Ambrosio Ernesto Santiago Morales

Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
121/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Ambrosio Ernesto Santiago Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, infórmese a las partes una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica de la promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que como consta de la certificación de cuenta, del libelo de demanda que se provee se advierte que la firma electrónica pertenece a *****, persona diversa a la señalada como promovente, esto es, de ***** quien se indica es el quejoso en este asunto. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que ***** no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Lo anterior es así, ya que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Ahora, dado que la demanda fue suscrita electrónicamente por diversa persona al directo quejoso conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo En ese sentido, no se desatiende lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, último párrafo de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se trata de los actos que establece el dispositivo en mención, además, no se está ante el supuesto de que la demanda carezca de firma, toda vez que como se resaltó esta se encuentra signada electrónicamente por persona diversa a quien se señala es la parte quejosa. De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos supuestos, ya que en el presente asunto, no se reclama alguno de los actos mencionados en el inciso a); tampoco, se advierte que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para instar la acción constitucional como se prevé en el inciso b), al margen de que hubiese señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, empero, este aspecto no le impedía al quejoso firmar y hacer llegar al órgano de control de la constitucionalidad (por conducto incluso de su defensor o diversa persona), el escrito con firma autógrafa por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo, pues se insiste, de una lectura integral de la demanda no se aprecia algún impedimento fáctico que imposibilite al impetrante presentar su escrito inicial de demanda con la firma respectiva. No pasa inadvertido que del escrito que se recibe se dice que el quejoso se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México; sin embargo, dicha circunstancia no es impedimento para que como se dijo por conducto de cualquier persona haga llegar la demanda de amparo instada. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien, por su defensor en materia penal; sin embargo, de una lectura integra del escrito de demanda no se advierte que la promovente *****, quien plasmó su firma electrónica, inste el presente controvertido constitucional con algún carácter de los descritos; ya que si bien, adjunta copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, lo cierto es que dicho documento únicamente la acredita como licenciada en derecho, no así como representante legal, apoderada o defensora del directo quejoso. Aunado a que la promovente tampoco remitió documento alguno para acreditar que ostenta alguna de esas personalidades, ni refirió tener esa calidad demostrada ante las autoridades responsables. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso, la promovente no aduce que quien signa electrónicamente el libelo inicial cuente con alguno de ellos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial esta y cualquier otra determinación jurisdiccional.

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