Amaury Santamaría Sánchez Martínez
Expediente 769/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2022
Partes del expediente
- Amaury Santamaría Sánchez Martínez
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Archivo. Ahora bien, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente dice: 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve Amaury Santamaría Sánchez Martínez, en contra de actos reclamados del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 5, 13, 14, 16, 19, 21 y 22, constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 769/2021-I registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. En términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se debe analizar, ante todo, si del escrito de demanda deriva o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, desecharla. Por manifiesto se entiende que el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis del escrito inicial de la demanda de amparo, se desprende que la misma no cuenta con firma electrónica del promovente Amaury Santamaría Sánchez Martínez. De todo lo reproducido, se aprecia que el artículo 3º de la Ley de Amparo, prevé que la tramitación del juicio de amparo indirecto podrá efectuarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. De esa forma, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, si la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Ahora bien, el escrito de demanda que se provee no cumple con lo establecido en los artículos citados en párrafos precedentes, habida cuenta que no contiene la firma electrónica de la promovente Amaury Santamaría Sánchez Martínez, en conformidad con lo que establece la Ley de Amparo y la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no se tiene la certeza de que la misma fue presentada por la parte quejosa y convierte la promoción realizada en un documento anónimo o privado de autenticidad; lo anterior no obstante que aparece firma electrónica de Annet Itzel De la Riva Godínez, lo cual no sustituye la voluntad de la parte promovente. Bajo ese marco legal, es evidente que la falta de firma del promovente, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad de la parte quejosa para promover la demanda de amparo. De ese modo, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En tales condiciones, la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente Amaury Santamaría Sánchez Martínez, misma de la cual derivase su nombre, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, implica que fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia.
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