Ambrocia Ríos Torres

Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
42/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Ambrocia Ríos Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Autoridades responsables cumplen requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite el apoderado legal de las autoridades responsables, Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, titular del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato y director del Hospital General de León Guanajuato, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló a sus representadas mediante decisión de dieciséis de octubre pasado, pues al efecto remite copia certificada de las sesiones de ******************** suministradas a la quejosa en el mes de octubre; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Seguimiento a suspensión de plano. Sin perjuicio de lo antes determinado, reitérese a las potestades oficiantes que deberán seguir informando sin previo requerimiento el seguimiento a la suspensión de plano, pues el incumplimiento o retraso de lo anterior y sus consecuencias serán bajo su más estricta responsabilidad, además que se podrán hacer acreedoras a los medios de apremio con los que fueron apercibidas, los cuales permanecen incólumes; en la inteligencia que una vez que cuenten con la bitácora de suministro del tratamiento por lo ve al mes de noviembre, deberán remitirla a este tribunal. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación. Acuse recibo. Finalmente, incorpórese a los autos el acuse que remite la subdirectora de Área de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 18237/2023, librado el nueve de noviembre pasado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Autoridad solicita copias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la abogada General, en representación de la autoridad responsable, Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, y en atención a su contenido, como lo solicita la autoridad oficiante, obvio de mayores dilaciones procesales por esta única ocasión remítasele al correo electrónico que refiere los archivos digitalizados que contienen las evidencias criptográficas que validan las firmas electrónicas que ahí se plasman, para los efectos que precisa. En el entendido que no será necesario realizar una certificación adicional sobre aquellos documentos que se obtienen del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, debido a que las evidencias criptográficas que se mencionan ya los tornan como copias certificadas tal y como lo estipula el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 149/2023 (11a.), número de registro 2027432, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, de rubro: "COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CERTIFICADAS DIGITALMENTE. SU ENTREGA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL POR CORREO ELECTRÓNICO." En cuanto al señalamiento de domicilio procesal y designación de delegados de su representada (Secretaría de Salud Federal), dígasele que deberá estarse a lo determinado en auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en donde se proveyó lo conducente. Cúmplase.

  3. Principal

    Autoridades responsables cumplen requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite el apoderado legal de las autoridades responsables, Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, titular del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato y director del Hospital General de León Guanajuato, mediante el cual cumplen el requerimiento que se les formuló mediante decisión de seis de octubre pasado, pues al efecto remiten copia certificada de las sesiones de hemodiálisis suministradas a la quejosa en el mes de septiembre, así como la relativa al inicio del mes de octubre; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Seguimiento a suspensión de plano. Sin perjuicio de lo antes determinado, reitérese a las potestades oficiantes que deberán seguir informando sin previo requerimiento el seguimiento a la suspensión de plano, pues el incumplimiento o retraso de lo anterior y sus consecuencias serán bajo su más estricta responsabilidad, además que se podrán hacer acreedoras a los medios de apremio con los que fueron apercibidas, los cuales permanecen incólumes; en la inteligencia que una vez que cuenten con la bitácora de suministro del tratamiento por lo ve al mes de octubre, deberán remitirla a este tribunal. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación.

  4. Principal

    Autoridades responsables cumplen requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite el apoderado legal de las autoridades responsables, Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, titular del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato y director del Hospital General de León Guanajuato, mediante el cual cumplen el requerimiento que se les formuló mediante decisión de veintidós de septiembre pasado, pues al efecto remiten copia certificada de las sesiones de hemodiálisis suministradas a la quejosa en el mes de julio y agosto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Seguimiento a suspensión de plano. Sin perjuicio de lo antes determinado, reitérese a las potestades oficiantes que deberán seguir informando sin previo requerimiento el seguimiento a la suspensión de plano, pues el incumplimiento o retraso de lo anterior y sus consecuencias serán bajo su más estricta responsabilidad, además que se podrán hacer acreedoras a los medios de apremio con los que fueron apercibidas, los cuales permanecen incólumes; en la inteligencia que una vez que cuenten con la bitácora de suministro del tratamiento por lo ve al mes de septiembre, deberán remitirla a este tribunal. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación.

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