Amelia Godinez Lopez
Expediente 379/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Amelia Godinez Lopez
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. **** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 379/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La negativa de proporcionarle hoja única de servicios. Formalidades que debe cumplir la demanda de amparo. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar- y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. Naturaleza de los actos combatidos y finalidad del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante, el legislador previó la situación en que estos formalismos podían ser menos estrictos o más flexibles en atención al tipo de actos que se reclamen en la demanda de amparo. Así, en aquellos casos en que estuvieran en juego la integridad física o libertad del quejoso, se prescindió de algunos elementos formales para la promoción del juicio constitucional. La finalidad de esto es para hacer del juicio de amparo un recurso judicial efectivo para hacer frente al acto reclamado, ya que si se estuviera a expensas de presentar la demanda de manera ordinaria -esto es, con la totalidad de formalismos necesarios para su promoción- se retrasaría la impartición de justicia, ya sea por errores, falta de copias, imprecisiones. Situaciones que harían nugatorio el fin de esta modalidad del juicio, puesto que lo primordial es que cesen, a toda costa, este tipo de actos que vulneran gravemente la integridad, libertad y dignidad de las personas. Por tal motivo, el legislador previó, en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Y, con el objeto de hacer esta modalidad del amparo más accesible y fácil de tramitar, también estipuló, en los ordinales 3 y 109 de la ley en la materia, que serían menos los requisitos para su promoción; incluso, si se tramita de manera electrónica, es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). De ahí que, de una interpretación funcional de estos preceptos legales, se aprecia lo siguiente: Para la promoción del juicio de amparo, es necesario cumplir con los requisitos del normativo 108 de la Ley de Amparo; En caso de que el juicio constitucional se promueva por algún acto que enlista el numeral 15 de la ley en la materia, es factible la presentación de la demanda, siempre que se satisfagan los requisitos del diverso ordinal 109; y, Ante la necesidad apremiante de tramitar la demanda, si esta se presenta vía electrónica, para su envío es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). Actos reclamados en la demanda de cuenta; no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Hechas estas precisiones, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama lo siguiente: La negativa de proporcionarle hoja única de servicios. Como se vio, el multicitado ordinal 15 protege la libertad personal e integridad física de los quejosos directos cuando se ven imposibilitados para pedir amparo de manera personal. Lo que persigue este artículo es el llamado habeas corpus, ya que es necesario que se exhiba o ponga en presencia del juez de amparo al quejoso directo, con el objeto de velar porque se respeten sus derechos fundamentales con motivo de su detención y no se le practique tortura, malos tratos, incomunicación, deporte, expulse, proscriba, destierre, extradite o se le practique algún acto prohibido por el ordinal 22 constitucional o bien, cuando se pretenda incorporar forzosamente al quejoso al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Así, de un simple contraste, se aprecia que el acto reclamado no actualiza el supuesto normativo previsto en el precepto 15 de la Ley de Amparo; es decir, el acto combatido, de manera alguna atenta contra los derechos fundamentales que protege el referido numeral para hacer viable la promoción del juicio constitucional de manera más rápida y sin exceso de formalismos. Esto es así, ya que la negativa de proporcionarle hoja única de servicios reclamada no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, ya que la finalidad del legislador, como se dijo, era la de proporcionar a las personas las facilidades necesarias para promover el juicio de amparo a cualquier hora y sin tantos formalismos, con el objeto de mover la maquinaria judicial a brevedad posible y poner ante la presencia judicial al quejoso directo. Pensar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la finalidad del legislador y desnaturalizar la función protectora del juicio de amparo como un habeas corpus. Bajo esta premisa, es evidente que el acto que se reclama en esta instancia constitucional no encuadra en la hipótesis normativa del artículo 15 de la Ley de Amparo y, por ende, no le son aplicables las salvedades previstas en los diversos numerales 3 y 109 de la ley en la materia. Por tal motivo, es procedente analizar si la demanda satisface o no los requisitos que debe contener y que enuncia el precepto 108 del ordenamiento legal en cita. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Falta de firma autógrafa. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos descritos, se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Por su parte el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establece lo siguiente: ***** En ese orden de ideas, se debe entender entonces, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido primeramente a las diez horas con treinta y nueve minutos del cuatro de mayo del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y, posteriormente a las diez horas con cincuenta y seis minutos de la misma data el oficial de Partes la recibió y asentó que la misma carecía de firma autógrafa. En ese sentido, los documentos que se depositan en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones que no tengan el carácter de urgentes, son susceptibles de validez, ya que el personal adscrito a la Oficina no puede revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones hasta que dicho personal los revise. En consecuencia, si la persona juzgadora de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Bajo esta lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a «instancia de parte agraviada», entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer, por lo que no es jurídicamente factible que ante la ausencia de firma autógrafa de una demanda de amparo, la persona juzgadora proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de la quejosa de presentar la demanda. Lo anterior, ya que como se desprende del sello de recepción de cuatro de mayo pasado, el oficial de Partes asentó que carecía de firma autógrafa; por lo que, si en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una demanda dentro del juicio de amparo anotan en la razón que se presentó sin firma autógrafa de la promovente, es válido decretar su improcedencia sin que sea necesario requerir. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados.*** Se autoriza acceso al expediente electrónico. Instrucción a la Oficial Judicial «A». Correo electrónico para contacto. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 379/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La negativa de proporcionarle hoja única de servicios. Formalidades que debe cumplir la demanda de amparo. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar- y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. Naturaleza de los actos combatidos y finalidad del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante, el legislador previó la situación en que estos formalismos podían ser menos estrictos o más flexibles en atención al tipo de actos que se reclamen en la demanda de amparo. Así, en aquellos casos en que estuvieran en juego la integridad física o libertad del quejoso, se prescindió de algunos elementos formales para la promoción del juicio constitucional. La finalidad de esto es para hacer del juicio de amparo un recurso judicial efectivo para hacer frente al acto reclamado, ya que si se estuviera a expensas de presentar la demanda de manera ordinaria -esto es, con la totalidad de formalismos necesarios para su promoción- se retrasaría la impartición de justicia, ya sea por errores, falta de copias, imprecisiones. Situaciones que harían nugatorio el fin de esta modalidad del juicio, puesto que lo primordial es que cesen, a toda costa, este tipo de actos que vulneran gravemente la integridad, libertad y dignidad de las personas. Por tal motivo, el legislador previó, en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Y, con el objeto de hacer esta modalidad del amparo más accesible y fácil de tramitar, también estipuló, en los ordinales 3 y 109 de la ley en la materia, que serían menos los requisitos para su promoción; incluso, si se tramita de manera electrónica, es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). De ahí que, de una interpretación funcional de estos preceptos legales, se aprecia lo siguiente: Para la promoción del juicio de amparo, es necesario cumplir con los requisitos del normativo 108 de la Ley de Amparo; En caso de que el juicio constitucional se promueva por algún acto que enlista el numeral 15 de la ley en la materia, es factible la presentación de la demanda, siempre que se satisfagan los requisitos del diverso ordinal 109; y, Ante la necesidad apremiante de tramitar la demanda, si esta se presenta vía electrónica, para su envío es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). Actos reclamados en la demanda de cuenta; no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Hechas estas precisiones, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama lo siguiente: La negativa de proporcionarle hoja única de servicios. Como se vio, el multicitado ordinal 15 protege la libertad personal e integridad física de los quejosos directos cuando se ven imposibilitados para pedir amparo de manera personal. Lo que persigue este artículo es el llamado habeas corpus, ya que es necesario que se exhiba o ponga en presencia del juez de amparo al quejoso directo, con el objeto de velar porque se respeten sus derechos fundamentales con motivo de su detención y no se le practique tortura, malos tratos, incomunicación, deporte, expulse, proscriba, destierre, extradite o se le practique algún acto prohibido por el ordinal 22 constitucional o bien, cuando se pretenda incorporar forzosamente al quejoso al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Así, de un simple contraste, se aprecia que el acto reclamado no actualiza el supuesto normativo previsto en el precepto 15 de la Ley de Amparo; es decir, el acto combatido, de manera alguna atenta contra los derechos fundamentales que protege el referido numeral para hacer viable la promoción del juicio constitucional de manera más rápida y sin exceso de formalismos. Esto es así, ya que la negativa de proporcionarle hoja única de servicios reclamada no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, ya que la finalidad del legislador, como se dijo, era la de proporcionar a las personas las facilidades necesarias para promover el juicio de amparo a cualquier hora y sin tantos formalismos, con el objeto de mover la maquinaria judicial a brevedad posible y poner ante la presencia judicial al quejoso directo. Pensar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la finalidad del legislador y desnaturalizar la función protectora del juicio de amparo como un habeas corpus. Bajo esta premisa, es evidente que el acto que se reclama en esta instancia constitucional no encuadra en la hipótesis normativa del artículo 15 de la Ley de Amparo y, por ende, no le son aplicables las salvedades previstas en los diversos numerales 3 y 109 de la ley en la materia. Por tal motivo, es procedente analizar si la demanda satisface o no los requisitos que debe contener y que enuncia el precepto 108 del ordenamiento legal en cita. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Falta de firma autógrafa. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos descritos, se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Por su parte el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establece lo siguiente: ***** En ese orden de ideas, se debe entender entonces, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido primeramente a las diez horas con treinta y nueve minutos del cuatro de mayo del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y, posteriormente a las diez horas con cincuenta y seis minutos de la misma data el oficial de Partes la recibió y asentó que la misma carecía de firma autógrafa. En ese sentido, los documentos que se depositan en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones que no tengan el carácter de urgentes, son susceptibles de validez, ya que el personal adscrito a la Oficina no puede revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones hasta que dicho personal los revise. En consecuencia, si la persona juzgadora de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Bajo esta lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a «instancia de parte agraviada», entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer, por lo que no es jurídicamente factible que ante la ausencia de firma autógrafa de una demanda de amparo, la persona juzgadora proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de la quejosa de presentar la demanda. Lo anterior, ya que como se desprende del sello de recepción de cuatro de mayo pasado, el oficial de Partes asentó que carecía de firma autógrafa; por lo que, si en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una demanda dentro del juicio de amparo anotan en la razón que se presentó sin firma autógrafa de la promovente, es válido decretar su improcedencia sin que sea necesario requerir. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados.*** Se autoriza acceso al expediente electrónico. Instrucción a la Oficial Judicial «A». Correo electrónico para contacto. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.
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