Amaury Rodríguez Díaz y Otros.
Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Amaury Rodríguez Díaz y Otros.
- Amaury Rodríguez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la primera certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa ***, hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa ***, pudieron recurrir en revisión el auto de trece de julio de dos mil veintidós, en este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. Aun cuando se tuvo por no presentada la demanda de amparo por el quejoso *** y sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo por la parte quejosa ***, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello "DEPURABLE" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, mediante el cual, en atención al proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, remite copias certificadas de los expedientes relativos a los quejosos ***, asimismo, copias certificadas de las actas circunstanciadas de ocho de julio de dos mil veintidós de los quejosos ***. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, téngase por cumplido el requerimiento de mérito y déjese sin efectos le apercibimiento realizado. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que respecto de los quejosos ***y por cuanto hace al acto reclamado consistente en la dilación en el trámite de expedición de las constancias de solicitud de refugio, en virtud de que les dio cita para tal efecto, hasta el ***de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De dicho artículo, se advierte que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en comento son: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b. Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; c. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, d. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, en virtud de que en el presente caso, se advierte que el Jefe de Departamento de Registro 5 de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante resoluciones emitidas el trece de junio de dos mil veintidós, en los expedientes 238391 y 238388; respectivamente, expidió a los quejosos ***, la constancia de trámite de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. En ese orden de ideas, se advierte que los quejosos ***, obtuvieron la constancia de trámite de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a los actos reclamados. Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por lo anterior, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse dictado una resolución por la cual a los quejosos ***, se les expidió la constancia de trámite de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los citados impetrantes de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la ciada Ley. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse combatido por vicios propios, sino por ser una consecuencia legal y directa de lo reclamado a la ordenadora. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS Por otra parte, respecto de los quejosos ***, este órgano jurisdiccional, de manera oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI1, de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado por los impetrantes de amparo consistente en la dilación en el trámite de expedición de las constancias de solicitud de refugio, en virtud de que les dio cita para tal efecto, hasta el veinte de junio de dos mil veintidós, como a continuación se destacará: En principio, debe indicarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". 2685/98 y 348/99, de donde derivó la tesis de jurisprudencia 59/99, estudió el contenido de la fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, de igual confección a la actual XXI, del mencionado ordinal 61. En ese fallo se dijo, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer y el término "efecto", lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el cual se hace algo; la Segunda Sala añadió, las consecuencias jurídicas del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de la actuación combatida. Precisó, ello también ocurre cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la motivante del amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido; agregó el Alto Tribunal, bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa la autoridad emitente deja de invadir la esfera jurídica del quejoso, al culminar su actuación, implica, además de la detención definitiva de los actos de autoridad, la desaparición total de sus consecuencias. Expuso, la situación puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de lo combatido, pues es patente la justificación de la improcedencia de mérito es lo ocioso de examinar la constitucionalidad de una actuación que cesó de surtir efectos, tampoco los surtirá, ni dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Añadió, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el objeto justificante de la existencia e importancia del juicio de amparo, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 80 de la Ley de la Materia - abrogada, el cual indicó, es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, restableciendo las cosas al estado previo a su transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y si es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetarlo y a cumplir lo exigido en derecho. La Segunda Sala sostuvo, en términos de la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, es improcedente la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Arribó el Máximo Tribunal, a la plena convicción la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de lo impugnado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, tampoco dejó huella. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También, sirve de sustento a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Registro 196820, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo** Sobre esa base, se afirma como se dijo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las copias certificadas de las actas circunstanciadas de ocho de julio de dos mil veintidós, relativas a los quejosos ***, se desprende que no comparecieron a las citas que tenían programadas para el veinte de junio de dos mil veintidós (fojas 203, 205 y 207), con la finalidad de dar continuidad a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que presentaron ante la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, con residencia en esta ciudad. Documentales a las que se le otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de dicho ordenamiento, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se han dejado de afectar los derechos de los solicitantes de amparo; ello en virtud de que los quejosos ***, no comparecieron a las citas que tenían programadas para el veinte de junio de dos mil veintidós, con la finalidad de dar continuidad a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que presentaron ante la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, con residencia en esta ciudad, tal y como se desprende de las copias certificadas de las actas circunstanciadas de ocho de julio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Novena Época, con número de registro: 197367, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo respecto de los quejosos ***. Se precisa que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor desde el día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haberse integrado con la ley anterior, continúan rigiendo y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretaria respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las doce horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***. Finalmente, se precisa que en el presente auto no se realizó pronunciamiento alguno respecto de ***, toda vez que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 88 a 93), se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de dicho quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), mediante el cual, en atención al proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, remite copia certificadas electrónicamente de los citatorios a nombre de los quejosos ***; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento de mérito y déjese sin efectos el apercibimiento ahí realizado. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se desprende que en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se reservó a proveer lo conducente respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable de referencia, hasta en tanto dicha autoridad remitiera las copias certificadas de los citatorios descritos con antelación, lo cual ya ha acontecido en esta data. Por ende, dese vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa con el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas; y dese nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que remite dicha autoridad responsable, pruebas que se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias de cuenta dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. Tiene aplicación por identidad jurídica la tesis número XXI.2o.16 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril del 2001, Tomo XIII, página 1081, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Debe decirse que la aplicación de la tesis citada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. DOMICILIO, DELEGADOS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Sin que haya lugar acordar lo relativo a los delegados, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el uso de medios electrónicos que refiere la autoridad responsable, toda vez que son los mismos que indicó al rendir su informe de suspensión de plano, de lo cual se proveyó lo conducente en proveído de diecinueve de mayo del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del que se desprende que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: 1. La dilación en el trámite de expedición de las constancias de solicitud de refugio; y 2. La posible deportación. Asimismo, de autos se advierte que mediante proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se recibió el escrito signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, mediante el cual remitió copia de los citatorios a nombre de los quejosos ***, de los que se desprende que el veinte de junio del año en curso, fue la fecha indicada para que los impetrantes de amparo comparecieran ante la referida responsable, a efecto de iniciar trámites de solicitud de refugio en territorio mexicano; sin que se tenga conocimiento de las determinaciones recaídas respecto de dichos citatorios. Atento a lo anterior, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a este órgano jurisdiccional las determinaciones recaídas respecto de los referidos citatorios expedidos a los aquí quejosos, remitiendo copias certificadas de las constancias que acrediten dichas actuaciones. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.
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