Aman Javier Uribe Lopez

Expediente 1901/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1901/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • Aman Javier Uribe Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Aman Javier Uribe López, hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso **, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de seis de diciembre de la presente anualidad, manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, en virtud de que recibió respuesta a su petición. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado que hizo consistir en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, del informe justificado rendido por el Director de Amparo en ausencia del Procurador General de la República, se desprende que el escrito de fecha veintiséis de agosto de la presente anualidad, fue turnado al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo para su contestación correspondiente. Por otro lado, el cinco de diciembre del año que transcurre, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso **, a través del cual informó que mediante oficio **, de veintiséis de octubre del año en curso, expedido por la Subdelegada de Procedimientos Penales "A", en suplencia del Delegado Estatal en Morelos de la Procuraduría General de la República, dio respuesta a su escrito, para lo cual anexó copia de dicho oficio, por lo que es evidente que el acto reclamado ya no tiene efectos, pues el quejoso ya recibió respuesta a su escrito de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días, concedido a la parte quejosa por acuerdo de seis de diciembre del año en curso, para que amplíe su demanda respecto de la autoridad que ahí se indica; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Director de Amparo en suplencia del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo con sede en la Ciudad de México; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convengan. De conformidad con el numeral 26, fracción II, de la Ley de la Materia, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora, en razón a del contenido del informe justificado de cuenta, se advierte que la existencia de una autoridad diversa a las señaladas en el escrito de demanda de amparo, la cual está vinculada con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiséis de agosto del año en curso, esto es, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, puesto que fue a dicha autoridad a la cual le fue turnado el ocurso antes señalado mediante oficio **, de fecha seis de septiembre del año en curso, para que acordara lo conducente respecto a su contenido; por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al Juez antes señalado, en el entendido que de ser su deseo deberá remitir una copia más del escrito de demanda para correr traslado a dicha autoridad; en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá únicamente como autoridades responsables a las mencionadas en el escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por analogía jurídica, la jurisprudencia número 2a. /J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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