Amanda García Ovalles
Expediente 1402/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Amanda García Ovalles
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA..
- Principal
VISTO EL ESTADO DE LOS PRESENTES AUTOS Y POR CUANTO EN LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE HIZO CONSTAR QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE CONCEDE AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO . SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.. SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA, DEBERÁ TRANSFERIRSE AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, PREVIA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NADA MANIFESTÓ EN RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.. ES FACULTAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINAR LO CONDUCENTE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN ESTE ASUNTO...
- Principal
NOTIFIQUESE PEWRSONALMENTE...NOTIFICACIÓN POR LISTA. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, hace constar que siendo las nueve horas del seis de diciembre de dos mil dieciocho, se notifica a los quejosos Susana Dayren Ley García, Linsen Izumi Ley García y Amanda García Ovalles, por medio de lista el contenido del proveído dictado en este expediente el cinco de diciembre del año en curso, pronunciado en el Juicio de Amparo número 1402/2018, del índice de este Juzgado, cuyo texto es del tenor literal siguiente: - - "..Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el cual remite el diverso oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que envía la demanda de amparo promovida por Susana Dayren Ley García, Linsen Izumi Ley García y Amanda García Ovalles, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, el informe justificado de la autoridad responsable, las constancias que acompañó como justificación de sus actos el Juez responsable y demás constancias relativas, por considerar dicho Tribunal Colegiado, que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto planteado en el libelo de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 45 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, y este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, se avoca al conocimiento del asunto planteado en la demanda de amparo. Fórmese expediente, regístrese bajo el número 1402/2018, y acúsese el recibo correspondiente. En virtud de lo voluminoso de las constancias allegadas por la responsable, para facilitar el manejo del presente juicio de amparo, fórmese un tomo de pruebas por separado de este asunto. Desechamiento. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa reclama: El auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1534/1993, en el que se ordenó la pública subasta y primera almoneda del predio rústico denominado "La Chiquita", ubicado en el municipio de Acapetahua, Chiapas. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así, en el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan en archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" La lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, el párrafo tercero de la fracción IV del citado artículo 107 de la ley de la materia, establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante resaltar que la parte quejosa no tiene el carácter de persona tercera extraña al juicio de origen, pues así se advierte del informe justificado rendido por el Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y de las constancias que remitió como complemento del mismo, consistente en el original del juicio ejecutivo mercantil 1534/1993, de su índice, de los cuales en concreto se desprende que la quejosa Amanda García Ovalles, tiene el carácter de demandada en dicho procedimiento, quien ha comparecido a juicio mediante escritos promovidos ante la citada autoridad responsable en veinticinco de abril y cinco de agosto de dos mil catorce, y trece de junio de dos mil diecisiete, por mencionar algunos (fojas 911, 916, 917 y 1048 del tomo dos de pruebas). Asimismo, que las impetrantes Susana Dayren Ley García y Linsen Izumi Ley García, fueron notificadas en el juicio ejecutivo mercantil 1534/1993, del acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en fecha doce de junio de ese mismo año, a efecto de que tuvieran conocimiento el estado de ejecución de la sentencia dictada en el indicado procedimiento e intervinieran en el acto del remate, otorgándoles el derecho de hacer las observaciones que estimaran oportunas para garantizar sus derechos y apelar el auto en que se finque el remate de estimar lo necesario (fojas 1055 y 1056,1081 a 1103,y 1104 a 1126). De igual manera, tampoco se advierte que las quejosas hayan formulado manifestación alguna en relación a una falta de emplazamiento, o en su defecto, alegado la ilegalidad de dicha diligencia. Establecido lo anterior, debe afirmarse que si los actos reclamados lo constituyen el auto nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1534/1993, en el que se ordenó la pública subasta y primera almoneda del predio rústico denominado "La Chiquita", ubicado en el municipio de Acapetahua, Chiapas; ello no constituye la última resolución del procedimiento de remate en ese juicio, como lo sería aquella que en forma definitiva ordena la entrega del bien reclamado; de tal manera, lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil setecientos treinta y ocho, Libro 10, Tomo II, septiembre de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." (lo resaltado es propio). En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto a los actos reclamados, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que los actos impugnados, no constituyen la última resolución del procedimiento de remate en el juicio natural; en consecuencia, la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que en forma definitiva se ordene no solo el otorgamiento de la escritura de adjudicación, sino que además se decrete la entrega del bien rematado. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Susana Dayren Ley García, Linsen Izumi Ley García y Amanda García Ovalles. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. Atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente. De igual manera, como lo establece el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se hace del conocimiento de las partes que en las listas de notificación, entre otros documentos jurisdiccionales, se publicarán los nombres de las partes, salvo cuando el asunto respectivo verse sobre supuestos de datos sensibles, tales como los relacionados con juicios familiares o causas penales seguidas respecto de los delitos contra la dignidad -aborto, ayuda o inducción al suicidio-; contra la libertad reproductiva, contra la libertad y el normal desarrollo de la personalidad; contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; contra la filiación y la institución del matrimonio; contras las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos; y de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; asimismo, la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional señalados, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre. Hágase saber a las partes, que la determinación que resuelve el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Digitalización. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Domicilio y autorizados. Respecto a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, dígase a las promoventes que no es procedente en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente a las notificaciones; por lo tanto, no ha lugar a tenerlo como domicilio para los efectos que indica; sin embargo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarlas, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este órgano jurisdiccional, y téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Melvin Sancho Escobar, toda vez que no se encuentra inscrito en el registro de cedulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Grissell Rodríguez Febles, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe." para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso j) y k), 27, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial
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