Ambrocio García Marino

Expediente 1287/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1287/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Ambrocio García Marino

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. 1287/2019; Vista la demanda de garantías promovida por Ambrocio García Marino, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número1287/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, de la lectura de la demanda de garantías promovida por Ambrocio García Marino, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la norma fundamental. En el caso a estudio, la impetrante de amparo señala como acto reclamado el siguiente: "Reclamo de la autoridad responsable el remate y procedimiento de ejecución y de adjudicación, precisando que reclamo el auto de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual ese A quo de Primera Instancia de la Federación emitió auto, mediante el cual ordena se haga escritura pública ante fedatario a favor del actor, relativa al inmueble embargado." En ese tenor, de los antecedentes de la demanda se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que junto a su cónyuge, es copropietario del bien inmueble sobre el que reclama su remate y procedimiento de ejecución y de adjudicación en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 21/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Por otro lado, cabe precisar que la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales, toda vez que el acto reclamado causa molestia en su patrimonio y lo priva de su derecho de ser oído en juicio. En ese orden de ideas, de un análisis minucioso del escrito de demanda se advierte que el quejoso Ambrocio García Marino, al ser junto a su cónyuge Abelina Catalán Rodríguez, copropietario del inmueble cuyo remate y procedimiento de ejecución se reclama, ya ha sido oído y vencido en juicio. Lo anterior es así en virtud que con anterioridad a la presentación del presente juicio de garantías, la copropietaria del referido inmueble, Abelina Catalán Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, del que tocó conocer a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero y cuya demanda se registró con el número 638/2019, misma que fue desechada por las razones ahí expuestas. De ahí que se estime que el aquí quejoso ya ha sido oído y vencido en juicio, por lo que su situación jurídica resulta idéntica a la de Abelina Catalán Rodríguez, de quien se estima causahabiente y por ende, al promover el juicio de garantías sustituye a su causante y sigue su suerte procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.828 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, visible a foja 2248, y que a la letra establece: "CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste." Entonces, si lo que reclama esencialmente la peticionaria de amparo de las autoridades responsables en el juicio de origen, es el remate y el procedimiento de ejecución y de adjudicación, debe estarse a las resultas de éste, como ha quedado precisado en párrafos que anteceden; por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113, del propio ordenamiento se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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