Ambrosio Joaquín Cu Can
Expediente 1276/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Ambrosio Joaquín Cu Can
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General x/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales x, x, x, x, x y x del referido Acuerdo General x/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo legal a que alude el numeral x, de la ley de la materia, dentro del cual el quejoso pudo recurrir en queja el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley de la materia, en relación con los numerales x y x, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al no existir cuestión pendiente por acordar, háganse las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro respectivo; y remítase al archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo x del referido Acuerdo General, en cumplimiento al artículo x, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de garantías propuesta. 2. En consecuencia, al ser este expediente destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos x, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral x del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo x del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
SSE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida ************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, que en lo medular consisten en la omisión de señalar fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ******; así como su respectiva notificación. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno como 1276/2020-VI-B. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmado por la parte quejosa. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, de la observación exhaustiva del escrito de demanda de amparo en sus cinco fojas que la componen, se advierte que carece de la firma autógrafa del quejoso, pues únicamente obra una firma en fotocopia a color, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva, expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero perjudicado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma no está comprendida dentro de las casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma. De opinarse lo contrario, es decir, si se considerara correcto prevenir al quejoso para que acuda a firmar el escrito de demanda de amparo, se estaría autorizando la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. En consecuencia, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia estudiado, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********* Derivado de lo anterior, por única ocasión notifíquese esta determinación en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. No ha lugar a tener a las personas designadas como autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ni se autoriza la consulta del presente expediente en línea. Desde este momento, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, una vez decretada la reanudación de labores, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal referida. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, precisándose que se atenderían solo aquellos catalogados "urgentes", acorde con lo dispuesto en el numeral 4 del invocado Acuerdo General, con independencia de haberse tramitado físicamente y/o electrónicamente. En ese contexto, este Juzgado considera conveniente RESERVAR la notificación personal de este auto, en tanto, se modifique el esquema de trabajo que actualmente rige a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente, al reanudarse labores.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida ************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, que en lo medular consisten en la omisión de señalar fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ******; así como su respectiva notificación. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno como 1276/2020-VI-B. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmado por la parte quejosa. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, de la observación exhaustiva del escrito de demanda de amparo en sus cinco fojas que la componen, se advierte que carece de la firma autógrafa del quejoso, pues únicamente obra una firma en fotocopia a color, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva, expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero perjudicado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma no está comprendida dentro de las casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma. De opinarse lo contrario, es decir, si se considerara correcto prevenir al quejoso para que acuda a firmar el escrito de demanda de amparo, se estaría autorizando la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. En consecuencia, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia estudiado, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********* Derivado de lo anterior, por única ocasión notifíquese esta determinación en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. No ha lugar a tener a las personas designadas como autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ni se autoriza la consulta del presente expediente en línea. Desde este momento, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, una vez decretada la reanudación de labores, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal referida. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, precisándose que se atenderían solo aquellos catalogados "urgentes", acorde con lo dispuesto en el numeral 4 del invocado Acuerdo General, con independencia de haberse tramitado físicamente y/o electrónicamente. En ese contexto, este Juzgado considera conveniente RESERVAR la notificación personal de este auto, en tanto, se modifique el esquema de trabajo que actualmente rige a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente, al reanudarse labores.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Amayrani Guadalupe Méndez Morales372/2020
- Ambrocio Leonel Colli Colli1183/2018
- Ambroncio López Castillo704/2014
- Ambrosio Hernández Colli1641/2019
- Ambrosio Joaquín Cu Can538/2021
- Ambrosio Joaquin Cu Can955/2023
- Ambrosio Rafael Antonio Puerto Arredondo956/2023
- AMELIA ABREU RODRIGUEZ y Otros.1227/2023
- Amelia del Socorro Espinosa Polanco367/2013
- Amelia Elvira García Zavala743/2013
- Amelia Elvira Zavala593/2013
- Amelia Ku Ek749/2014