Amalio Rufino Hernández Pérez
Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Amalio Rufino Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, recibido vía interconexión, por el que transcribe la determinación de dos de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el amparo directo 307/2023 del índice de ese Tribunal, mediante el cual, se aceptó la competencia que este juzgado le declinó, y admitió a trámite la demanda de amparo origen del juicio de amparo 641/2023 relativo a este cuaderno de antecedentes. Archivo del expediente como concluido En otro orden, con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 19, fracción I, inciso b), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, este expediente resulta DESTRUIBLE, de ahí que transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que a fin de determinar si acepta o no la competencia remitió a la autoridad responsable la demanda de amparo a efecto de que cumpla con el procedimiento de ley, y que dicha demanda quedó radicada con el número ********************/2023, de su índice. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes, por lo que se está en espera del pronunciamiento respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de México, por el que solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y en caso de haberse ordenado el archivo de este asunto como totalmente concluido, se le proporcione copia del acuerdo respectivo. En su atención, hágase de su conocimiento que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo y se ordenó el archivo del asunto como concluido. En tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire a la citada autoridad, remítasele copia con firmas electrónicas del auto de archivo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Domicilio En otro orden, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Registro del expediente (...)Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ********, representante común de los BIENES COMUNALES LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ***/2023. Declaración de incompetencia En ese sentido, respecto al acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en: ".De la Autoridad responsable ordenadora reclamo la Sentencia Agraria, dictada en el expediente Recurso de Revisión ***/2022-21 de fecha 31 de mayo de 2023; de la Ejecutora, reclamo el fiel cumplimiento." Se estima que corresponde el conocimiento de dicho acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno por las siguientes razones: Cabe destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgado Federal, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.2o.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página treinta y seis, agosto de 1992, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Desde esa perspectiva, el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;(.)". Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)". De lo anterior, se concluye que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante el juicio de amparo directo, de las demandas que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución en sentido amplio, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la Litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad); por el contrario, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Luego, en el caso concreto, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Autoridad responsable ordenadora reclamo la Sentencia Agraria, dictada en el expediente Recurso de Revisión ***/2022-21 de fecha 31 de mayo de 2023; de la Ejecutora, reclamo el fiel cumplimiento, se advierte que, el acto reclamado por la parte quejosa es una resolución de las contempladas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que, se trata de una sentencia definitiva que pone fin al juicio, de ahí que tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo. En consecuencia este órgano judicial resulta legalmente incompetente para resolver este asunto respecto de la sentencia reclamada, es decir, respecto de la resolución -de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés- emitida dentro del recurso de revisión ***/2022-21, por los Magistrados del Tribunal Superior Agrario. Resulta aplicable por las razones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/15 , Visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 220003.del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto". Así, es dable establecer, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Contra sentencias definitivas, que son aquellas determinaciones que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y, b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En ese orden de ideas, la resolución reclamada debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que corresponde el conocimiento de dicho juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, la demanda de amparo para que, por su conducto, dada la naturaleza del presente asunto, se sirva turnarlo al Tribunal Colegiado que corresponda; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizada para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Saúl Santiago Cruz, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza administrativa (agraria). Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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