Ambrosio Romero Neri
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/07/2023
Partes del expediente
- Ambrosio Romero Neri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 17, del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) El cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el párrafo primero del artículo 17 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación y por cuanto hace al incidente de suspensión, en términos del artículo 20, párrafo primero del acuerdo aludido, se destruirá tres años después de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Siete de junio de dos mil veintitrés. Ocho de junio de dos mil veintitrés. Quince de junio de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: De la Legislatura del Estado de México, la discusión, aprobación y expedición del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil veintitrés, por lo que respecta al pago de los derechos por servicios prestados por la oficina Registral de Lerma Estado de México, derivado de la inscripción por sentencia judicial sobre usucapión de inmuebles. De la cual se agregó copia simple de la línea de pago IH8E0968897137718288 y el boucher correspondiente al pago al de la misma de siete de febrero de dos mil veintitrés; cuyos originales obran bajo protesta de decir verdad, en la oficina registral de Lerma bajo el número de trámite 142641 volante de tramite universal. Del Gobernador Constitucional del Estado de México, se reclama la aprobación, expedición promulgación y orden de publicación del decreto por el cual se creó el articulo 95, fracción I, inciso c, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el año dos mil veintitrés. Del Titular de la Oficina Registral de Lerma Estado de México, se reclama el acto de aplicación de los preceptos señalados en párrafos precedentes consistentes en la recepción del pago de derechos por concepto de inscripción por usucapión de inmuebles mediante sentencia cuando el valor de los actos a inscribir sea más de $457,679 y hasta de $2,650,000, a que se refiere el artículo 95, fracción I, inciso c, rango 6, de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil veintitrés, precepto que en el caso concreto se le aplicó conforme al recibo de pago de la recepción de los montos correspondientes por los servicios prestados por la Oficina Registral de Lerma Estado de México, derivado de la inscripción por de inscripción por usucapión de inmuebles mediante sentencia judicial. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a Ambrosio Romero Neri y/o Ambrocio Romero Neri, para el efecto de que la autoridad responsable: "a) En lo sucesivo, no se aplique al promovente del amparo, la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que aquí se reclamó, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combativo que le fue efectuado al ahora quejoso; y por ende, se deberá devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó el solicitante del amparo, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de la sentencia emitida por el Juez Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, en el juicio ordinario civil de usucapión 1155/1994, y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del ahora quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que en todo caso deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable para que remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma, México, mediante el cual, informó que quedó a disposición de la parte quejosa el cheque 0004977, por la cantidad de $22,782.01 (VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N) con el cual da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, constancia de la que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma, México, en esencia, informa que queda a disposición de la parte quejosa el cheque ********************, con el cual da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma, Estado de México, en esencia informa que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, giró oficio al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de las gestiones realizadas por la autoridad oficiante y con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga por el término de tres días hábiles, a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que dé total cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, con el apercibimiento que de ser omisa, se hará efectiva la medida de apremio con que se conminó en auto de veintiséis de mayo del en curso
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