afectados. Lo que tampoco es el caso, debido a que a esos "derechos" les debe revestir la categoría de ser "sustantivos"; y, que con motivo del litigio no se afectan de manera irreparable; atendiendo a que esta última se erige como una expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, debido a que la afectación no es actual -a diferencia de dichos derechos sustantivos-. Sobre todo, que la referida transgresión relativa dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio (controversia de violencia familiar de origen), dado que, en este caso, sería el momento en el que sus secuelas puedan consumarse de una forma efectiva. A partir de estas razones es que se puntualizan las conclusiones siguientes: i. A que las violaciones dentro de los procedimientos del orden común, cuando no son actuales y afectan materialmente derechos sustantivos, serán consideradas adjetivas, y por lo mismo, ii. A que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, puesto que no se impide el libre ejercicio de algún derecho. Ilustra lo anterior, el contenido de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la especie aplicable por analogía, que es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". La jurisprudencia se considera aplicable, como regla general, a los juicios de amparo indirecto civiles [lato sensu], con independencia de que aluda a la excepción de falta de personalidad opuesta en un procedimiento laboral, debido a que la disposición legal que en ella se interpreta corresponde a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que regula el juicio de amparo en general, incluso al margen de la materia de que se trate o en que se promueva aquél. Efectivamente, si el punto que dilucida dicho criterio obligatorio lo es la procedencia del juicio de amparo indirecto [lato sensu], relacionado con los actos de imposible reparación, lo determinado en el mismo resulta aplicable, como una regla general, a todas las materias, como en el caso concreto lo es una controversia del orden familiar en la que encuentran su origen los actos reclamados, y en la cual no se ha emitido sentencia. Así, y para corroborar que la jurisprudencia que ahora se analiza es aplicable, como regla general, en el juicio de amparo indirecto, sea que se trate de actos emitidos en juicio o en procedimientos seguidos en forma, conviene transcribir la parte central de la ejecutoria que le dio lugar, la cual, en la parte que interesa es del tenor: "(.). De lo hasta aquí expuesto, se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas Épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... [.]. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... [.]. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ... [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (.)". [Lo resaltado y subrayado es propio de este tribunal colegiado resolutor]. Así, a manera de corolario, en la especie es de concluirse que los actos reclamados sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, porque se esta confirmando, por un lado, la decisión original de que la entonces actora (aquí inconforme), dentro del juicio natural, perdió el derecho de presentar a sus peritos en las específicas materias que lo solicitó, y por el otro, a que no procedía desincorporar de un diverso, la aceptación y protesta del encargo, equivocadamente allegados al divorcio incausado, promovido por ALFREDO METTA JAFIF contra AMELIA GREGO MICHA; identificado con el número de expediente 395/2019. Lo anterior, se insiste a la vez, debido a que en la controversia de origen aún no se dicta sentencia definitiva, y por lo mismo sus consecuencias podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a derechos sustantivos. Además, en caso de que se llegare a pronunciar en el procedimiento de origen (controversia familiar natural) aquella sentencia, podría no serle desfavorable (es decir, acorde a sus pretensiones) y, para el caso contrario, la quejosa-recurrente se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; asimismo, de ser necesario promover un juicio de amparo directo, en que se planteen las correspondientes transgresiones adjetivas. Motivos por los que, en la especie y como se deriva de lo que hasta ahora se ha expuestos, nos encontramos ante actos -los reclamados- cuya ejecución no es de imposible reparación, para los efectos del amparo biinstancial, esto en forma contraria a lo que se exige en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aún más que no participan de la naturaleza necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que no genera consecuencias para la persona o bienes de la justiciable-inconforme que trasciendan a cuestiones diversas a las meramente procedimentales indicadas, lo que, se itera, implica que no son de imposible reparación. Ello sobre la base que la norma proporciona la mayor seguridad jurídica a que se hizo alusión, por cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, pues precisamente a través de una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, lo que, como también ya se dijo, implica que sus consecuencias tienen que ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Luego, son actos (los de imposible reparación) los que recaen sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate; es decir, que lesionen bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las normas adjetivas aplicables, lo que no es el caso, ya que, en lo medular, guardan relación con el hecho de que no se desahogaran unas pruebas periciales, dentro del juicio natural. Luego, a diferencia de los sustantivos, los procesales dependen de que llegue o no a trascender al desenlace procedimiento, que es el momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva, lo que a su vez se resuelve es lo que no sucede con motivo de los actos reclamados. Decisión. Con base en lo anterior, se concluye que, a diferencia de lo que estimó el A quo, en la especie no procedía el juicio de amparo indirecto de origen y, consecuentemente, y de acuerdo además con lo que se dispone en el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, se debe revocar el fallo impugnado y decretar el sobreseimiento en dicho procedimiento constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ésta aplicada contrario sensu, del invocado ordenamiento de la materia. Sin que lo precedente implique soslayar el ineludible deber de que sean respetados los derechos fundamentales, porque esta obligación jurisdiccional no exime a los gobernados de cumplir con los requisitos que prevén las disposiciones procedimentales aplicables, en relación con el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia de los correspondientes medios de impugnación. Al efecto son de invocarse, por el contenido que informan, las jurisprudencias 2a./J. 98/2014 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la cedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función"." En esas condiciones, resulta importante destacar que la fracción IV, del artículo 11, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, a la letra dice: "Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo siguiente: (.) IV. Si durante la discusión del asunto se advierte de oficio la posible actualización de una causal de sobreseimiento, el tribunal publicará en lista electrónica la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo respectivo para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada.". En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos que en derecho corresponda.
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