Ambrosio Domingo Cortés Juárez

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Ambrosio Domingo Cortés Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinte de octubre al tres de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo tres años, establecido en el numeral antes mencionado del citado Acuerdo General, procédase a la destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    El suscrito Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy quince de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Pedro Ignacio Arredondo Ramírez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las once horas del quince de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretario con quien actúa Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 515/2020-6, promovido por Ambrosio Domingo Cortés Juárez, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancias de emplazamiento a las partes; e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales aportadas por el quejoso y la autoridad responsable. De igual manera, con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofertada por la responsable. Asimismo, hace constar que no obran diversas pruebas que relacionar, ni pendientes de desahogo. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, hace constar que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene a la Representante Social de la Federación adscrita formulando los alegatos de su intención; y por perdido el derecho de formular alegatos a las restantes partes. Al no haber diversas manifestaciones qué relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 515/2020-6, promovido por Ambrosio Domingo Cortés Juárez, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este juzgado de distrito, Ambrosio Domingo Cortés Juárez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Ostenta tal carácter: Sub Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación Estatal en San Luis Potosí, quien pueden ser legalmente notificado de la presente Demanda de Garantías, en su recinto oficial, ubicado en AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 985, 2DO PISO, COLONIA MODERNA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CÓDIGO POSTAL 78230." "IV.- ACTO RECLAMADO.- EL OFICIO NÚMERO 24.5.4.J/902/2020, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 20 DE ABRIL DE 2020; emitido por el C.P. VICTOR MANUEL RAMÍREZ CASTILLO, quien afirma en ausencia del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación Estatal en San Luis Potosí; en cumplimiento a la Sentencia Definitiva de 03 de Septiembre del 2018, y Sentencia Interlocutoria de Queja de 24 de Febrero del 2020, ambas dictada (sic) dentro del Expediente Judicial 748/18-25-01-3-OT, por la H. SALA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSÍ DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Ambrosio Domingo Cortés Juárez, por propio derecho; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se ordenó tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado en tiempo. Así, conforme al acta que antecede, se inició la audiencia la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Jueces de Distrito; toda vez que el acto reclamado se materializa en territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. El oficio reclamado fue del conocimiento de la parte quejosa, según lo manifestó en su demanda de amparo, el cinco de junio de dos mil veinte. Por su parte, en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la suspensión de plazos y términos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante la contingencia por el virus COVID-19; periodos que abarcaron del dieciocho de marzo al treinta uno de julio de dos mil veinte, reanudándose tales plazos a partir del tres de agosto del presente año, teniendo en consideración que el uno y dos del mes señalado en último término fueron inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el libelo de amparo fue presentado por correo certificado a través de Correos de México, el cinco de agosto de dos mil veinte, es inconcuso que su presentación ocurrió dentro del plazo legal. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el oficio 24.5.4.J/902/2020 de veinte de abril de dos mil veinte, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en ausencia del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí; el cual fue emitido en cumplimiento a la sentencia definitiva de tres de Septiembre de dos mil dieciocho, y sentencia interlocutoria de queja de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, ambas dictadas dentro del juicio de nulidad 748/18-25-01-3-OT, del índice de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el mencionado acto reclamado del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en ausencia del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí, por así haberlo aceptado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la constancia que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, consistente en copia simple del oficio 24.5.4.J/0902/2020, a la cual se le otorga valor probatorio de indicio conforme a los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Atento a la técnica que rige al juicio de amparo, procede analizar las causales de improcedencia que se adviertan de oficio o las que hagan valer las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. En tanto que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que el juicio de amparo será procedente sólo contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por su parte, de la lectura de la fracción V del artículo 107, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio, cuando tienen efectos de imposible reparación, entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tal fracción, ofrece precisión al definir los actos en juicio de imposible reparación, al establecer que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Con tal definición, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que estableció claramente que los actos en el juicio para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal grado que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. De tal forma que para la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos durante el proceso son necesarias dos condiciones, la primera, que se trate de actos que afecten materialmente derechos, y la segunda, que esos derechos afectados materialmente sean sustantivos. Existe afectación material de derechos cuando el acto autoritario impide el libre ejercicio de un derecho en forma presente; afectación que debe recaer sobre derechos sustantivos, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Los derechos sustantivos, se diferencian, de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en que la afectación de éstos últimos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento de origen, momento en que pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, resulta procedente citar el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto legal prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución e imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la jurisprudencia que antecede se efectuó un análisis de los artículos 114, fracción III y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, los cuales son de idéntico contenido al de las fracciones IV y V del numeral 107 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, se insiste en que la fracción IV señalada en último término establece, en principio, una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; en tanto que la fracción V del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así, del mencionado criterio es dable concluir que los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, deben entenderse en correlación con su fracción IV, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio y que, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que, siendo definitivos, excepcionalmente admiten la promoción en su contra del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo que se promueva contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la ejecución de la sentencia. Establecida la premisa anterior, se procede a determinar si el oficio combatido se ubica en el caso de excepción arriba precisado, esto es, verificar si se trata de un acto de imposible reparación dictado en la etapa de ejecución de sentencia, que haga procedente el presente juicio de amparo. En principio, conviene precisar que de los antecedentes procesales destacados en la demanda de amparo y en el informe justificado, se obtiene que el quejoso es actor en el juicio de origen, toda vez que promovió juicio de nulidad en el que demandó a la autoridad responsable, solicitándole la realización de un nuevo cálculo de los incrementos anuales en la pensión por jubilación que recibe. Además, es necesario reiterar que el acto reclamado es el oficio 24.5.4.J/902/2020 de veinte de abril de dos mil veinte, mediante el cual el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en ausencia del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí, autoridad demandada en el juicio de nulidad 748/18-25-01-3-OT, del índice de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acató la resolución de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, interpuesta por el actor, aquí quejoso. Como se ve, el contencioso de origen se encuentra actualmente en la fase de ejecución, puesto que el oficio reclamado fue emitido en observancia a la resolución interlocutoria relativa a la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia. En la demanda de amparo, el quejoso refiere que si bien, el oficio reclamado se emitió en cumplimiento a la queja fundada por defecto, la autoridad demandada nuevamente incurrió en un cumplimiento defectuoso de la sentencia anulatoria que obtuvo en el juicio 748/18-25-01-3-OT, en razón de que resultaron erróneos los cálculos de los incrementos de su pensión por jubilación, y que como había promovido tal medio de impugnación no podía volver a interponer algún recurso legal en ese contencioso, pues de conformidad con el numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la queja solo puede hacerla valer una vez. Sin embargo, tales cuestiones de ninguna manera conllevan a determinar que se está en presencia de un acto de imposible reparación, toda vez que, la existencia en sí de dicho oficio, no transgrede sus derechos sustantivos, en principio, porque la misiva de mérito no constituye un acto autónomo e independiente, sino que se emitió en acatamiento a la interlocutoria en la que se declaró fundado el recurso de queja, en la fase de ejecución de la sentencia de anulación que se dictó en el juicio de nulidad 748/18-25-01-3-OT; de modo tal que, dicho acto incidirá en la esfera jurídica del quejoso, hasta que los magistrados de la Sala Regional del conocimiento analicen si con el mismo se da o no cumplimiento a la sentencia, pues existe la posibilidad de que las posibles violaciones cometidas en el oficio reclamado queden reparadas en esa resolución de cumplimiento; y si la misma le resulta desfavorable, estará en aptitud de ejercer el medio de defensa para combatir lo que al respecto se determine. Lo que corrobora que, antes de que se determine si se tiene por cumplida o no la sentencia anulatoria, el oficio reclamado en sí, no le impide el libre ejercicio de algún derecho presente, sino que está supeditado a la valoración que se realice del mismo en la fase de ejecución de sentencia, lo que corrobora que la afectación que en su caso pudiera resentir con el mismo no es actual, pues depende de la forma en que trascienda en el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, el solo hecho de que se emita el oficio con el que la autoridad demandada pretende dar cumplimiento a una sentencia de nulidad, no implica, necesariamente, que la decisión ahí contenida sea contraria a los intereses del quejoso, pues, de ser favorable la resolución de cumplimiento que emita la Sala Regional del conocimiento, los efectos de una eventual transgresión adjetiva desaparecerían y, de no ser así, puede impugnarla cuando en su caso, se tenga por cumplida la sentencia anulatoria. Así, en este momento el acto reclamado de ninguna manera puede considerarse "irreparable", pues se desconoce la forma en que trascenderá en la fase de ejecución de sentencia, pues si la Sala de Justicia Administrativa, al analizar su contenido determina que no quedó cumplida la sentencia, nulificará el oficio que pretende reclamar y en consecuencia, la autoridad demandada estará obligada a emitir un nuevo acto. Por el contrario, si la magistratura de origen llegara a considerar que con el oficio de mérito, sí se da cumplimiento a la sentencia anulatoria, el quejoso estará en aptitud de promover juicio de amparo indirecto para reclamar esa determinación, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, no se colma el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto contenido en el artículo 107, fracción V, en concordancia con la fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el oficio impugnado no constituye un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia que sea de imposible reparación, ya que no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa (propiedades, posesiones o derechos); pues, como se precisó, el oficio reclamado 24.5.4.J/902/2020 de veinte de abril de dos mil veinte, se emitió en virtud del requerimiento que se hizo a la autoridad demandada, al resultar fundada la queja respecto al cumplimiento de la sentencia anulatoria que obtuvo en el juicio 748/18-25-01-3-OT; y respecto del cual la Sala Fiscal no ha determinado la forma en que incidirá en la fase de ejecución de sentencia. La postura anterior, también encuentra sustento en las razones que se exponen en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), procedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2011580, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Respecto al sobreseimiento decretado, resulta pertinente señalar que la circunstancia de que la Ley de Amparo establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y así, decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Lo anterior, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal modo que si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo. Deviene aplicable la tesis CCLXXVI/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 530, libro XV, tomo 1, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por virtud del sobreseimiento decretado, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito releva a este juzgado federal de su estudio, lo anterior en apoyo a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." (Véase en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 335). Por otra parte, en el dictado de la presente resolución cabe la precisión que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido Ambrosio Domingo Cortés Juárez, por propio derecho, contra el acto reclamado del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en San Luis Potosí, precisado en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano