Amanda Corona Carcaño
Expediente 1610/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1610/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Amanda Corona Carcaño
Actuaciones
- Incidental
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, a fin de que la Institución responsable Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, revisara la solicitud de la parte quejosa y certificara si el medicamento que refieren las recetas prescritas, eran los de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento diagnosticado a la quejosa, comparado con otras alternativas que sí estuvieran disponibles en los insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales; y, si la conclusión de ese análisis era que el medicamento solicitado era el mejor tratamiento para la paciente-quejosa, la Institución debería otorgarlo de inmediato, debiendo realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicaría su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento. En virtud de lo anterior, las autoridades responsables al momento de rendir sus informes previos, solicitaron se notificara a la parte quejosa para que acudiera a revisión médica y poder dar cumplimiento a la suspensión concedida, situación que se hizo del conocimiento de la quejosa mediante auto de diecisiete de noviembre del año en curso, notificado el veintiuno posterior. Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, mediante escrito de cuenta, la parte quejosa ********************; informa a este Juzgado que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés acudió a consulta al Hospital General de Tlaxcala "Lic. Anselmo Cervantes Hernandez", siendo valorada medicamente, y en donde le proporcionaron la receta médica con folio ******************** asimismo fue informada por el médico tratante, que el medicamento prescrito en la receta con folio ******************** no debía ser suspendido. Requerimiento. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la suspensión definitiva, requiérase nuevamente a la Institución responsable Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, a fin de que en el término de tres días, remita a este Juzgado de Distrito, copia certificada del expediente clínico que tenga formado a nombre de la quejosa ********************; mismo que se considera necesario para resolver conforme a derecho, el cual deberá encontrarse completo, legible y en orden secuencial, y en el que se advierta la última valoración médica que realizaron a la parte quejosa, con motivo de la suspensión provisional concedida, en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Apercibida que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Diferimiento de audiencia incidental. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÈS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
El quince de noviembre de dos mil veintitrés, Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado CERTIFICA: Que la audiencia incidental, se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cinco minutos de esta fecha. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria de este Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, se encuentra transcurriendo el término concedido a las autoridades responsables, a fin de que rindan su informe previo; pues fueron notificadas de tal requerimiento, el trece de noviembre del año en curso, tal como se advierte de las respectivas constancias de notificación. Diferimiento de audiencia incidental. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÈS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se radica demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Amanda Corona Carcaño, contra actos de la Secretaría de Salud Federal y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1610/2023-II. Se admite demanda de amparo Ahora bien, en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Amanda Corona Carcaño, contra actos de la Secretaría de Salud Federal y otras autoridades. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión Por otro lado, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que no existe un capítulo expreso en el cual la parte quejosa solicite formalmente la suspensión del acto reclamado; sin embargo, tomando en consideración que, la parte quejosa señala como acto reclamado, la negativa de suministrar los medicamentos prescritos en las recetas con números de folio 2828101 y 2828102, ambas de tres de noviembre de dos mil vientres, que se advierten de las siguientes imágenes: Al respecto, es importante destacar que, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la Salud y para ello, la Ley define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Por tanto, el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4º de la Constitución Federal, constituye una responsabilidad social que se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En virtud de lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, resultan suficientes para ordenar la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que el acto reclamado, encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 127, fracción II de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: (.) II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." En consecuencia, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido que únicamente se dará apertura al cuaderno original, conforme a lo dispuesto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se cita como criterio orientador, el sustentado en la tesis de Jurisprudencia P./J. 6/2022, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, Septiembre de 2022, tomo I, visible a página 11, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE TRAMITARSE OFICIOSAMENTE EN LA VÍA INCIDENTAL CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A ADOLESCENTES DE ENTRE DOCE Y DIECISIETE AÑOS DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a la vía en que debía tramitarse y analizarse la procedencia de la suspensión en juicios de amparo promovidos en contra de la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, a adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad, y mientras un tribunal consideró que era improcedente la suspensión de plano solicitada, porque no había peligro inminente de pérdida de la vida, sino una afectación a la salud de las personas y dejó a salvo los derechos de la promovente para solicitar que la suspensión se tramitara por la vía incidental conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, los otros tribunales concedieron la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la ley citada, porque consideraron que la omisión reclamada ponía en riesgo la vida de las y los adolescentes solicitantes. Criterio jurídico: La suspensión solicitada en los juicios de amparo promovidos en contra de la omisión de vacunar a adolescentes de entre doce y diecisiete años en contra del virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, debe tramitarse oficiosamente por la vía incidental, al actualizarse el supuesto establecido en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo. Justificación: La omisión de aplicar las vacunas autorizadas por parte de las autoridades de la salud no tiene como consecuencia la pérdida de la vida pues, por una parte, el hecho de que una persona no esté vacunada no implica necesariamente que vaya a adquirir la enfermedad o a contagiarse del virus y, por otra, aun cuando se contagiara, ello no conduce necesariamente a que vaya a perder la vida. Además, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en la que se apoyaron las personas promoventes del amparo para sostener que el Estado Mexicano había incurrido en omisión de aplicarles las vacunas respectivas, no tiene como finalidad privar de la vida a persona alguna, mucho menos a personas adolescentes pues, por el contrario, dicha política contempla a toda la población y ha calendarizado la aplicación de vacunas dando preferencia a las personas con mayores riesgos de salud. Por ello, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la suspensión solicitada para el efecto de que se apliquen las vacunas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en contra del virus SARS-CoV-2 a adolescentes entre doce y diecisiete años, no se ubica en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, esto es, suspensión de plano, sino en la hipótesis del artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece los casos en que la suspensión incidental se abrirá de oficio, pues la omisión de aplicar las vacunas autorizadas por la Cofepris coloca a la persona no vacunada en una situación de riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, y en caso de enfermarse, resultaría físicamente imposible restituir el derecho afectado, esto es, el derecho a la salud, pues con independencia de que la persona resulte asintomática o se cure, nada restituirá el tiempo que padeció la enfermedad y, en su caso, sus secuelas." Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe con su escrito de demanda, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Tercero interesado Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, del escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Mariano Matamoros, número cincuenta y cuatro, Colonia el calvario, del Municipio de San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala. De lo anterior se advierte que el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones no se ubica dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Por lo tanto, realícese las notificaciones mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, no obstante, a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda expedito su derecho para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizado a José Morales Coona, únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1610/2023-II, promovido por ******************** por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Salud Federal y otras autoridades. Se requieren informes previos Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Actos reclamados Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: Consideración previa Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Ahora bien, de la disposición jurídica enunciada párrafos precedentes, podemos concluir que, para conceder la suspensión, se requiere cumplir con los siguientes requisitos legales: 1.- Expresamente la solicite el quejoso y/o deba aperturarse de oficio, asimismo acredite su interés suspensional; 2.- Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3.- El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4.- No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5.- Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Por tanto, siguiendo esa metodología se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1.- Expresamente sea solicitada o bien deba aperturarse de oficio, asimismo acredite su interés suspensional. En el caso, tal como se ordenó en el cuaderno principal de donde deriva el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127, fracción II de la Ley de Amparo, se ordenó de oficio la apertura del presente incidente; en virtud de que, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la negativa de suministrar los medicamentos prescritos en las recetas con números de folio ********************. 2.- Exista certidumbre sobre la existencia del acto reclamado; En el caso, la quejosa exhibió copia de las recetas con folio ********************, ambas de tres de noviembre de dos mil vientres, mismas que se advierten de las siguientes imágenes: Documentales de las cuales se advierte la prescripción de los medicamentos ahí descritos. 3.- El acto reclamado sea susceptible de suspensión En este apartado, es preciso referirse al contenido del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión no se limite a mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio, sino también a restablecer provisionalmente al gobernado en el goce del derecho que estima violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria, es decir, conceder una tutela anticipada. Ahora, en el presente asunto, del análisis íntegro del escrito de demanda, así como de los documentos adjuntos a este, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la negativa de suministrar los medicamentos prescritos en las recetas con números de folio ********************. En virtud de lo anterior, se determina que el acto reclamado es naturaleza negativa; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la naturaleza de los actos, no representa un factor que determine la concesión o negativa de la medida cautelar, porque ello depende de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para luego examinar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. En estos términos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 85/2018, determino que: ". existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquéllos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas". Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. Con relación a los actos negativos, se clasifican en a) Abstenciones, b) Negativas simples y c) Actos prohibitivos. Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. 4.- No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. En este sentido, la fracción segunda del artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, cuando con el otorgamiento de la medida suspensional se perjudica a la comunidad en un grado mayor que el que se pudiera causar al quejoso, en caso de no otorgarla, ya sea privándola de un beneficio que otorga la ley o bien causándole un daño, desventaja o trastorno. En vinculación con lo anterior, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la concesión de la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora bien, no obstante, lo anterior, el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión no se limite a mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio, sino también a restablecer provisionalmente al gobernado en el goce del derecho que estima violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria, es decir, conceder una tutela anticipada. Sin embargo, la anterior premisa debe encontrarse debidamente justificada, a que con su concesión no se genere una mayor afectación a la colectividad o su ejecución implique la inobservancia de normas de orden público, cuyo objeto y fin se debiera preferir salvaguardar, pues en ese supuesto el particular se encontrará obligado a resentir las consecuencias que el acto reclamado pudiera producirle durante la tramitación del juicio. En torno al tema de que no se contravengan disposiciones de orden público, el numeral 129 de la ley de la materia, no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos. No obstante, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sosteniendo que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Con lo anterior, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad. 5.- Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora bien, para poder realizar el análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, es necesario atender a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa narró en su escrito de demanda, siendo los siguientes antecedentes: Con fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés, ******************** -parte quejosa-, refirió haber sufrido un accidente en su domicilio, golpeándose el tobillo derecho, el cual debido a la insuficiencia venosa (varices) que padece, comenzó con hemorragia, siendo trasladada al área de urgencias del Hospital General de Tlaxcala "********************", en donde fue atendida por el Doctor ********************. En la madrugada del tres de noviembre de dos mi veintitrés, fue valorada previos estudios clínicos que le fueron practicados, y diagnosticada con los padecimientos que se advierten de la copia simple de la nota médica que adjunta al escrito de demanda, y que se advierte de la siguiente imagen: Posterior a la valoración médica le fueron proporcionadas dos recetas médicas con folio ********************, las cuales contenían la prescripción del tratamiento al padecimiento diagnosticado. En la misma fecha -tres de noviembre de dos mil veintitrés-, la quejosa acudió al área de farmacia del citado Hospital, en donde le negaron el medicamento prescrito. Lo expuesto por la parte quejosa, goza de la presunción de certeza, al haber sido manifestado "bajo protesta de decir verdad" en la demanda de amparo, aunado a que obra copia de las recetas ya descritas, siendo hasta este momento los únicos elementos con los que este juzgado cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Apoya lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993; Materia Común; Octava Época; cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya quedó señalado líneas precedentes el acto reclamado participa de la naturaleza de ser un acto de carácter negativo, por lo que procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. A) En relación a la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, ésta se basa en un conocimiento superficial o periférico, dirigido a lograr una decisión de meras posibilidades respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso De modo que, considerando las características y trascendencia del asunto que se dirime; este estudio debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, esto es, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede determinarse en la sentencia de amparo. En consecuencia, este principio conlleva a valorar si el acto reclamado, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica de la parte quejosa; es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa que le corresponde, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se le encontraba conferido. Para determinar si, en el caso particular, la parte quejosa cuenta con un derecho incorporado a su esfera jurídica, susceptible de ser protegido a través de esta medida cautelar y, de ser así, si el acto reclamado vulnera el mismo resulta necesario desarrollar dejar en claro, que el derecho que se encuentra en juego en el asunto planteado, es el derecho a la salud, el cual al verse afectado incide de manera directa en el desarrollo de otros derechos. Para lo anterior, es importante citar el contenido de las siguientes disposiciones normativas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.)." "Artículo 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 10. Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social (...)" Ley de Amparo "Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." B) Peligro en la demora Ahora bien, dada la naturaleza de la medida cautelar que se estudia, el acto reclamado necesita el análisis a tal peligro, lo que implica una probabilidad de que, de no concederse la suspensión, las violaciones podrían quedar consumadas y se tornarán difícil o imposiblemente reparables. En este punto debe enfatizarse que los anteriores planteamientos, conllevan a realizar de manera conjunta el contexto personal que la parte quejosa plantea en su escrito de demanda, ya que las circunstancias que rodena al acto reclamado no pueden aislarse ni dejarse de observar. De tal manera que, toda vez que la parte quejosa refiere que desde el tres de noviembre del año en curso, le fueron prescritos tales medicamentos, los cuales deben ser ingeridos sin suspenderse, la negativa de proporcionarlos debe ser considerada como una omisión que vulnera o poner en peligro el derecho a la salud de la quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 152/2023, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, undécima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO INCUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR ACCIONES PARA MEDIR Y FAVORECER ESE DERECHO, CUANDO NO ENTREGAN OPORTUNAMENTE EL MEDICAMENTO REQUERIDO POR EL PACIENTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud. Justificación: En términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se impone a los Estados, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una obligación de cumplimiento progresivo para lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados. De no concretarse con el nivel mínimo de procuración y atención a los pacientes en un sentido reforzado, se actualiza la omisión del actuar diligente por parte del Estado. Así, tratándose de situaciones en las que los pacientes requieren de la toma periódica de medicamentos, sobre todo, derivadas de enfermedades crónicas, y ante el desabasto, la falta del suministro diario potencializa y agrava su condición de salud, lo cual no sólo atiende a una entrega tardía de la dosis, sino que, ante la imperiosa necesidad por no contar con el medicamento, se menoscaba su salud." Así también se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 151/2023, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, undécima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. ANTE ENFERMEDADES QUE IMPLICAN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PERIÓDICA, EL ESTADO TIENE UN DEBER DE DILIGENCIA QUE DEBERÁ POTENCIALIZARSE CON UN CARÁCTER REFORZADO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, existe un deber de diligencia por parte del Estado que deberá potencializarse con un carácter reforzado, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Justificación: El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este tipo de deberes comprometen a las autoridades del Estado a ajustar el aparato institucional, legal, administrativo y financiero para evitar vulneraciones a los derechos de las personas. Así, para salvaguardar el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de importancia garantizar el más alto nivel en las pretensiones relacionadas con el disfrute de ese derecho a partir de una serie de estándares jurídicos, así como de la realización progresiva de ese derecho, entre los que destaca el deber concreto y constante de avanzar hacia su plena realización. En consecuencia, la vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna por el Estado -a través de las instituciones de salud-, ya que tenía conocimiento de que lo requería de manera continua y permanente; por tanto, incumplió con su deber reforzado de debida diligencia, pues las autoridades debieron planear y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se diera una situación de desabasto." Ahora bien, tomando en cuenta la urgencia de la medida y el derecho que tiene la quejosa de recibir los medicamentos que sean necesarios para su padecimiento, se estima jurídicamente procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para efectos de que la Institución responsable Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, de inmediato, revise la solicitud de la parte quejosa y certifique si el medicamento que refiere es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento diagnosticado a la quejosa, comparado con otras alternativas que sí estén disponibles en los insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales; y, si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución deberá otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento; lo anterior, hasta en tanto se decida sobre la suspensión definitiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 79, Octubre de 2020, tomo I, página 974, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión." Autorizados. En otro aspecto, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************toda vez que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, del escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******************** De lo anterior se advierte que el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones no se ubica dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Por lo tanto, realícese las notificaciones mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. No obstante, a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda expedito su derecho para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizado a ********************únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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