Amanda Lizeth Flores Alvizo

Expediente 1171/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1171/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Amanda Lizeth Flores Alvizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...

  2. Principal

    Lectura de constancias. Acto seguido, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR que se tiene a la vista la libreta de control y registro de promociones que se lleva en este Juzgado de Distrito de la cual se observa que hasta las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy, hora y fecha programada para la audiencia constitucional, no se encuentra registrada promoción alguna dirigida al presente expediente. Por otra parte, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan el informe justificado, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, de conformidad con la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas, las que se tomarán en consideración al resolver el presente juicio de amparo. Periodo probatorio. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario CERTIFICA y HACE CONSTAR: que la parte quejosa y la responsable allegaron diversos medios de pruebas, mismas que con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia se admitieron y desahogaron al momento de recibirse, sin que existan pruebas pendientes de admitir o desahogar. El Juez acuerda: toda vez que el secretario certificó que no existen pruebas por admitir o desahogar, se da por concluido el periodo probatorio. Periodo de alegatos. Acto seguido, se abre el período de alegatos y el secretario hace constar que la representación social adscrita presentó alegato ministerial 544/2019, sin que las demás partes formularan alegatos. Precisado lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados lo alegatos de la agente del Ministerio Público Federal adscrito y se cierra esta etapa de la audiencia constitucional. Por último, el Juez acuerda: al no existir promoción, diligencia o pruebas pendientes de acuerdo o desahogo, acorde con la cuenta del secretario, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al estudio de las constancias relativas para el dictado de la resolución correspondiente. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, se cierra esta etapa, se levanta la presente acta y se procede a pronunciar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 2 a 4), Amanda Lizeth Flores Alvizo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 5 a 8), se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento 544/2019; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició el día de hoy a las nueve horas con cuarenta minutos y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: Al Presidente Especial y Actuario Notificador ambos de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: La omisión de notificar a las demandadas la fecha señalada para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas dentro de la contienda laboral de origen -2342/2016-. Tiene aplicación la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a las autoridades precisadas en el considerando que antecede; toda vez que así fue reconocido al rendir el informe justificado visible a foja once de autos. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. El motivo de la queja, aun suplido a favor de la parte trabajadora en términos del artículo 79, fracción, V, de la Ley de Amparo, es jurídicamente ineficaz. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubro y texto disponen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente." De la demanda de amparo se advierte que en lo medular se argumenta la transgresión del artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta de que se ha omitido llevar a cabo la notificación de la fecha señalada para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas en el juicio laboral 2342/2016. El artículo 17 Constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Esta disposición pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. Precisado lo anterior, resulta pertinente establecer que el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligación de la autoridad laboral de realizar -por conducto del personal correspondiente-, las notificaciones, citaciones y emplazamientos dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordenen. En la especie, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adminiculado con las constancias de autos, se aprecia que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, el actuario responsable había sido omiso en notificar a las demandadas la data señalada para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas en el procedimiento natural; situación que se corrobora con las documentales allegadas por la junta responsable en apoyo al informe justificado (fojas 12 a 14), consistentes en copia certificada de actuaciones emitidas en el juicio de origen, a las cuales se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, al tratarse de actuaciones certificadas expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; sin embargo, se determina que dicha omisión no es, en sí misma, inconstitucional. Ello es así, en virtud de que el actuario responsable, en la razón actuarial levantada el doce de junio de dos mil diecinueve, asentó la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia de notificación que le fue encomendada; lo que pone de manifiesto que la omisión atribuida al actuario no es inconstitucional, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda el actuario responsable no se había pronunciado en torno a la diligencia que le fue encomendada, con posterioridad se constituyó en el domicilio de la parte demandada y ante la imposibilidad que tuvo para practicar esa actuación, levantó la razón correspondiente; lo cual evidencia que es justificada la conducta omisiva que se reprocha. En consecuencia, las argumentaciones vertidas por el quejoso, aunque de inicio pudieran ser fundadas, por cuanto a que es cierta la omisión, resultan jurídicamente ineficaces, pues al efectuar el análisis correspondiente se llega al convencimiento de que, para poder evidenciar la pretendida ilegalidad de la falta de notificación reclamada, era indispensable, en la especie, no solo que exista un juicio en el que sea parte la solicitante del amparo, sino además, que la junta del conocimiento acordara la razón actuarial en la que se manifestó la imposibilidad de realizar el emplazamiento de la parte demandada y, en dado caso, que la propia actora proporcionara los datos o medios necesarios para que el actuario responsable concretara esa diligencia, y que a pesar de ello no lo hubiera practicado; pues como se explicó, a dicha autoridad no le fue posible hacerlo en el domicilio de los demandados; de ahí que la omisión reclamada no es violatoria de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, además, de no advertirse materia de ilegalidad en el acto reclamado aun ejerciendo la suplencia de la queja deficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni materia para ejercer el control de convencionalidad ex officio, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. No pasa inadvertido el alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formuló alegatos; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, ya que la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados en las constancias de los actos o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, y no se haya decretado previamente el sobreseimiento; ello, de acuerdo con la jurisprudencia P./J.27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Amanda Lizeth Flores Alvizo, contra las autoridades y los actos identificados en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM/jlm

  3. Principal

    Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, informa sobre la autorización del pago de honorarios del perito oficial. Notifíquese; y, personalmente al perito oficial.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio presentado vía electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja 250/2019, de su índice, y en atención al mismo dígasele que la constancia de notificación relativa al oficio 61386/2018, dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, se remitió a su destinatario vía estafeta con el número de guía 2307126368 (foja 377), el cual una vez que se realizó la búsqueda en la página https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, arroja que no hay información disponible sobre dicha guía. No obstante lo anterior, por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 381), se recibió telegrama remitido por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por el cual rindió informe previo; por lo tanto, envíese a la superioridad nuevamente copia certificada del telegrama y del acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.

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