Amelia Campos Álvarez
Expediente 1897/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2022
Partes del expediente
- Amelia Campos Álvarez
- Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco
Actuaciones
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1923/2021, promovido por Sara Angélica Ávila Vizcarra, por su propio derecho, contra actos del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya entonces secretaria en funciones de jueza dictó proveído el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que ordenó: registrarla bajo expediente 1923/2021; y, desecharla por notoriamente improcedente. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien al resolver el recurso de queja 371/2021, declaró fundado el medio de impugnación hecho valer. En cumplimiento a lo determinado por la Superioridad, el secretario encargado del despacho, dictó acuerdo el tres de enero de dos mil veintidós, en que ordenó: admitir la demanda de amparo que dio origen a este juicio; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó ampliación de demanda de amparo indirecto contra actos del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que se precisarán en el considerando correspondiente. Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda, y se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, hacer del conocimiento de las partes, fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos de autoridades distintas de las judiciales, cuya residencia se encuentra en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, ampliación de la misma y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: El oficio 133/2021, de dos de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que concluyó con: a.1) El acta de citatorio practicada el trece de julio de dos mil veintiuno, a las 10:15 horas, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019. a.2) El acta de emplazamiento practicada el catorce de julio de dos mil veintiuno, a las 09:30 horas, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019. El oficio 152/2021, de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que concluyó con: b.1) El acta circunstanciada practicada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, a las 14:45 horas, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019. El oficio 159/2021, de tres de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que concluyó con: c.1) El acta de citatorio practicada el tres de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019. c.2) El acta de emplazamiento practicada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, a las 18:00 horas, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Apoderado General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, negó la existencia de los actos que se les atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa al efectuar una lectura integral del informe de mérito, pues, se aprecia que en realidad niega la inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo que envuelve la afirmación de la existencia de los mismos, de ahí que se tenga como cierto de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. El Apoderado General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al rendir informe con justificación adujo que, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la notificación que se le realizó en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, a la parte quejosa, se practicó conforme a lo que dispone la ley aplicable; además, la Ley del Procedimiento Administrativo no es aplicable como lo sostiene la promovente del amparo. Al respecto, se desestima la causa de improcedencia que se invoca, toda vez que tiene relación con cuestiones que involucran el estudio de fondo del asunto. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, página: 5, cuyo rubro y texto establecen: QUINTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de la causal de improcedencia invocada, de oficio, al no advertirse que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, SEXTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación formulados a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados que se hicieron consistir en el oficio 133/2021, de dos de julio de dos mil veintiuno, que concluyó con la emisión de las actas de citatorio y emplazamiento practicadas el trece y catorce de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, son inoperantes. En ellos, en esencia, se dice que, las actas de citatorio y emplazamiento realizados a la parte quejosa, al expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, contravienen lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: No hubo cercioramiento de que el domicilio en que fue realizado, fuera el de la quejosa. No se levantó certificación o no se citaron los medios por los cuales se identificó a las personas con que se realizó la diligencia de emplazamiento, pues, no acreditó con documentos o testigos. Como se adelantó, los conceptos de violación antes sintetizados, son inoperantes, pues, si bien es cierto, el dos de julio de dos mil veintiuno, se emitió el oficio 133/2021, a efecto de emplazar a la aquí quejosa Sara Angélica Vizcarra, como presunta responsable de los hechos atribuidos en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, citatorio y emplazamiento llevados a cabo el trece y catorce de julio de dos mil veintiuno, respectivamente; también es verdad que, por audiencia de veintiocho de julio siguiente, entre otras cosas, la autoridad substanciadora del procedimiento, determinó que a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente del amparo, se ordenaba de nueva cuenta emplazarla al procedimiento, y en cumplimiento a ello, se llevó la diligencia respectiva el tres y cuatro de agosto del año próximo pasado. De ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues, el citatorio y emplazamiento fueron sustituidos procesalmente por los diversos citatorio y emplazamiento practicados el tres y cuatro de agosto siguiente. De igual forma, se considera que los conceptos de violación son inoperantes respecto del acto que se hizo consistir en el oficio 152/2021, de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que concluyó con el acta circunstanciada de esa misma fecha. Se concluye así, toda vez que lo que la parte quejosa pretende controvertir, es el emplazamiento practicado el catorce de julio de dos mil veintiuno, al expediente de investigación DGCI-UI-08/2019; sin embargo, con la diligencia que se combate (veintiocho de julio de dos mil veintiuno), no se realizó el emplazamiento de mérito; al contrario, en ella, se hizo constar la imposibilidad de realizar la diligencia encomendada (emplazamiento), a la aquí quejosa; y , por ende, quien resuelve se encuentra imposibilitado para abordar cuestiones que no acontecieron acorde a los conceptos de violación que aquí se formulan. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación formulados a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados que se identificaron como el oficio 159/2021, de tres de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que concluyó con el levantamiento de las actas de citatorio y emplazamiento de tres y cuatro siguiente, son fundados, en la medida que se suple a su favor la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; que preceptúa: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y (...)" De acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, de tal forma que, al ser el emplazamiento de orden público, los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Ello, atento a la jurisprudencia por reiteración de tesis con registro digital 240531, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido refiere: Sobre esa base, como se dijo, el emplazamiento del demandado al juicio natural se considera una formalidad esencial del procedimiento, ya que es necesario para una adecuada defensa, de manera que la falta de su verificación o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, debido a que se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer, y desahogar pruebas. Así, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable garantiza al demandado el cumplimiento de las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello se evita dejarlo en estado de indefensión, ya que al ser el emplazamiento de orden público, los jueces están obligados a analizarlo de oficio. En principio conviene hacer notar que el juicio de amparo es promovido por la presunta responsable en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, quien se ostenta como tercera extraña por equiparación, pues asevera que no fue legalmente emplazada al procedimiento y, por ende, no tuvo un oportuno conocimiento del mismo para comparecer a ejercer su derecho de audiencia y defensa, de ahí que reclama todo lo actuado a partir del citatorio y consecuente emplazamiento al procedimiento. En el caso, debe partirse del marco legal vigente en la época en que se llevó a cabo el emplazamiento de la presunta responsable en el procedimiento de origen, específicamente del contenido de los artículos 70, 91 bis, 105, 106, 111, 112, 112 bis, 113, 114 y 125, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establecen: "Artículo 70.- Toda diligencia judicial de audiencia, se asentará en un acta circunstanciada, en la que se deberá de hacer constar que se dio fe de conocimiento o de los medios sustitutos que se utilizaron para identificar a los comparecientes. Cuando no se conozca a los comparecientes, y siempre que no fuese posible su identificación por medio de documentos oficiales, se le identificará por dos testigos propuestos por aquél, que manifestarán bajo protesta de decir verdad, la identidad del compareciente. El servidor público judicial podrá dar fe de conocimiento en los términos antes citados, cuando el compareciente, se hubiere identificado ante él con los documentos indicados en el párrafo anterior. Artículo 91 bis.- Las copias de los escritos y de los documentos se entregarán a las partes al notificárseles la providencia que haya recaído al escrito respectivo, o al hacerles la citación o emplazamiento que proceda. Artículo 105.- Las notificaciones se verificarán dentro de los siete días siguientes de aquél al en que el notificador reciba los expedientes o las actuaciones correspondientes, siempre que este código o el juzgador no disponga en éstas otra cosa. Se impondrá de plano a los infractores de lo anterior una multa que no excederá del importe de quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y cuando reincidan sin causa justificada, por más de cinco ocasiones, serán destituidos de su cargo, sin responsabilidad para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa audiencia de defensa en los términos que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Para los anteriores efectos, los notificadores de los tribunales deberán de llevar un registro donde se hagan constar las fechas de entrega y recepción de los expedientes o actuaciones respectivas. Artículo 106.- Las notificaciones se harán, personales o por cédula; por el boletín judicial o por lista de acuerdos; por edictos; por correo, por telégrafo, por instructivo o por medios electrónicos, observándose en cada caso lo que se dispone en los artículos siguientes. Artículo 111.- La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en el domicilio designado; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en el acta, o en su defecto la razón por la que se negó a hacerlo. Artículo 112.- La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Nombre, cargo y firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehusen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior. Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de éste código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Artículo 112 bis.- La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada. Artículo 113.- Si el servidor público judicial recibe informes del lugar en que habitualmente trabaja el que debe notificar, sin necesidad de que el juez dicte una determinación especial, pasará a darle conocimiento de la diligencia, asentando razón de ello en los autos. Artículo 114.- También podrá notificarse personalmente al interesado en el lugar donde se encuentre, siempre que el servidor público judicial se cerciore de su identidad en la forma establecida por el artículo 70 de este código y asiente razón de ello. Artículo 125.- Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquéllas a quienes se hacen. Si éstas no supiesen o no quisieran firmar, lo hará el secretario, notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar ésta circunstancia. A toda persona, si lo pidiere, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique. De toda notificación se asentará razón en autos, en la que se expresará el día, hora, lugar y medio por el cual se practicó y deberá autorizarse la misma por el servidor público judicial a quien corresponda.". De los numerales transcritos se advierte que de toda diligencia judicial deberá elaborarse un acta circunstanciada en la que se asentará la identificación de las personas que en ella hubieran participado, ya sea porque el funcionario encargado las conozca, o porque se hayan identificado a través de medios fehacientes, tales como documentos oficiales expedidos por autoridades, incluso mediante el dicho de dos testigos. Se establecen las diversas formas en que una notificación puede practicarse, a saber, personalmente o por cédula, por boletín judicial o lista de acuerdos, por edictos, por correo, telégrafo, instructivo o a través de medios electrónicos; debiéndose siempre, notificar personalmente el emplazamiento del demandado en el domicilio designado para tal efecto, es decir, el precisado por el actor. Asimismo, se dispone que el emplazamiento podrá practicarse por cédula, empero, para ello es indispensable que en la primera búsqueda que se realice de la parte demandada no se le encuentre, debiendo mediar en todo caso un citatorio para que espere al diligenciario a hora fija del día siguiente, al en que en principio se intentó su localización; la citada cédula deberá contener los requisitos previstos por el numeral 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco; para el caso de que el interesado o las personas que se encuentren en el domicilio se nieguen a recibir la cédula, deberá fijarse en la puerta de entrada acompañada de copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos y del auto que ordenó el emplazamiento, asentando razón de ello en el expediente. Con relación a la cédula de emplazamiento, se dispone que deberán entregarse a los parientes o empleados del buscado, incluso podrá entregarse a cualquier persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, siempre que el notificador se hubiera cerciorado que en ese lugar vive o tiene el principal asiento de sus negocios el que deba ser notificado, asentando razón de ello en los autos. En caso de que la diligencia de emplazamiento se entienda en forma personal con la parte enjuiciada, el funcionario que la practique deberá identificarlo en términos del artículo 70, antes transcrito, o dando fe que lo conoce, haciendo constar en el acta esa circunstancia. La norma también precisa que el emplazamiento podrá realizarse en cualquier lugar en que se localice a la parte demandada, a condición de que el diligenciario se cerciore de su identidad en los términos ya precisados, lo que implica que se practique personalmente. Finalmente, se establece que deben firmar las notificaciones la persona que las realice y aquéllas a quien se hacen, en caso de que éstas no sepan o quieran firmar lo hará el funcionario haciendo constar esa circunstancia; asimismo, es enfática la legislación en señalar que de toda notificación se asentará razón en autos en la que se expresará el día, hora, lugar y medio por el que se practicó, además deberá ser autorizada por el funcionario judicial a quien le corresponda llevarla a cabo. Ahora bien, con relación al emplazamiento de una persona física y al lugar en que debe realizarse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 69/2010 de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE PERSONA FÍSICA. PARA ESTABLECER EL LUGAR EN QUE DEBE REALIZARSE ES INNECESARIO SEGUIR EL ORDEN EXCLUYENTE PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS QUE REGULAN EL DOMICILIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, EN CASO DE NO HABERSE DESIGNADO UNO CONVENCIONAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, JALISCO, DISTRITO FEDERAL Y CHIAPAS)."; estableció que conforme a la legislación procesal civil de esta entidad federativa, el domicilio donde habrá de realizarse el emplazamiento de la parte demandada, siendo ésta una persona física, no debe seguir estrictamente al orden que para el domicilio, como atributo de la personalidad, prevé el Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que puede realizarse en el lugar donde reside con el propósito de establecerse, en el que tiene el principal asiento de sus negocios, o bien, en el que se encuentre, esto cuando el emplazamiento se entienda personal y directamente con el demandado, y se verifique su identidad. De lo anterior, se obtiene que el emplazamiento a una persona física puede practicarse en cualquiera de esos domicilios, sin atender a una prelación jerárquica, esto es, que alguno de ellos deba agotarse de manera previa y preferente que otro. Luego, como el objetivo del diseño procesal que contempla el emplazamiento y de este mismo, es que se garantice al demandado que tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, así como de sus consecuencias, a efecto de respetar su derecho a una defensa adecuada y oportuna, la legislación procesal en consulta, contempla diversas salvaguardas para ese fin, de entre las cuales, destaca lo dispuesto en el numeral 112 bis. El numeral 112 bis, recordemos, establece que la cédula -entre ellas la del emplazamiento-, se entregará a los parientes o empleados de la parte enjuiciada o, en su defecto, a cualquier otra persona que se encuentre o viva en el domicilio; acto de entrega que se realizará después de que el funcionario judicial respectivo se hubiere cerciorado de que allí vive el demandado que procura o de que es el principal asiento de sus negocios, lo cual habrá de asentar en el acta de la diligencia, exponiendo el medio o fuente de la que se valió, o las fuentes de información que tuvo para adquirir dicha certeza. Lo indicado se traduce en que el cercioramiento de que el lugar donde se pretende realizar un emplazamiento, corresponda a aquél en el que vive la parte enjuiciada o al de su principal asiento de negocios, debe obedecer a factores objetivos que no dejen lugar a duda de que ese lugar corresponde a uno de los indicados, lo cual debe justificarse, como todo acto de autoridad, exponiendo las razones, fuentes y medios que dieron lugar a dicha convicción; lo cual encuentra justificación en que el emplazamiento efectuado bajo la modalidad de cédula, no se entiende personal y directamente con el interesado, parte demandada, sino con una tercera persona vinculada a él. Luego, del citatorio que dio origen a la diligencia de emplazamiento (cuatro de agosto de dos mil veintiuno), no se patentizan las razones particulares y los motivos legalmente válidos que respalden que la persona buscada efectivamente vivía en el domicilio donde se constituyó el funcionario que practicó la diligencia, pues sólo de esa forma se colmarían los requisitos de ley y de esa manera se tiene cercioramiento de que el emplazamiento cumpliría con su objetivo, esto es, hacer del conocimiento de la presunta responsable, aquí quejosa, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, que se entabla en su contra y, de esa forma, pueda estar en aptitud de defender sus intereses en el procedimiento, en salvaguarda de los derechos de audiencia y defensa estatuidos en los artículo 14 y 16 constitucionales. Y es que, del citatorio practicado el tres de agosto de dos mil veintiuno, si bien se desprende que la autoridad substanciadora del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hizo constar que se constituyó física y legalmente en la finca marcada con el número 8491, de la calle Retorno, Loma de Joconoxtle, en la colonia Loma Dorada, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y cerciorada que era la finca referida en los documentos anexos por así coincidir el número exterior, el nombre de la calle, así como la colonia descrita, procedió a elaborar citatorio; empero, no se advierte que esos datos determinen que el inmueble donde se llevó a cabo el emplazamiento sea en el que vive la presunta responsable, aquí quejosa. En efecto, si bien la normativa aplicable faculta para que en caso de que la persona buscada no se encuentre en su domicilio se le deje citatorio para hora y fecha determinada y en caso de que éste no haga espera se entienda la notificación con quien se encuentre en el domicilio, lo cierto es que ello no exime al funcionario encargado de practicar tal actuación de cerciorarse previamente con datos claros que se expongan en la razón, que la persona buscada puede ser localizada en ese domicilio. Es decir, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento, si previo a su realización no existen elementos que permitan advertir que el funcionario se cercioró de que la parte demandada realmente podía ser localizada en el domicilio en que se constituyó, pues la circunstancia de que el fedatario esté investido de fe pública, no convalida las omisiones o contradicciones en que incurra; de donde se sigue que, precisamente, dada la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarlos, y tomando en cuenta las omisiones que se desprenden de las preindicadas diligencias, resulte evidente que no se les puede atribuir valor probatorio alguno. Con base en lo anterior, se evidencia que el cercioramiento plasmado por el diligenciario responsable en el acta de citatorio, es insuficiente para demostrar que, efectivamente, se constituyó en el domicilio en el que viva o tiene el principal asiento de sus negocios Sara Angélica Ávila Vizcarra. Por lo que con mayor razón, el funcionario que realizó el emplazamiento debió cerciorarse de manera plena que donde se constituyó era el inmueble donde vive o tiene el principal asiento de sus negocios Sara Angélica Ávila Vizcarra. Tal cuestión es trascendente, porque si bien, el funcionario que entregó el citatorio y practicó el emplazamiento, asentó que se cercioró por estar constituido física y legalmente en la finca marcada con el número 8491, de la calle Retorno, Loma de Joconoxtle, en la colonia Loma Dorada, del Municipio de Guadalajara, Jalisco; también es verdad que, no refiere datos objetivos que demuestren que allí era el inmueble donde vive o tiene el principal asiento de sus negocios Sara Angélica Ávila Vizcarra. De tal manera, toda vez que no se advierte que el funcionario que llevó a cabo la diligencia de emplazamiento se hubiere cerciorado de la plena identificación de que en el domicilio en que se constituyó vive o tiene el principal asiento de sus negocios Sara Angélica Ávila Vizcarra, aquí quejosa, es evidente que incumplió con lo dispuesto por los numerales 70, 111, 112 y 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues tales preceptos exigen la existencia de un cercioramiento real de que el domicilio donde se realizó la diligencia de emplazamiento habitaba la presunta responsable, prescribiendo además que deberá asentarse la razón correspondiente por el diligenciario respectivo, lo que no hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia III.2o.T. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1452, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido. Así pues, el funcionario omitió exponer conforme a lo que advirtió a través de sus sentidos, por qué consideró que el lugar podría ser o era el que habitaba la presunta responsable, aquí quejosa, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, pues aun cuando debe basarse en fuentes de información, sus sentidos también fungen como tal, como es la vista, tales como si en el lugar donde se constituyó, según su leal saber y entender, advierte corresponde a una casa habitación, ya por las características físicas del lugar, debió asentarlo, en tanto que cuenta con la fe judicial para ello, aunado que es dicho funcionario quien tiene la rectoría de la diligencia, por lo que se convierte en la principal fuente expositiva de ella; sin embargo, no lo hizo, ya que solo refirió que se trataba de una finca. Por tanto, al quedar demostrado que el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, se practicó en contravención a las normas del procedimiento que lo regulan, ante la falta de cercioramiento de que el domicilio donde se efectuó correspondía al que habita o tiene su residencia, tal como lo marca el artículo 70 del enjuiciamiento civil del estado; el llamamiento a juicio no cumple con las formalidades necesarias para su plena validez, lo que da lugar a la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en el juicio, pues da pauta a la omisión de las demás formalidades esenciales, como la imposibilidad de la demandada de hacer valer los derechos que estima le corresponden. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2005, interpretó el análogo artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; al hacerlo, determinó que cuando el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora hábil fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de dicho término, pues el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio, ya que sólo así la diligencia cumplirá su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 186/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 277, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. PARA EL SEÑALAMIENTO DE LA HORA DE ESPERA EN EL CITATORIO DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, O INCLUSO AL CONTEXTO DEL LUGAR O POBLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Las reglas establecidas para la práctica del emplazamiento, como formalidad esencial del procedimiento que debe cumplirse en respeto a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como fin último evitar que el demandado quede en estado de indefensión. En congruencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, se concluye que en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora hábil fija dentro de las 24 horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de dicho término, pues el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio, ya que sólo así la diligencia cumplirá su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra, a fin de tener oportunidad real de defenderse. Debiéndose además expresar en la razón actuarial, los motivos por los que el notificador señaló determinada hora en el citatorio, ya que al tratarse de un acto de autoridad, debe gozar de la debida fundamentación y motivación.". Por su parte, el Pleno en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 13/2016, en sesión de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, determinó que la referida jurisprudencia 1a./J. 186/2005, aun cuando se basa en el análisis del numeral 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sí es aplicable a lo establecido en otros ordenamientos, porque la ejecutoria relativa no refiere condición alguna ni limita a ciertos casos el cumplimiento de la obligación del funcionario judicial de motivar el por qué estimó prudente la hora que indicó en el citatorio respectivo. Estableció, que el contenido del segundo párrafo del artículo 112 de la legislación civil adjetiva del Estado de Jalisco y el del artículo 1393 del Código de Comercio, son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán -analizada en la citada contradicción-, lo que obliga a los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales de esta Entidad Federativa y del Código de Comercio, a señalar en el acta de citatorio correspondiente las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado los espere a fin de efectuar el emplazamiento correspondiente. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia PC.III.C. J/31 C (10a.), que señala: "EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE. De los artículos 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto publicado en el Periódico Oficial local el 30 de diciembre de 2003, y 1393 del Código de Comercio, que son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán analizada en la jurisprudencia 1a./J. 186/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que, conforme a lo determinado en dicha jurisprudencia, los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales, están obligados a señalar en el acta de entrega del citatorio correspondiente, las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado espere, a efecto de emplazarlo; con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio; debiéndose asentar, además, en el acta correspondiente, las razones por las que el notificador determinó la hora fijada en el citatorio, por tratarse de un acto de autoridad que debe estar debidamente fundado y motivado. Cabe precisar que, el criterio jurisprudencial que se invoca, también es aplicable para la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con las premisas anteriores, se aprecia que, previo a practicar el emplazamiento a la aquí quejosa - Sara Angélica Ávila Vizcarra -, la funcionaria dejó citatorio elaborado a las diecisiete horas con siete minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno. Basta la simple lectura de la constancia relativa, para advertir que, la responsable de la diligencia señaló las diecisiete horas con siete minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para que la presunta responsable, aquí quejosa, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019 -, esperara en el domicilio a efecto de practicar el emplazamiento al procedimiento. Sin embargo, la citada autoridad responsable omitió precisar las razones por las que cuales estimó que la hora prudente para que la presunta responsable esperara al día hábil siguiente, pues únicamente mencionó que lo esperara a las diecisiete horas con siete minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Entonces, se colige que el emplazamiento realizado a la parte quejosa en el procedimiento de origen es ilegal, porque el funcionario debió indagar si era factible localizarla en un distinto horario, a fin de establecer un tiempo fijo para su nueva búsqueda en ese mismo sitio. Es así, pues conforme a lo razonado en los criterios relatados líneas atrás, tratándose del emplazamiento por citatorio, para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, es indispensable que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda, o incluso, al contexto del lugar o población, pues sólo así es posible garantizar que el interesado tenga real conocimiento del citatorio. De tal manera que, si el funcionario que practicó la diligencia no indagó ni recibió informes acerca del horario en el cual era posible encontrar a la persona buscada, debió asentar las razones por las cuales la citó en la hora establecida en el documento. En el entendido de que el emplazamiento, acto trascendental en el juicio, debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de las partes y dado que al tratarse de un acto de autoridad, debe estar fundado y motivado, so pena de producir su nulidad. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 209, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental.". En conclusión se tiene que el encargado del emplazamiento no precisó los motivos por los cuales determinó la hora fijada en el citatorio a fin de citar a la presunta responsable para llevar a cabo el emplazamiento al procedimiento del cual derivan los actos reclamados. Consecuentemente, transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica dispuestos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior, se evidencia que, en el citatorio practicado el tres de agosto de dos mil veintiuno, no se patentizaron las razones particulares y los motivos legalmente válidos que respalden que la persona buscada, aquí quejosa, efectivamente vivía en el domicilio donde se constituyó el funcionario que practicó la diligencia; ni se precisaron las razones por las que se estimó que la hora prudente para que la presunta responsable esperara al día hábil siguiente; lo cual trasciende al emplazamiento practicada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, pues, impidió a la promovente del amparo que esperada al funcionario encargado de realizar tal diligencia. En virtud de lo anterior, resulta indudable que la citación y el emplazamiento de la presunta responsable al procedimiento de origen, son contrarios a derecho, y esto no solamente conlleva la nulidad de esas actuaciones, sino también la de todas las realizadas con posterioridad en ese juicio, ya que si éstas son ilegales, es claro que de igual forma lo serán las actuaciones realizadas a partir de los actos viciados en el procedimiento, ante la falta de integración legal de la relación jurídico procesal; todo lo cual se traduce en violación a la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Sara Angélica Ávila Vizcarra. OCTAVO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que el Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco: > Deje insubsistente el citatorio, emplazamiento y todo lo actuado dentro del expediente de investigación DGCI-UI-08/2019, así como todas sus consecuencias; sin que con lo anterior se obligue a la autoridad a realizar el emplazamiento de la presunta responsable Sara Angélica Ávila Vizcarra; habida cuenta que, corresponde a las facultades discrecionales de la autoridad, determinar si prosigue o no con el procedimiento de responsabilidad en contra de la aquí quejosa; empero, de considerarlo necesario, deberá de ceñirse a las consideraciones de esta sentencia y subsanar las irregularidades destacadas. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, de rubro y texto siguientes: Sin que la concesión del amparo implique que deban dejarse insubsistentes los emplazamientos de los restantes presuntos responsables, en tanto que el fallo protector no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos al procedimiento de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 933, de rubro y texto siguientes: Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sara Angélica Ávila Vizcarra, contra los actos del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Sara Angélica Ávila Vizcarra, contra los actos que reclamó del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia.
- Principal
Vista la constancia levantada por el Actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, mediante la cual, hace constar que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo número , que tiene por objeto notificar y emplazar al tercero interesado ; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el escrito signado por autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones respecto de la cuenta realizada por el actuario judicial el veintitrés de septiembre pasado registrada en la oficialía de partes de este juzgado con el número y proveída el veintiséis de ese mismo mes y año. En virtud de las manifestaciones vertidas por dicho autorizado, instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se constituya nuevamente en el domicilio ubicado en la Calle y siguiendo las indicaciones proporcionadas por el autorizado de la quejosa, emplace al tercero interesado
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE EN SINTESIS DICE: se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
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