Amanda María Váldez Mora y Otros.
Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Amanda María Váldez Mora y Otros.
- Amanda María Váldez Mora
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Venancio Baltazar Pérez España, promovente en favor de los quejosos Amanda María Valdez Mora, Frank Antonio Suarez Caballero y Fernando Suarez Caballero, por medio del cual en atención a la vista que se le dio en auto de veinticinco de octubre pasado; desiste del presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al promovente, desistiendo de la demanda de amparo que promovió en favor de los directos quejosos y que dio origen a este juicio, por las razones que expone en el propio memorial de cuenta. Sin que haya lugar a requerir la ratificación del escrito de cuenta, toda vez que al ser firmado electrónicamente genera certeza de la intención del promovente para realizar dicha actuación procesal, apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.31/2021 (11ª), de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." En consecuencia, se TIENE POR NO PRESENTADA la demanda promovida por el licenciado Venancio Baltazar Pérez España, promovente en favor de los quejosos Amanda María Valdez Mora, Frank Antonio Suarez Caballero y Fernando Suarez Caballero, contra actos de la Oficina de Representación en Sinaloa del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas en el presente asunto. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2.a/J.33/2000, cuyo rubro precisa: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 intitulada: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS." Por lo antes anotado, la presente resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Así mismo, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, debido a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción, en la cual hace constar su imposibilidad para localizar a los quejosos Amanda María Valdez Mora, Frank Antonio Suárez Caballero y Fernando Suárez Caballero, por los motivos expuestos en la misma. Informe relativo a la suspensión de plano. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase recibido el oficio INM/ORS/DAJ/3717/2023, firmado autógrafamente por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano e indica que los quejosos no se encuentran alojados en la estancia provisional de esta ciudad, aunado a que ésta se encuentra suspendida; memorial que se ordena glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con lo cual se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo antes expuesto, se ordena dar vista a la parte promovente con la razón actuarial y el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, se tendrá por no presentada la demanda.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada electrónicamente por Venancio Baltazar Pérez España en favor de los quejosos********************, contra actos de la Oficina de Representación en Sinaloa del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 906/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura realizada al escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados, esencialmente, los siguientes: (1) la privación de libertad de los quejosos por más de treinta y seis horas en las oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y/o Culiacán; (2) la incomunicación de la que son objeto los directos agraviados (3) la orden de traslado, deportación, expulsión y repatriación de los quejosos a su país de origen fuera de procedimiento y (4) la omisión de nombrarles de oficio defensor público a su favor. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, toda vez que el promovente señala como actos reclamados -entre otros- la deportación que se pretende ejecutar en contra de********************, así como la incomunicación de la que se dice son objeto los mismos; con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, en torno a dichos actos reclamados. Lo anterior, para el efecto de que cese inmediatamente la incomunicación de que se dice son objeto los directos agraviados y las responsables se abstengan de deportarlos a su país de origen con motivo de su calidad migratoria, pues de ejecutarse dichos actos se causarían daños y perjuicios de imposible reparación, lo que imposibilitaría el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. De igual manera, es procedente DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO, en torno al diverso acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos por más de treinta y seis horas en las oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y/o Culiacán, para el efecto de que, de haber transcurrido dicho término con motivo de la investigación para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional, cese inmediatamente su retención, siempre y cuando, las autoridades migratorias responsables consideren que la circulación de los quejosos migrantes en territorio nacional no representa un factor de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia de su ingreso ilícito a territorio nacional. En este caso, dichas autoridades están obligadas a definir la gravedad que esa circulación representa para la seguridad del país, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de las personas migrantes afectadas. Así, la decisión de las autoridades debe estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberán (1) justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, (2) demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de las personas migrantes en cuestión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 1a. XXIII/2023 (11a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2027178, Undécima Época, de título y contenido siguiente: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. Hechos: Diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por autoridades adscritas al Instituto Nacional de Migración, por un periodo superior a treinta y seis horas, para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados, las personas migrantes presentaron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, las partes interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las autoridades migratorias competentes están facultadas para decidir si la circulación de una persona migrante en territorio nacional puede representar un factor de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia de su ingreso ilícito a territorio nacional. En este caso, dichas autoridades están obligadas a definir la gravedad que esa circulación representa para la seguridad del país, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades debe estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá: (1) justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, (2) demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. Justificación: Lo anterior, toda vez que el Poder Legislativo no ha emitido una lista limitativa de los supuestos fácticos de "riesgo grave" que justifiquen el alojamiento de personas en estaciones migratorias, como podrían ser la comisión de un delito en su país de origen o la transmisión de enfermedades epidémicas. Entonces, hasta en tanto el legislador no emita esa lista de supuestos de riesgo grave para la seguridad nacional, corresponde a las autoridades migratorias su definición, mediante la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada." Finalmente, la medida aquí decretada, también tiene el alcance de conminar a las autoridades responsables para que asignen de oficio a los quejosos una persona para su defensa adecuada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Estado se encuentra obligado a asignársela de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección. Se cita como apoyo de lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2023 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2027200, Undécima Época, de título y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. LAS PERSONAS MIGRANTES TIENEN DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA IRRENUNCIABLE COMO GARANTÍA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Hechos: Diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por autoridades adscritas al Instituto Nacional de Migración, por un periodo superior a treinta y seis horas, para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados, las personas migrantes presentaron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, las partes interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en todo procedimiento migratorio, ya sea frente a la imposibilidad o la negativa de una persona migrante de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado se encuentra obligado a asignársela de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección. Justificación: Lo anterior, toda vez que sobre las personas migrantes opera una presunción de desconocimiento de las normas que les asisten para su protección y defensa en el ordenamiento jurídico mexicano, razón por la cual el Estado tiene la obligación de aplicar medidas reforzadas de protección que nivelen su situación de desventaja, particularmente para el ejercicio del derecho humano al debido proceso." Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de desobedecer esta suspensión e insistir en los actos que se les reclaman, podrán ser consignada ante el agente del ministerio público de la federación por el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen a este juzgado el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de oficio decretada, o la medida que hayan tomado para tal efecto, informes que deberán ser acompañados con las constancias que acrediten dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no rendir el informe dentro del plazo concedido, o de retardar el cumplimiento de esta medida conservatoria del fondo del amparo mediante evasivas o procedimientos ilegales, se les podrá aplicar una multa de cincuenta treinta unidades de medida y actualización; sin perjuicio de que pudiera incurrir en la comisión de alguno de los delitos estipulados en el artículo 262 de la misma ley, y se denuncien los hechos al Ministerio Público de la Federación. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, y toda vez que los directamente agraviados********************, se encuentran alojados en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato se constituya en dichas instalaciones donde deberá requerir a los encargados de su custodia, para que traiga ante su presencia a los agraviados, hecho lo cual deberá requerirlos para que en el acto de la notificación, manifieste si ratifica la demanda presentada a su nombre por Venancio Baltazar Pérez España. Se faculta al fedatario para el caso de no encontrar a los directos agraviados en el lugar señalado, recabe información respecto de su actual paradero, es decir, si fueron puesto en libertad, o bien, trasladados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como lo asevera el directo promovente. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido en el párrafo anterior en el momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes, no se continuará con el trámite del presente juicio, al igual que quedarán sin efecto las providencias decretadas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a los directamente agraviados ********************, a fin de que al momento mismo de la notificación, o dentro del plazo de tres días legalmente computados, informen a este órgano jurisdiccional si requieren asistencia consular por parte de la embajada de ********************, con sede en la Ciudad de México, lo anterior, a fin de que si así lo deciden cuenten con una asistencia consular adecuada por parte de su embajada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 93/2017 (10a.). Asimismo, el actuario judicial dará fe de la integridad física de los quejosos********************, para ese efecto deberá asentar en el acta respectiva: las huellas de violencia visibles, y de ser posible, obtenga imagen o impresión fotográfica de las mismas y, además, cuestione a los inconformes por el origen de dichas lesiones físicas. De igual modo, hará del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentren los referidos quejosos, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo antes ordenado. Así también, en el supuesto de que los agraviados se encuentren incomunicados en dichas instalaciones y los encargados de su custodia se nieguen a ponerlos ante la presencia del fedatario judicial, o permitirle el acceso para cuestionar la búsqueda, respecto si ratifican o no la demanda, deberá apercibir a dichos encargados que de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con tales hechos, que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. De igual manera, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° Constitucional, se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los peticionarios del amparo; además de que en términos de los numerales 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 5° párrafos primero y segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano, están conminados a tutelar el derecho humano de toda persona a que se le trate con respeto de encontrarse privada de su libertad y a no sufrir actos de tortura, lo que es inherente a su calidad de ser humano. Máxime que en términos del numeral 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y multa de sesenta días, sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, en esta ciudad; lo anterior, para los efectos señalados en el artículo 30, fracción I, párrafo quinto, de la ley de la materia. Asimismo, se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************quienes tienen sus cédulas profesionales ******************** ******************** reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las licenciadas********************por así haberlo solicitado. Se le tiene proporcionando el correo electrónico vperez@cjf.gob.mx y el teléfono 6699415665, como medios no procesales. De igual forma, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con los usuarios "********************", así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LOS DIRECTOS QUEJOSOS EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO.
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