Amaury Torres Valdovinos
Expediente 784/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Amaury Torres Valdovinos
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno en el conflicto competencial 16/2020 de su índice, que en su punto resolutivo indica: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos Amaury y Jesús Armando, ambos de apellidos Torres Valdovinos, en contra de los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, archívese este expediente como asunto concluido y acúsese recibo. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese el oficio remitido electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal el Segundo Circuito, por el que informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, e informa que se registró con el número 16/2020; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio remitido vía electrónica por el cual el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México informa que insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Estado de México y otras autoridades, por lo que ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial planteado; circunstancias de las que se toma conocimiento.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, al que anexa el juicio de amparo 732/2020-III-A, toda vez que ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente con el número 784/2020-III y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. El juez federal determinó declinar su competencia para conocer de los actos combatidos en la demanda de amparo bajo el argumento toral de que en la especie se surte el supuesto jurídico contenido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que será competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito del lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados. Sin embargo, en respetuoso disenso, no se comparte dicho criterio, por las razones que se expondrán enseguida. La lectura al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite establecer, en principio, que la competencia por razón de territorio recae en los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicho precepto constitucional, el legislador ordinario contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del artículo 37 de la normatividad de la materia. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención, esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. Y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, los promoventes se duelen de la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención girada en su contra, para lo cual manifestaron bajo protesta de decir verdad que su domicilio se ubica en el municipio de ********************, que el diecisiete de los cursantes fueron detenidos y puestos a disposición de un "Juzgado de Control en Toluca", que se les otorgó la libertad pero que se les informó que serían nuevamente aprehendidos. Sentado lo anterior, es importante destacar que, si bien el domicilio particular de los agraviados se ubica dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, tienen facultades para actuar en todo el Estado de México, no sólo en Naucalpan, sino también en Toluca, metrópoli en la que fue presentado el líbelo constitucional que nos ocupa, pues el impetrante no especificó a qué distrito judicial pertenece el juez de control, ni la sede o delegación en que se ubican las restantes responsables. Lo anterior demuestra que el órgano jurisdiccional declinante igualmente es competente para conocer de este asunto, porque es en esta última demarcación territorial (Toluca) donde ejerce su jurisdicción y, como se dijo, las responsables pueden actuar también en esa ciudad. Bajo esa óptica, se considera que la competencia debe establecerse tomando en consideración que, dada la naturaleza del acto, su ejecución puede realizarse en más de un Distrito, por lo que en este supuesto es competente el Juez ante el que se presentó la demanda de amparo. Sobre esa misma línea debe decirse que, tratándose de actos que requieren de ejecución material -como en el caso sucede por tratarse de actos que pretenden privar de la libertad a los impetrantes-, un parámetro válido para determinar en qué lugar debe verificarse el acto reclamado no sólo es el lugar donde los quejosos, bajo protesta de decir verdad, indican el lugar en que residen, sino también la residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. Así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 12/95, de contenido: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." También es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 2/95 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, que indica: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella." Máxime, que, como se dijo, la parte quejosa en su escrito de demanda designó a autoridades responsables en su carácter de ordenadoras y ejecutoras cuyo ámbito de competencia no se limita al municipio de Naucalpan, sino a todo el Estado de México. No se soslaya que el homólogo federal haya sustentado su determinación de incompetencia en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el suscrito considera que tal criterio no puede ser aplicado literalmente, en razón de que esa ejecutoria parte de supuestos jurídicos distintos de los que motivaron el presente asunto; es decir, en todos los juicios de amparo de los que emanaron los conflictos competenciales que contendieron en la contradicción de tesis, los quejosos en sus respectivas demandas no señalaron como autoridades responsables ejecutoras a ninguna dentro de la circunscripción territorial de los Jueces de Distrito ante quienes promovieron; en cambio, en la demanda de amparo que dio origen al expediente 732/2020-III-A todas las autoridades responsables -ordenadoras y ejecutoras- están posibilitadas de actuar dentro del territorio en que ejerce jurisdicción el juez oficiante, por lo que es válido establecer que existe un indicador objetivo y real de que los actos reclamados también puedan ejecutarse en la ciudad de Toluca, a pesar que el domicilio de los agraviados se ubiquen en ********************. Además, hay que tomar en cuenta que si los peticionarios de amparo presentaron su demanda de amparo en Toluca y varias de las responsables residen en esa metrópoli (por encontrase en ese sitio la sede de la Fiscalía General de Justicia de esta entidad), es lógico establecer que así pueden contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo que les brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estimen pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Es más, en la hipótesis de que el homólogo federal previniera a los promoventes para que aclararan si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en ********************, aun así se surtiría la competencia a su favor, debido a que inicialmente se designaron diversas autoridades con el carácter de ejecutoras que pueden ejecutar los actos combatidos en Toluca, y en ese sitio fue presentada la demanda de amparo, por lo que, en todo caso, será hasta la audiencia constitucional en que el Juez de Distrito oficiante podrá declararse incompetente y remitir lo actuado al órgano que resulte competente para que dicte la sentencia correspondiente, siempre y cuando las autoridades ejecutoras que se encuentran dentro de su jurisdicción nieguen la existencia de los actos reclamados y los peticionarios de amparo no aporten prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En esos términos se basó el Pleno del Máximo Tribunal del país en la jurisprudencia P./J. 9/2001, que señala: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." En razón de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; en consecuencia, devuélvasele el juicio de amparo que nos ocupa y las copias de traslado, solicitándole atentamente informe lo que tenga a bien acordar con relación a lo aquí expuesto para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, con copia autorizada del presente proveído y de la demanda de amparo fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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