Amando Emanuel Bravo Herrera
Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Amando Emanuel Bravo Herrera
Actuaciones
- Principal
SE AGREGAN SOBRES DEVUELTOS ÚNICAMENTE PARA QUE OBREN COMO CORRESPONDA, YA SE ORDENÓ EL ARCHIVO
- Principal
JUZGADO DÉCIMOCUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN COATZACOALCOS, INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DEL ASUNTO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES.
- Principal
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN COATZACOALCOS, DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Radicación de demanda Téngase por recibida la demanda de amparo promovida Amando Emanuel Bravo Herrera a favor de Norberto Manuel Bravo Ramírez y Cynthia Tomasa Rodríguez Domínguez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Acayucan, y de otra autoridad. Registro de expediente Regístrese en el libro de gobierno bajo el índice 344/2022, así como en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese expediente impreso. Precisión de los actos reclamados Así, del análisis integral de la demanda de amparo, de la que subyace su causa de pedir, se advierte que se reclaman los siguientes actos: CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 2 ? La privación de libertad que implica el alojamiento, detención o presentación. ? Deportación, expulsión y repatriación. ? Incomunicación y demás actos prohibidos por el Artículo 22 de la constitución y 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, toda vez que, de la demanda promovida sea advierte que los directos quejosos se encuentran alojados en un centro migratorio y que se reclamaron actos de naturaleza urgente previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, a juicio del suscrito es suficiente, para proveer sobre estos del modo siguiente: Suspensión de plano respecto de la privación de libertad que implica el alojamiento, detención o presentación. En principio, del análisis al escrito de demanda, se advierte presuntivamente que la detención y/o privación de la libertad en contra de la parte quejosa, se efectuó fuera de un procedimiento administrativo; por lo que, las autoridades responsables trastocaron su derecho humano a la libertad personal, sin que exista -hasta este momento- la certeza que se ha instruido en su nombre algún procedimiento migratorio; por tanto, el suscrito estima que sobre los actos en cuestión es oportuno dar tratamiento en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, a fin de salvaguardar los derechos humanos de la parte quejosa. Así, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 3 ??????????????? entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo, tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En ese sentido, este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de dos mil trece, que refiere: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención: 1. Excepcionalidad de la detención La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimiento administrativos sancionadores. En el caso de personas solicitantes de asilo y refugiadas, la no sanción por ingreso irregular está prevista en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional proporcional al objeto que se CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 4 busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. Además, siempre se debe garantizar el derecho al debido proceso, incluida la revisión judicial de la legalidad oportunidad de la medida. 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 5 ??????????????? Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. 3. Verificación de las condiciones de la detención Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 6 Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 7 ??????????????? orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos. Se pueden dictar este tipo de medidas para evitar mayores daños a las personas migrantes o sujetas de protección internacional. Para su emisión y supervisión, se debe tomar en consideración la opinión de las personas, los posibles daños a terceras personas, así como los elementos que puedan determinar su éxito." Es necesario establecer que el referido protocolo no es fundamento legal para el dictado de resoluciones, como lo señala la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN"; sin embargo, aunque dicho protocolo no sea vinculante, constituye una herramienta que sirve de pauta para guiar a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecua a los criterios nacionales e internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 8 que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."1 Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. 1Tesis: 1a. CCLXIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 8, julio de 2014, tomo I, página 162, registro digital 2006882. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 9 ??????????????? En ese tenor, con fundamento en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO del acto consistente enla privación de libertad que implica el alojamiento, detención o presentación, para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, realicen lo siguiente: - De no existir causa legal diversa que lo impida, instruyan la libertad de la parte quejosa, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: -La medida suspensiva aquí concedida no surtirá sus efectos si los hechos o autoridades son distintos a los descritos en su demanda de amparo. -Por otro lado, la medida cautelar concedida no surtirá efecto alguno si los quejosos se encuentran detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión o mandamiento emitido por autoridad judicial, ministerial o si se les sorprende en la comisión de flagrante delito, situación esta última en la que será puesta sin dilación, ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo y los términos que señala el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional. Ahora bien, en caso de que la afectación a la libertad derive de un procedimiento migratorio, la suspensión surtirá sus efectos sólo si a satisfacción de la autoridad migratoria competente, la parte CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 10 quejosa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1022 de la Ley de Migración. En el entendido de que la suspensión concedida no implica que las autoridades responsables ordenen la libertad de los quejosos, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que establece los requisitos que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, debe acreditar para continuar su trámite en libertad. Sin perjuicio de que la parte quejosa, se acoja al estipulado en el artículo 1013 de la Ley de Migración, siempre y cuando, no exista impedimento legal alguno para otorgar tal beneficio. Con base en lo anterior, se hace la precisión que, la suspensión de plano concedida por este juzgado respecto al acto reclamado que se analiza, implica que la autoridad migratoria, previa petición de parte, deberá ponderar si decreta alguna de las medidas previstas en el 2 Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. 3 Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 11 ??????????????? citado artículo 102 del ordenamiento migratorio, o bien, justificar la necesidad del alojamiento. En la inteligencia que, si las autoridades migratorias determinan justificar su alojamiento, no implica desacato a la suspensión de plano, pues el cumplimiento a dicha medida cautelar sobre el acto en estudio, se agota con la sola emisión del pronunciamiento antes mencionado. Es aplicable la tesis aislada I.20o.A.20 A (10a.) de Tribunales Colegiados, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3550, Registro digital: 2016410, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 12 como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada". Suspensión de plano deportación, expulsión o repatriación En torno a los actos relativos, se aprecia que los directos quejosos tienen temor de que se ejecuten en su perjuicio alguna orden de devolución a su país de origen, lo que se traduce en su deportación, expulsión y repatriación. En lo tocante a la suspensión de plano cuando el acto reclamado sea de esa naturaleza, la Ley de Amparo dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 13 ??????????????? sus derecho agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal". "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Atento a tales dispositivos legales, con fundamento además en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos y 15 de la Ley de la Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que no se ejecute orden de deportación, expulsión o repatriación, en contra de los quejosos Norberto Manuel Bravo Ramírez y Cynthia Tomasa Rodríguez Dominguez, y queden a disposición de este juzgado en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a sus libertades personales. Apoya las consideraciones antes vertidas, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 14 migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Suspensión de plano sobre la incomunicación y demás actos prohibidos En torno al acto relativo a la incomunicación, a juicio del suscrito es suficiente, por el momento, para otorgar la medida cautelar solicitada; por lo que, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para los efectos siguientes: i) Cesen de inmediato los actos de incomunicación y se permita el acceso a sus familiares, así como al abogado defensor de la parte quejosa, para que tengan comunicación libremente y no se encuentren en estado de indefensión o incertidumbre. ii) Del mismo modo cese cualquier acto tendente a afectar la integridad personal y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional que se estén ordenando o ejecutando en agravio de éstos. En el entendido que esta medida deberá ser observada y respetada por las autoridades señaladas CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 15 ??????????????? como responsables e inclusive por sus auxiliares, y queda a su cargo comunicar a este Juzgado dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, el debido cumplimiento de esta medida suspensional. Se reitera, las autoridades deberán abstenerse de ejecutar cualquier acto que vulnere la integridad corporal y el derecho a la vida, tales como penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, tormento o tortura. De igual modo, y como medida para proteger su integridad física, deberán girar instrucción a los agentes a su cargo para que se abstengan de ejecutar los actos reclamados por los quejosos. Requerimiento a las autoridades responsables Se conmina a las autoridades que deberán informar dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 16 Se autoriza a las autoridades responsables por única ocasión, que rindan sus informes a la suspensión de plano a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción vía teléfono celular con la secretaria Particular. Incompetencia Ahora bien, el suscrito juzgador estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como también por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se Divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por los razonamientos que a continuación se exponen. El citado artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto transcrito preconiza tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 17 ??????????????? 1.- A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2.- Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, 3.- Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio constitucional, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral, debe traer como consecuencia la determinación referente a si tal acto requiere ejecución material o no, para estar así en condiciones de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora, en la demanda de amparo, se advierte que los promoventen reclaman, la privación de libertad que implica el alojamiento, detención o presentación, Deportación, expulsión y repatriación, Incomunicación y demás actos prohibidos por el Artículo 22 de la constitución y 15 de la Ley de Amparo, quienes mencionan que se encuentran detenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; es decir, los actos reclamados se ejecutaron o se están ejecutando fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; luego, es evidente que quien tiene competencia para conocer del presente asunto, lo es, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 18 el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, cuya jurisdicción se encuentra en el lugar donde se encuentran los quejosos y así como donde están las autoridades responsables que tienen en custodia a los impetrantes, en razón de que bajo protesta de decir verdad, así lo expresa el inconforme promovente en la demanda constitucional que insta. En ese contexto, es evidente que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la mencionada demanda, pues el lugar citado lugar donde se ejecutó, ejecuta o ejecutaran los actos reclamados, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. En sustento de lo anterior, se invoca la jurisprudencia consultable en la página 53, del Volumen 66, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 238543 que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO.- La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 19 ??????????????? a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo". En ese escenario, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la presente demanda y, considera legalmente competente, en razón de territorio para conocer de la demanda propuesta, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno. En consecuencia, en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo a dicho juzgador, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o no de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión. Fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 20 Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arely Anzueto Mendoza y Danira Viridiana Sánchez García, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AJENAS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN En virtud que en la presente resolución se provee sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, gírese atento EXHORTO al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, EN TURNO, para que en auxilio de la justicia federal y de no existir impedimento legal alguno, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: 1. Comisione a quien corresponda para que notifique y haga entrega del oficio 7584 y 7585 del índice de este juzgado al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz y Agentes Federales de Migración, adscritos a la Subdelegación Migratoria, ambos con sede en Acayucan, Verazruz; a fin de que la responsable de cumplimiento a lo requerido en este proveído; también adjuntándole copia de la demanda de amparo. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 21 ??????????????? Infórmese a la autoridad mencionada que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia, el actuario hará de su conocimiento dicha circunstancia y, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Para ello, se hace del conocimiento al fedatario federal, que en el supuesto de que la autoridad se negara a recibir dicho comunicado por una imprecisión en su denominación, que no sea substancial, previo apercibimiento, podrá ejercer la facultad que contempla el artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo, o en su caso se faculta al actuario para que teste la misiva y sea entregada a la autoridad ante quien se encuentre a disposición la impetrante. Hecho lo anterior, se devuelva la constancia respectiva a este órgano jurisdiccional, asegurando la reciprocidad en casos análogos. Habilitación de días y horas inhábiles Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 22 Transparencia Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Expediente electrónico De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 23 ??????????????? del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Notifíquese.
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