Ambar Jazmin Galvan Silva
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ambar Jazmin Galvan Silva
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Con Sede En, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. I. Primer oficio de cuenta. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio el oficio 595 remitido -vía ordinaria- por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 213/2023 (orden 320/2023) de este índice; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, ya que en auto de dos de junio de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el mismo y se acordó lo conducente. II. Segundo oficio de cuenta. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 657 remitido -vía ordinaria- por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Serdán, Puebla, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 243/2023 (orden 387/2023), del que se advierte la imposibilidad para notificar a la quejosa Ámbar Jazmín Galván Silva la determinación de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, pues de la razón respectiva se desprende que el diligenciario fue comunicado que la referida quejosa obtuvo su libertad el veintiséis de mayo pasado. Dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, respecto a la imposibilidad de notificar la referida resolución, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, puesto que la misma fue notificada al defensor público de la quejosa, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dicho defensor, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a la quejosa, aunado a que ésta ya no se encuentra privada de su libertad personal. III. Integración de expediente físico. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación sí se integrará al expediente físico dada su trascendencia, así como las promociones de cuenta, al haberse presentado físicamente. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El quince de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por un lado, sobreseyó la acción constitucional y, por otro, concedió el amparo a la quejosa ********************, respecto de la falta de celebrar la audiencia intermedia y de dictar el auto de apertura a juicio dentro de la causa penal ********************; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el seis de enero de dos mil veintitrés, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de quince de mayo del actual, finalmente, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la falta de celebrar la audiencia intermedia y de dictar el auto de apertura a juicio dentro de la causa penal ********************; lo anterior, porque esa falta derivó en una dilación en el procedimiento, en agravio de la quejosa ******************** y violatoria del artículo 17 Constitucional. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en lo siguiente: A. Se destacó que de los antecedentes derivados de la causa penal de origen, se advirtió que había culminado la etapa de investigación complementaria, pues por acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se había tenido a la fiscalía formulando acusación, por escrito, en contra de la quejosa y otros investigados; por ende, lo subsecuente, se dijo, era el desahogo de la audiencia intermedia y el dictado del auto de apertura a juicio, siempre que no se diera solución al asunto con alguna forma alternativa. B. No obstante lo anterior, se señaló que desde el año dos mil veintidós, los motivos por los cuales no se había logrado la celebración de la audiencia intermedia habían consistido en causas únicamente imputables a la autoridad y no a los acusados, entre ellos la quejosa, toda vez que no habían sido en virtud del ejercicio de defensa sino por las incomparecencias de la fiscal a la audiencia respectiva, por la falta de designación de asesor jurídico a las víctimas y ofendidos del delito, por no poder establecer contacto debido con los centros penitenciarios en donde se encontraban recluidos los acusados y por el nombramiento de la jueza de control como Consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. C. Por tanto, se indicó que asistía la razón a la quejosa cuando afirmó que la autoridad responsable había incurrido en una dilación en celebrar la audiencia intermedia, en contravención con el artículo 20, Apartado B, fracción VII, Constitucional y 113, fracción X, del Código Nacional; lo anterior, porque si bien tales preceptos establecían la prerrogativa del imputado a que fuera juzgado antes de cuatro meses si se trataban de delitos cuya pena máxima no excediera de dos años de prisión y, antes de un año, si la pena excediera de ese tiempo; lo cierto era que también regulaban una excepción a la regla: que la ampliación del plazo se debiera al ejercicio del derecho de defensa. D. Sin embargo, se refirió que la prolongación que se había suscitado en la causa de origen, no se debía a que se hubiera privilegiado ese derecho de defensa que asistía a la ahora quejosa sobre el derecho a que se le juzgara dentro del plazo previsto en la Constitución. E. Atento a los parámetros fijados por el Máximo Tribunal del País, este juzgado de distrito advirtió que si bien se trataba de un asunto con cierta complejidad, tomando en consideración el número de las personas implicadas (tanto acusados como víctimas), lo cierto era que había culminado la etapa de investigación complementaria y se había formulado acusación, por lo que, en términos probatorios, se señaló, no existía otra diligencia por desahogarse en la carpeta de investigación. F. Dicho en otras palabras, se consideró que desde que se había formulado acusación en contra de la ahora quejosa y el resto de las personas que fueron vinculadas a proceso, existían condiciones para celebrarse la audiencia intermedia, tomando en cuenta que el cierre de investigación complementaria no suponía la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofreciera datos de prueba ni para que combatiera los que obraban en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia, se precisó, tenía, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serían materia del juicio oral, según el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. G. Además, se estimó que los imputados tenían derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa podía ofrecer sus medios de prueba y combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que, se dijo, concluiría con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarían en juicio oral. Ello, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirían que la defensa ofreciera datos de prueba y combatiera los que se hubieren aportado por el órgano acusador y su coadyuvante. H. De ahí que se haya concluido que no resultaba razonable que desde que se tuvo por formulada la acusación por escrito -veinticinco de noviembre de dos mil veinte-, desde que se resolvió en definitiva el juicio de amparo promovido por la quejosa en contra de la resolución que la vinculó a proceso -dos de septiembre de dos mil veintiuno- y desde que se dio cumplimiento al fallo protector -cuatro de octubre de dos mil veintiuno-, a la fecha en que se resolvía el presente asunto -quince de diciembre de dos mil veintidós-, no se hubiera celebrado la audiencia intermedia, máxime que ese tiempo no había tenido justificación en el ejercicio de defensa de la quejosa y sus coacusados. I. En ese tenor, se indicó que se estaba ante una clara infracción al derecho humano de acceso a la justicia al no celebrarse la audiencia intermedia ni dictarse el auto de apertura a juicio, por causas no imputables a la quejosa sino a las autoridades que intervienen en el proceso. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Dictara una determinación dentro de la causa penal ********************, en la que convocara a las partes para la celebración de la audiencia intermedia, en términos del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual, debía asegurarse de que existieran todas las condiciones para que se llevara a cabo la misma, por decir algunas: i) que todas las partes se encontraran notificadas con la debida anticipación; ii) que tanto los acusados como las víctimas y ofendidos del delito se encontraran debidamente representados por sus defensores y asesores jurídicos -respectivamente-; iii) que para la fecha de la celebración de la audiencia, las áreas respectivas de los centros penitenciarios en los que se encontraran recluidos los acusados se encontraran preparadas, técnicamente (en audio y video), para llevar a cabo la audiencia por medio de videoconferencia (solo en caso de que se eligiera esta vía para tales efectos); y, iv) que la fiscal, el fiscal o los fiscales que iban a intervenir en el acto se encontraran apercibidos conforme a derecho en caso de no asistir a la misma (en caso de inasistencia injustificada, se debían hacer efectivos los apercibimientos decretados). 2. Celebrara la audiencia intermedia y dictara el auto de apertura a juicio, en los términos establecidos en los artículos 342 a 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Remitiera el auto de apertura a juicio al Tribunal de Enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pusiera a su disposición los registros, así como a los acusados, de conformidad con el último párrafo del artículo 347 del código nacional. 4. En caso de que alguna de las partes, propusiera la solución del conflicto a través de un medio alternativo o un medio anticipado, como el procedimiento abreviado, debía realizar las gestiones para que el mismo se desahogara y se dirimiera en el plazo que para tal efecto se le precisara cuando se le requiriera el cumplimiento al fallo y, desde luego, ajustándose a las previsiones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para dar margen a lo anterior, este órgano jurisdiccional efectuó las siguientes precisiones: Que si bien era cierto que en atención al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, previsto en el artículo 73, primer párrafo, de la ley de la materia, las sentencias que se pronunciaran se ocuparían de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, también lo era que no se desconocía que los efectos impresos con anterioridad podían beneficiar a diversos coacusados de la ahora quejosa; sin embargo, la autoridad debía proceder en términos del artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de advertir que la audiencia intermedia no se podía desahogar por causas que no eran imputables a la ahora quejosa sino a tales coacusados, por lo que, de ser necesario, se debía llevar a cabo la misma únicamente por cuanto a la quejosa, o bien, justificar la imposibilidad que se tuviera para ello, para que se valorara esa situación en el momento procesal oportuno. Que los efectos antes señalados se fijaban en función del acto reclamado declarado inconstitucional y con base en la etapa procesal en que se encontraba la causa penal de origen -fase escrita de la etapa intermedia-, por lo que para tener por cumplido el fallo, desde luego se requerirían las constancias que acreditaran la celebración de la audiencia intermedia, el dictado del auto de apertura a juicio y el acuse que probara que dicha determinación y los registros se habían presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, lo cual no conllevaba que se tuviera que justificar ante este órgano jurisdiccional el desahogo de las subsecuentes etapas. Que si bien el juez de control aquí vinculado al cumplimiento del amparo no fue señalado como autoridad responsable dentro del juicio, se le debía sujetar al mismo al ser una facultad de este órgano jurisdiccional, regulada en el artículo 197 de la Ley de Amparo. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia celebrada el once de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, realizó lo siguiente: 1. Accedió a la pretensión de la fiscalía, consistente en la culminación del conflicto penal a través del procedimiento abreviado, en términos de los artículos 205 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la quejosa ******************** y los diversos acusados; y, 2. En ese sentido, dictó sentencia condenatoria en contra de la quejosa, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones dolosas; imponiéndole, entre otras sanciones, una pena privativa de libertad de tres años y seis meses y una multa equivalente a 110 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de los hechos. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que accedió al medio anticipado de solución del conflicto penal propuesto por la fiscalía en favor de la quejosa y diversos acusados, consistente en el desahogo del procedimiento abreviado; y, enseguida, emitió el fallo condenatorio correspondiente, lo que implica que cesó la dilación reclamada en el presente asunto, que se hizo consistir en la falta de celebrar la audiencia intermedia y de dictar el auto de apertura a juicio dentro de la causa penal de origen. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Notificación a la parte quejosa. Por otra parte, en razón de que la quejosa ******************** se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, se ordena notificarle la presente determinación, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma, sin perjuicio de que a su defensor público, de igual forma, se le notifique de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto. Para dar margen a lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, Puebla, con sede en Ciudad Serdán, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a la quejosa ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 797/2022-; d) Notifique a la demandante constitucional la presente determinación y el oficio de cuenta; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si la quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. VI. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la quejosa ******************** vía despacho en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla-; así como a su defensor público ********************; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades con residencia foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés.********************I. Promoción de cuenta.********************Agréguese a los autos la misiva sinnúmero/2023/JC remitida -vía correo electrónico institucional- por 1. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual, informa que en audiencia de doce de mayo del año en curso, llevada a cabo dentro de la causa penal ********************, la quejosa ******************** solicitó la dispensa y explicación de la sentencia, y se le tuvo renunciando a los plazos para recurrir la sentencia aludida, por lo que se declaró ejecutoriada la misma.********************De lo anterior toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar.********************Por otro lado, se hace constar que la referida autoridad no adjuntó el registro de audio y video de la audiencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, celebrada en el citado controvertido penal; como lo afirmó en su oficio de cuenta.********************II. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse impreso.********************Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Información para el conocimiento de las partes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. Días inhábiles. Derivado de que en el Estado de Puebla se declaró la Fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta de volcán Popocatépetl, los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fueron declarados días inhábiles (no laborables), por caso fortuito, por lo que no corrieron los términos de ley, de conformidad a los informes signados por la Magistrada Adriana Matzayani Sánchez Romo, Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y por la Jueza Adriana Carmona Carmona, Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla. III. Oficio de cuenta. Agréguese a los autos el oficio 19701/2023/JC remitido por la autoridad responsable 1. Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual, informa el contenido del acuerdo emitido el quince de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 2545/2019/PUEBLA; asimismo, exhibe copia certificada de la sentencia escrita de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro de la referida causa penal. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación dada su trascendencia y la promoción de cuenta por haberse presentado físicamente. Notifíquese por lista a las partes.
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