Amaray Martínez Miranda

Expediente 1700/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1700/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Amaray Martínez Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA 2 SE SOBRESEEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA 2.-AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, mediante auto de uno de octubre de dos mil veintidós (fojas 16 a 30), se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1700/2022-2, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de octubre de dos mil veintidós, por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Ángel Zepeda Calvo en representación de Amaray Martínez Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO I.- La incomunicación de la directo quejosa (.) II.- La deportación de la directa quejosa (.) III.- La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano (.) IV.- El aseguramiento de la directa quejosa en las instalaciones de la Estación Migratoria (.) V.- La falta de atención médica de la directo quejosa." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco. 2 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 3 Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 4 Jefe de Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. El uno de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1700/2022-2; se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se comisionó a la actuaria judicial de la adscripción para que notificase personalmente al quejoso en el domicilio de la autoridad responsable y diera fe de su estado físico; se requirió a la parte quejosa para que ratificasen la demanda, con el apercibimiento que de no atender lo anterior, se tendría como no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Tras la diligencia de notificación personal de uno de octubre del actual, de donde se desprende que la directa quejosa ratificó su demanda de amparo, el dos de octubre se admitió a trámite el asunto, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, toda vez que ya se había efectuado el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada con antelación; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La privación de la libertad. Deportación. Incomunicación. Omisión de proporcionar atención médica. TERCERO. INEXISTENCIA. Respecto de los actos identificados con los incisos b. y c. del considerando precedente, son inexistentes. Lo anterior, dado que así lo manifestó la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, al rendir, tanto su informe relativo a la suspensión de plano, como el informe con justificación. Condición que se corrobora con el análisis de las constancias relativas al procedimiento administrativo que, en materia migratoria se sigue a la quejosa, que adjuntó en copia certificada, que obran agregadas en autos, de las cuales no se desprende orden de deportación, expulsión o repatriación e incluso, mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintidós se le autorizó visita al quejosa, así mismo en la diligencia esa misma data, se otorgó llamada telefónica para que se comunicasen con su representante legal y se programase su solicitud de salida de la estación migratoria. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 227634, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Aunado a que, cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa el impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por otro lado, idéntica calificativa de inexistencia merece el acto identificado con el inciso d. del considerando segundo de esta ejecutoria, relativo a la falta de atención médica de la directa quejosa. Esto es así, ya que, aunado a la negativa que al respecto adujo la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, de la constancia levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano de amparo en cumplimiento a lo ordenando en el proveído de radicación de uno de octubre de dos mil veintidós, se constituyó en la estación migratoria de esta ciudad, donde se entrevistó con la quejosa Amaray Martínez Miranda, y dio fe de su estado físico, la atención y las condiciones en que se encontraba de la siguiente manera: "doy fe de tener ante mi presencia una persona del sexo femenino quien refiere ser la quejosa, a quien a simple vista no le advierto alguna lesión o hematoma, lo que corroboro con su propio dicho, al manifestar que no ha recibido ningún tipo de agresión física (.)" Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los numerales 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por la funcionaria facultada para ello dentro del ámbito de sus funciones. Inspección que además se ajusta a los parámetros que ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver el amparo en revisión 256/2013, estimó que los órganos de control constitucional al analizar los reclamos relativos a actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos degradantes, tienen la obligación de analizarlos de manera individual y autónoma, por lo que resulta indispensable allegarse de los elementos que sean necesarios para dirimir sobre la existencia de los mismos. De tal razonamiento surgió la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, materia común, décima época, registro digital 2018533, de rubro y texto: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." En esa medida, -contrario a lo alegado en el libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que la quejosa, además de no presentar alteraciones físicas, tampoco requirió medicación particular ni tampoco le hizo saber a la funcionaria federal que hubiese solicitado a la autoridad administrativa responsable algún tipo de atención médica. Aunado a que existe la constancia de atención médica, por el doctor Miguel Alberto Acosta Cruz. En consecuencia, de todo lo anterior para efectos del presente juicio de amparo, tampoco se le ha mantenido incomunicada, ni mucho menos se ha iniciado un procedimiento que culmine con su deportación, expulsión o repatriación. Por lo que, ante la inexistencia del acto mencionado se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos en estudio en el presente considerando y de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis del informe justificado rendido por la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, se advierte la existencia del acto reclamado RELATIVO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSA. La afirmación anterior se corrobora con las diversas constancias que la responsable acompañó, tanto al informe de cumplimiento de la suspensión de plano así como al justificado; consistentes en la copia certificada del expediente administrativo migratorio de Amaray Martínez Miranda. De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace al acto reclamado, de las constancias que acompañó la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, se advierte que si bien es cierto que en su momento la quejosa estuvo bajo resguardo en la instalaciones de dicha autoridad migratoria, también lo es que tras analizar su situación administrativa, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en la presente controversia constitucional, se dictó acuerdo por el cual se les dio salida provisional de la estación migratoria a las diecisiete horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Tal salida con el objeto de proseguir su procedimiento administrativo bajo control de firma periódica. En mérito de lo anterior, resulta evidente que en la fecha en que este órgano de amparo resuelve este sumario constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por tanto, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en representación del Titular o Director; Titular de la Oficina de Representación; Director de la Estación Migratoria, y Jefe de Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todas del referido Instituto, autoridades señaladas como responsables; mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de uno de octubre del año actual; asimismo, remite copia certificada de las documentales relativas al procedimiento administrativo migratorio iniciado a la quejosa Amaray Martínez Miranda; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan a su contenido. En términos del artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó en el informe que se provee. Notifíquese.

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