Amanda Mendez Velazquez
Expediente 2061/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2061/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Amanda Mendez Velazquez
Actuaciones
- Principal
MESA 7-A.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 27), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Amanda Méndez Velázquez. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE E FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE, QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 7-A.-- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 18 a 23), para que desahogara la prevención contenida en dicho auto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Amanda Méndez Velázquez y Ma. De la Luz Erazo Cruz. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente..""".
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos las demandas de amparo con anexos, promovidas por Amanda Méndez Velázquez y Ma. De la Luz Erazo Cruz, con anexos, por propio derecho, ordenándose formar los expedientes 2061/2019 y 2062/2019, capturando sus registros en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrándolas bajo el número de juicio de amparo 2061/2019 y su acumulado 2062/2019. ACUMULACIÓN Ahora, de las demandas de amparo, se advierte que los quejosos Amanda Méndez Velázquez y Ma. De la Luz Erazo Cruz, con anexos, por propio derecho, promovieron juicios de amparo contra actos de las siguientes autoridades: 1. Óscar Gurría Penagos, Presidente Constitucional del Municipio de Tapachula, Chiapas. 2. César García Jiménez, Director de Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula con las siglas COAPATAP. 3. Cuadrilla de empleados de departamento de cortes de agua potable y alcantarillado de Tapachula, con las siglas COAPATAP. Atento a lo anterior, cabe precisar que el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable". Pues bien, el precepto citado prevé que dos litigios deben acumularse cuando en ellos debe resolverse total o parcialmente una misma controversia al exigir de cada uno de ellos la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas. Asimismo, que para su procedencia, es necesario que no estén para verificarse la audiencia final y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En el caso concreto, en los juicios de amparo 2061/2019 y 2062/2019, radicados en este órgano de control, deben resolverse en una misma controversia jurídica. Lo anterior es así, porque los actos reclamados en los citados juicios son: - El cobro excesivo del suministro de agua potable. - Los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y su ejecución. Las autoridades responsables a quienes se les reclaman dichos actos son las precisadas en párrafos que anteceden. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se decreta de plano la acumulación del juicio de amparo 2062/2019 al 2061/2019 en virtud de que este juicio es el más antiguo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial de rubro texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". CONSIDERACIONES PREVIAS De la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados, los siguientes: Así, de lo transcrito, y, del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, los actos reclamados son: - El cobro excesivo del suministro de agua potable. - Los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y su ejecución. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." PREVENCIÓN Ahora, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el numeral 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, aclaren su demanda en los siguientes términos: a). La parte quejosa deberá precisar desde qué fecha tiene conocimiento del acto reclamado, toda vez que es un dato indispensable para que este Juzgador pueda analizar la presentación de la demanda de manera oportuna. Orienta lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 161/2013 (10a.), bajo el registro número 2005636, de la Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, pagina 1079 Publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a rubro y cuerpo reza: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." b). Tomando en cuenta que los quejosos manifestaron de manera destacada que la autoridad municipal les impuso el pago de recolección de basura y el pago de bomberos en el recibo de pago del servicio de agua; deberán manifestar si también, señalan como actos reclamados los referidos incrementos. En caso de ser afirmativo deberán exponer los conceptos de violación que estimen convenientes en términos del artículo 108 y 111 de la Ley de Amparo. Se cita de manera ilustrativa la Tesis: I.1o.A.E.75 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con registro 2017406, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, pagina 1433, que a rubro y cuerpo reza: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL PROMOVER EL JUICIO. La fracción II y el último párrafo del artículo 111 de la Ley de Amparo prevén, como único supuesto de procedencia de la ampliación de la demanda, el caso en que el quejoso conozca actos de autoridad que guarden estrecha relación con los inicialmente reclamados. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que dicha figura permite expresar nuevos conceptos de violación contra los actos de autoridad inicialmente reclamados, cuando de los informes justificados se advierta información desconocida por el quejoso. En estas condiciones, por razones de identidad jurídica, debe extenderse la aplicación del criterio anterior a los casos en que, por cualquier medio, el quejoso conozca datos acerca de los actos reclamados que ignoraba al promover el juicio. Esta interpretación extensiva resulta congruente con la finalidad que persigue la figura procesal mencionada, pues permite al promovente formular conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, y al órgano jurisdiccional de amparo analizar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas para dictar una resolución sobre la totalidad de la pretensión deducida, lo cual, además, es acorde con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de defensa adecuada, así como con los principios de concentración y economía procesal, congruencia, exhaustividad y recurso judicial efectivo, al dar al particular la oportunidad de argumentar en torno a la totalidad de vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad que estime presentan los actos reclamados. Por el contrario, no reconocer la posibilidad de ampliar la demanda para expresar nuevos conceptos de violación cuando, por cualquier medio, el quejoso conozca datos sobre los actos reclamados que previamente ignoraba, implicaría denegarle el acceso a una justicia completa, en tanto que dejarían de analizarse las violaciones que no pudo controvertir por un desconocimiento que no le es imputable. c). Asimismo, exhiban dos copias de cada una de las demandas de amparo y seis copias del escrito con el que desahoguen esta prevención, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, toda vez que son necesarias tres para las autoridades responsables, una para el fiscal y dos para el incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la tesis visible en la página doscientos veintidós, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI- Enero, Octava Época, que dice: "AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA. El requerimiento de que el Juez de Distrito hace a quien promueve una demanda de garantías para que exhiba copias de ella no puede ser arbitraria, sino que debe ceñirse a lo estatuido al artículo 120 de la Ley de Amparo que indica que tales copias deberán ser para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiere éste y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley, por lo tanto, si el Juez de Distrito, sólo requiere que se exhiba un número determinado de copias de la demanda de garantías pero no indica el porqué de esa cantidad, debe señalarse que tal determinación carece de fundamento y motivación por no ceñirse al fundamento contemplado en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia P.J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo". Así también, en apoyo a la anterior determinación, aplica la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Novena Época, que establece: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." APERCIBIMIENTO Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda.
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