Amayrali Ayala González

Expediente 1648/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1648/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Oralia González Fabela
  • Amayrali Ayala González
  • Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público de Zinacantepec, Estado de México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
  • Amayrali Ayala González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, sin que se precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin embargo, se concedió de la suspensión de plano sobre los actos aquí reclamados.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1648/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este Órgano Jurisdiccional; Oralia González Fabela y Amayrali Ayala González, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia Federal. SEGUNDO. Conocimiento y trámite del asunto. Mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 5 y 6), este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1648/2016; solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal; y, previo diferimiento, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto cuya ejecución tiene verificativo en el territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe precisarse que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Zinacantepec, México así como al Comisario General de la Policía Ministerial: El citatorio emitido por la Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno, de la Agencia del Ministerio Público de Zinacantepec, Estado de México, en las carpetas de investigación TOL/TOL/TOL/120/075399/16/10 y TOL/TOL/00/MPI/063/02156/16/10; así como la ejecución. Lo anterior, pese a que la quejosa en su demanda expresó que señalaba esencialmente como acto reclamado una orden de detención; sin embargo, de las constancias que se allegaron al presente expediente se desprendió la citación aludida, por tanto, se tiene en este juicio constitucional, como acto reclamado el mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Zinacantepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye y, para apoyar aquél, remitió copia certificada de las actuaciones de las carpetas de investigación TOL/TOL/TOL/120/075399/16/10 y TOL/TOL/00/MPI/063/02156/16/10 de su estadística (foja 12). Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y de las mismas se desprende que existe el acto reclamado precisado anteriormente. Asimismo, se estima cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable ejecutora, Comisario General de la Policía Ministerial, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación (foja 8). CUARTO. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito considera que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicha disposición hace referencia a la fracción I del numeral 5°, también de esa legislación, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo anterior es dable decir, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; en el entendido de que el quejoso es el titular, en el caso, de un derecho subjetivo o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1o de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe decir además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013 Tomo 3, página 1854, materia común, Décima Época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Precisado lo anterior, a continuación se reseñan brevemente las principales constancias que obran en las copias certificadas que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado: El nueve de octubre de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público de Investigación dio inicio a las carpetas de investigación TOL/TOL/TOL/120/075399/16/10 y TOL/TOL/00/MPI/063/02156/16/10, atento a la denuncia formulada por Silvia González Rivas en contra de Oralia González Fabela y Amayrali Ayala Gonzalez (foja 16); En la propia data, el fiscal emitió un citatorio dirigido a Oralia González Fabela y Amayrali Ayala Gonzalez para que comparecieran ante la responsable el ocho del mes de noviembre de ese mismo mes y año a las doce horas para la práctica de diligencias de carácter ministerial. Ahora bien, como ya quedó de manifiesto, el acto reclamado corresponde a un citatorio dirigido a Oralia González Fabela y Amayrali Ayala Gonzalez, para que se presentaran en determinada fecha y hora ante el agente del Ministerio Público de origen a fin de que rindieran su entrevista dentro de las carpetas de investigación citadas; lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto de autoridad que pueda afectar o restringir su libertad personal, como lo aducen. Lo anterior es así, porque de inicio, por citatorio debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22.ª, publicada en 2001, como el documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, dicho sea de paso, por citar debe entenderse, en lo que interesa, avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio; o bien, en Derecho, notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Además, los párrafos primero y segundo del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que resulta ser la legislación procedimental que corresponde a los actos realizados dentro de la carpeta de investigación, establecen lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. [.] De lo anterior, se advierte que un citatorio emitido por una autoridad como en el caso corresponde a la agente del Ministerio Público, no es otra cosa, más que el mero aviso de dicha autoridad a la aquí quejosa, para que comparezca o se presente en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión; sin que ello represente un acto de molestia a la destinataria del aviso, pues de ninguna manera se le está obligando a comparecer, pues bien pueden no acudir a la cita, tal y como aconteció en el presente asunto; de ahí que en el caso no se da el segundo requisito para tener por constituido el interés jurídico de las quejosas, a fin de promover el juicio de amparo contra dicho citatorio, relativo a la afectación de un derecho subjetivo y en esa medida el juicio de amparo resulta improcedente y por tanto debe sobreseerse en el presente. Lo anterior, sin que sea óbice que en el acuerdo en el cual se ordenó citar a la quejosa, se haya asentado que el Ministerio Público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer; ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarle alguna medida, tendrán expedito su derecho de acción para promover el correspondiente juicio de amparo contra la misma. El anterior criterio ha sido sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 236/2016. Consecuentemente, al actualizarse la referida causal de improcedencia lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por no haberse combatido por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende del acto atribuido a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Oralia González Fabela y Amayrali Ayala González por su propio derecho, respecto del acto reclamado que quedó precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerativo de esta resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido del Secretario Jaime Arzate Romero que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, del que se advierte que en razón actuarial de veinticinco anterior se hizo constar el emplazamiento a la parte tercero interesada; por tanto, a fin de que transcurra el plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y se fijan las once horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa. Ahora, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesada a Silvia González Rivas, quien tiene su domicilio en: calle Camino al Panteón número exterior sin número, colonia San Pedro Tejalpa, código postal 51383, municipio de Zinacantepec, Estado de México; en consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios para que se constituya en el domicilio antes precisado, y con copia simple del escrito inicial de demanda y auto admisorio, la emplace a juicio. Asimismo, la requiera con fundamento en el artículo 27, fracción I (primer párrafo), y fracción II (segundo párrafo), de la Ley precitada, para que dentro del término de tres días al en que sea notificada del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional, esto es, el municipio de Toluca, o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado, es decir, el municipio de Metepec; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le tendrá como domicilio para tales efectos las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

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