Amando Guevara Tellez
Expediente 842/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Amando Guevara Tellez
Actuaciones
- Principal
En esta misma fecha, el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con la certificación que antecede. Conste. Pachuca, Hidalgo, tres de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de trece de julio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******* en su carácter de apoderado legal de Amando Guevara Téllez, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el diez de julio actual, se resolvió en definitiva el presente juicio de garantías, mismo que fue dado de baja a esta secretaría el día doce siguiente, tal como consta en la libreta de control que al efecto se lleva en este juzgado Federal. En consecuencia de lo anterior, se ordena agregar a los autos el cuaderno provisional formado el treinta y uno de mayo del año en curso, para que obre como corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos para que obren como correspondan los escritos signados por el quejoso José Abel Carballal Athie; en atención al contenido del primero de ellos, por medio del cual interpone recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia de lo anterior, téngase a la parte quejosa interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia terminada de engrosar el diez de julio actual, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución aludida; por lo que con copia simple del escrito de interposición de revisión y expresión de agravios, córrase traslado a las partes. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Es aplicable al particular, la tesis 2ª./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XX, septiembre de 2004, página 306, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Finalmente y respecto del segundo de los escritos signados por el quejoso José Abel Carballal Athie, mediante el cual solicita se le informe respecto de diversas actuaciones dictadas en la causa penal 43/2015; en su atención, indíquesele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez si bien es cierto el proceso penal al que hace referencia corresponde al índice de este Juzgado Federal, también lo es que el juicio de amparo en que se actúa no guarda relación alguna con el sumario penal al que hace referencia; por lo tanto, se le deja expedito su derecho para que solicite la información que requiere en el expediente correcto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el diez de julio actual, se resolvió en definitiva el presente juicio de garantías, mismo que fue dado de baja a esta secretaría el día doce siguiente, tal como consta en la libreta de control que al efecto se lleva en este juzgado Federal. En consecuencia de lo anterior, se ordena agregar a los autos el cuaderno provisional formado el treinta y uno de mayo del año en curso, para que obre como corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos para que obren como correspondan los escritos signados por el quejoso José Abel Carballal Athie; en atención al contenido del primero de ellos, por medio del cual interpone recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia de lo anterior, téngase a la parte quejosa interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia terminada de engrosar el diez de julio actual, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución aludida; por lo que con copia simple del escrito de interposición de revisión y expresión de agravios, córrase traslado a las partes. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Es aplicable al particular, la tesis 2ª./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XX, septiembre de 2004, página 306, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Finalmente y respecto del segundo de los escritos signados por el quejoso José Abel Carballal Athie, mediante el cual solicita se le informe respecto de diversas actuaciones dictadas en la causa penal 43/2015; en su atención, indíquesele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez si bien es cierto el proceso penal al que hace referencia corresponde al índice de este Juzgado Federal, también lo es que el juicio de amparo en que se actúa no guarda relación alguna con el sumario penal al que hace referencia; por lo tanto, se le deja expedito su derecho para que solicite la información que requiere en el expediente correcto. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE TRECE DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Arturo Galicia Aguilar en su carácter de apoderado legal de Amando Guevara Téllez, contra los actos que reclama de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 842/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 1546/2016, por virtud del cual la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo desechó la prueba documental marcada con el numeral 7, por no estar ofrecida conforme a derecho. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 y con la fracción III del normativo 172 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En efecto, respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 1546/2016, por virtud del cual la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo desechó la prueba documental marcada con el numeral 7, por no estar ofrecida conforme a derecho, todo ello durante la fase de ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro el mencionado juicio laboral, sólo constituye una mera transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación al 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior es así, pues no se afectan los derechos sustantivos de la persona agraviada, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado del laudo correspondiente, en que el material probatorio es valorado, el que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso dicho fallo definitivo, en que se podrá hacer valer dichas violaciones procesales. Tiene aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Arturo Galicia Aguilar en su carácter de apoderado legal de Amando Guevara Téllez, contra el acto de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y otras autoridades. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como lugar de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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