Amanda del Rosario Domínguez Santiago
Expediente 1337/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/02/2019
Partes del expediente
- Amanda del Rosario Domínguez Santiago
- Jefe del Departamento de Vivienda en Chiapas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
.Visto; toda vez que la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, desahogó la vista ordenada en autos (foja 62), en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 43 a 49), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Amanda del Rosario Domínguez Santiago, para el efecto de que: El Jefe del Departamento de Vivienda, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas diera respuesta de manera escrita y coherente a lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y la hiciera de su conocimiento. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. En auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido oficio y anexos del Jefe del Departamento de Vivienda en Chiapas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y se reservó proveer al respecto en tanto causara ejecutoria la resolución constitucional dictada en este juicio (foja 58). Luego, en auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia en comento, y se dio vista a las partes con las documentales remitidas por la responsable para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 59). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. La quejosa Amanda del Rosario Domínguez Santiago mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, de manera esencial solicitó que la autoridad responsable realice las aclaraciones relativas a cuál es el crédito hipotecario que tiene, así como la contratación del seguro de daños; pues como se desprende del escrito de referencia, la quejosa afirma que sólo tuvo autorizado el crédito otorgado en el año de 1994 y el cual se pagó en el año 2006; y, solicita que en caso de ser incorrectos los descuentos que refiere, se realice la restitución de las deducciones efectuadas. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable para acreditar el cumplimiento al fallo protector, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se desprende que el Jefe del Departamento de Vivienda en Chiapas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, al realizar lo siguiente: Mediante oficio DVCHIS/00046/2019 de treinta de enero de dos mil diecinueve, dio respuesta de manera escrita y coherente a lo solicitado por la quejosa Amanda del Rosario Domínguez Santiago mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; pues le indicó lo siguiente (fojas 56 y 57): Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de la Vivienda aprobó un crédito hipotecario a la aquí quejosa Amanda del Rosario Domínguez Santiago por un importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/MN), equivalentes a 109.14 (ciento nueve punto catorce veces salarios mimos -sic-), mismos que se modifican o actualizan cada vez que se incrementa el costo de los mismos (ART 169 fracción 1ª y ART 185 de la Ley del ISSSTE), más una taza de interés anual del 4% sobre saldos insolutos. Al efectuar la revisión de su situación crediticia se observa que a partir del 12 de enero de 1994 fecha de firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2008, la aquí quejosa no efectúo pagos por ventanilla bancaria o descuentos por nómina, por ese periodo de tiempo, lo que originó que el capital otorgado más los intereses y las revaluaciones por incremento a los salarios mínimos le generaran un saldo por pagar a enero 2019 de $307,905.58 (trescientos siete mil novecientos cinco pesos 58/MN). Por lo que respecta al cobro del seguro de daños por $17.00 (diecisiete pesos mensuales), es el cobro de la prima mensual contra riesgos por desastres naturales, que puede aplicar en caso de que ocurra algún percance por el concepto anterior siempre y cuando exista saldo por pagar. Asimismo; del oficio en cuestión se advierte que éste le fue notificado a la quejosa por conducto de su autorizado, quien firmó de recibido el uno de febrero de dos mil diecinueve (foja 56). En razón de ello, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en tanto que se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, al seguir los lineamientos establecidos en ella. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no tiene la obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". De ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 62), en las que manifiesta que la autoridad responsable no está dando una respuesta coherente a lo solicitado, en virtud de que nuevamente presenta el escrito con el que manifestó que ya se había dado respuesta, únicamente lo que realizó es modificar la fecha de respuesta para aparentar que está dando respuesta a la petición de fecha 26 de septiembre de 2018; ello toda vez que la autoridad responsable emitió una contestación escrita y coherente, en atención a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que contestó lo peticionado y notificó a la parte quejosa, tal como quedó establecido en párrafos que anteceden, amén de que el derecho consagrado en el artículo 8° constitucional, únicamente tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelva en determinado sentido. Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Asimismo, en su momento procesal oportuno, provéase sobre el ARCHIVO de este
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual la autorizad en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa desahoga la vista otorgada en proveído de siete de febrero de este año (foja 59); en atención a su contenido, ténganse por hechas sus manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento en que este juzgador se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio.
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DESE VISTA A LAS PARTES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS-.
- Principal
Visto; el oficio y anexo del Jefe del Departamento de Vivienda en Chiapas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, y la certificación secretarial que antecede; en atención a su contenido, provéase lo conducente en tanto cause ejecutoria la resolución constitucional dictada en el presente juicio.
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