Amando Díaz Lara
Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Amando Díaz Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
El licenciado Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con domicilio en esta ciudad de Boca del Río. C E R T I F I C O Que los cinco sobres devueltos que contienen los oficios 35, 37, 470, 471 y 472, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud Federal, Titular de la Secretaría de Salud, se agregan a este expediente sin ulterior acuerdo, toda vez que mediante auto de tres de enero de dos mil veintidós se sobreseyó en el presente juicio y causó estado el once de febrero del año en curso.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Visto la certificación de esta fecha que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de tres de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice a la anterior determinación la circunstancia que no obren la totalidad de los acuses de las autoridades foráneas, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en este juicio al haberse sobreseído, es obvio que no les afecta, por tal motivo no están en aptitud de interponer el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó una resolución que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción, sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido; así, debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ello, se establece como fecha probable el once de febrero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, téngasele informando que en cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este órgano de control constitucional, el dieciséis de diciembre del año en curso, se aplicó la segunda dosis de la vacuna PFIZER/BIONTECH a las directas quejosas menores de edad de identidad reservada, identificadas como A.D.G y C.A.D.G.; lo cual acredita con la copia certificada de la Carta de Consentimiento informado para la aplicación de la vacuna y de la Evaluación clínica prevacunación antI Covid-19. En el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de aplicar al grupo etario de 12 a 18 años con buena salud, vacuna contra el virus SARS.CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México al no establecerse en el programa de vacunación una fecha cercana, esto ese para la aplicación de la vacuna BioNTech Pfizer a las menores quejosas, con sus dos dosis, atendiendo a su salud física y psicológica ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022 que inició el 30 de Agosto de 2021, y atendiendo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que pierda la vida por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a las menores de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, incluso ante el inicio de clases que se pretende a la brevedad sean presenciales en el Estado de Veracruz. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud, con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales vulnerando no solo su salud física sino psicosocial y emocional. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen en el hecho de que las quejosas no han recibido aun la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante DELTA, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida, así como su desarrollo, cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como mexicanas tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México, y/o un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que las pueda agravar para el caso de contagiarse con ese virus." De lo antes transcrito se advierte que si bien la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), así como la discriminación que la falta de inclusión en dicha política causa a las personas menores quejosa; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 (dos dosis) a la parte quejosa menores de edad, puesto que los reclamos derivan precisamente de tal omisión. En ese contexto, es un hecho notorio para el que suscribe en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que la "Guía Técnica para la aplicación de la vacuna BNT162b2 PFIZER/BIONTECH contra el virus SARSCoV2", expedida por el Gobierno Federal el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, establece que son dos dosis para tener el esquema completo de vacunación; lo cual, en la especie ya aconteció. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por las quejosas consistía, medularmente, en la omisión de las autoridades responsables de ordenar que se aplicara a su menor hija, la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que ya le fueron suministradas las dos dosis de ese antígeno, es decir, la menor referida ya tiene completo el esquema de vacunación. Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se colige que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a las quejosas en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior que no se haya remitido a este Juzgado de Distrito por parte de la autoridad responsable oficiante, el certificado de vacunación correspondiente a la menor quejosa pues tal acto no forma parte de la litis constitucional en el presente asunto. En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 03/01/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, téngasele informando que en cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este órgano de control constitucional, el dieciséis de diciembre del año en curso, se aplicó la segunda dosis de la vacuna PFIZER/BIONTECH a las directas quejosas menores de edad de identidad reservada, identificadas como A.D.G y C.A.D.G.; lo cual acredita con la copia certificada de la Carta de Consentimiento informado para la aplicación de la vacuna y de la Evaluación clínica prevacunación antI Covid-19. En el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de aplicar al grupo etario de 12 a 18 años con buena salud, vacuna contra el virus SARS.CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México al no establecerse en el programa de vacunación una fecha cercana, esto ese para la aplicación de la vacuna BioNTech Pfizer a las menores quejosas, con sus dos dosis, atendiendo a su salud física y psicológica ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022 que inició el 30 de Agosto de 2021, y atendiendo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que pierda la vida por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a las menores de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, incluso ante el inicio de clases que se pretende a la brevedad sean presenciales en el Estado de Veracruz. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud, con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales vulnerando no solo su salud física sino psicosocial y emocional. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen en el hecho de que las quejosas no han recibido aun la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante DELTA, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida, así como su desarrollo, cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como mexicanas tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México, y/o un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que las pueda agravar para el caso de contagiarse con ese virus." De lo antes transcrito se advierte que si bien la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), así como la discriminación que la falta de inclusión en dicha política causa a las personas menores quejosa; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 (dos dosis) a la parte quejosa menores de edad, puesto que los reclamos derivan precisamente de tal omisión. En ese contexto, es un hecho notorio para el que suscribe en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que la "Guía Técnica para la aplicación de la vacuna BNT162b2 PFIZER/BIONTECH contra el virus SARSCoV2", expedida por el Gobierno Federal el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, establece que son dos dosis para tener el esquema completo de vacunación; lo cual, en la especie ya aconteció. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por las quejosas consistía, medularmente, en la omisión de las autoridades responsables de ordenar que se aplicara a su menor hija, la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que ya le fueron suministradas las dos dosis de ese antígeno, es decir, la menor referida ya tiene completo el esquema de vacunación. Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se colige que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a las quejosas en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior que no se haya remitido a este Juzgado de Distrito por parte de la autoridad responsable oficiante, el certificado de vacunación correspondiente a la menor quejosa pues tal acto no forma parte de la litis constitucional en el presente asunto. En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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