Amalio May Cocom
Expediente 2348/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2348/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amalio May Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previos los registros respectivos en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 2348/2022-I-A, promovido por AMALIO MAY COCOM; y. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veintinueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció AMALIO MAY COCOM, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós (fojas 12 a 20), por los motivos ahí expuestos se desechó parcialmente la demanda de que se trata, por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa de realizar los trámites necesarios para la expedición y puesta a disposición del título de propiedad correspondiente a las parcelas 135 Z3 P1/1 y 129 Z3 P1/1, así como la colectiva con certificado agrario 8499, todos del ejido de Copó, municipio de Mérida, Estado de Yucatán. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 5, fracción I, en su parte conducente, y 217, todos de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, por actos futuros de realización incierta. De igual manera, se ordenó la separación de juicios y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, respecto de los actos reclamados, parcelas 135 Z3 P1/1 y la colectiva con certificado agrario 8499, ambas del Ejido de Copó, municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo, se admitió a trámite únicamente teniendo como acto reclamado la omisión de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud de adopción de dominio pleno de la parcela 129 Z3 P1/1, del Ejido de Copó, municipio de Mérida, Yucatán, presentada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Pronunciamiento sobre autoridades responsables. En acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dejó de tener como autoridades responsables al Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, por las razones ahí plasmadas. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, previos diferimientos de ley, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México: - La omisión de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud 31210009713 de adopción de dominio pleno de la parcela 129 Z3 P1/1, del ejido de Copó, municipio de Mérida, Estado de Yucatán, presentada ante la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, a fin de culminar el procedimiento de inscripción correspondiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 24682), pues así lo señaló al rendir su informe justificado. Sin que la parte quejosa hubiere objetado dichos informes o exhibido documental alguna con la que desvirtúe esas manifestaciones. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron como apoyo a sus informes, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En primer término, respecto a la encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, debe decirse que por la naturaleza del trámite de registro agrario de que se trata, se tienen diversos estadios procesales en los que se involucran las diferentes autoridades responsables, el cual comienza con la integración y remisión que debe hacer la indicada Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, de los expedientes relativos a las inscripciones, entre otras, que tengan relación con la adopción del dominio pleno de las parcelas, a la Dirección General de Registro y Control Documental, en términos de los artículos 16, fracción IV, inciso e) y 22, fracción IV , ambos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado, se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (veintiocho de septiembre de dos mil veintidós), la responsable ya había remitido a la Directora del Catastro Municipal de Mérida, con sede en esta ciudad, la solicitud de la asignación del tablaje catastral de la parcela 129 Z-3 P1/1, del ejido de Copó, municipio de Mérida, Estado de Yucatán; lo que hizo mediante oficio RAN/YUC/ST/TCD//553/2022 de nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 41). Sin que obste el hecho de que del oficio en comento no se advierta la fecha cierta en que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, recibió las documentales relativas al trámite administrativo antes indicado, pues como se verá más adelante dicha autoridad incluso emitió calificación registral positiva, antes de la interposición de la presente demanda. Inexistencia que se debe hacer extensiva a las diversas responsables Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (promoción 26889), pues así lo señalaron al rendir su informe justificado. Aunado a que de las constancias remitidas, se aprecia que con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se emitió la calificación registral positiva, correspondiente al trámite de adopción del dominio pleno de la parcela 129 Z3 P1/1, del ejido de Copó, municipio de Mérida, Estado de Yucatán; esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de septiembre de dos mil veintidós), por lo cual a dicha data no existía la omisión que se les reclama. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Por otra parte, no se soslaya lo solicitado por la autoridad responsable Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, en el sentido, de darle vista al quejoso con lo manifestado por la Directora de Catastro del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, mediante oficio DC/1620/10/2022 de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que en la parte conducente señala: ".Y al que se refiere en su oficio número RAN/YUC/ST/TCD/553/2022, le informo que no fue posible realizar por esta oficina catastral la aplicación de valor por inscripción de predio enlistado anteriormente, toda vez que la parcela que se describe en el título que se pretende inscribir se encuentra afectando la calle 7 del ejido Copó municipio de Mérida, mismo traslape que impiden la inscripción solicitada de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 13 del Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida en vigor que a la letra dice:" Sin embargo, no es el caso de darle vista a la parte quejosa como lo manifiesta la autoridad responsable por las siguientes consideraciones. En principio, es menester destacar que en el presente asunto, el acto reclamado derivado de la demanda de amparo se trata de una denegación de justicia impugnada por la parte quejosa ante la omisión de las autoridades responsables de culminar con el procedimiento administrativo establecido en la ley agraria respecto a la parcela que defiende. Por tanto, el acto reclamado no guarda relación con el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, en el cual existe una excepción al principio de definitividad respecto de la respuesta que recaiga a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que puede ampliar la demanda sin que tenga que agotar los recursos ordinarios que procedan en contra del nuevo acto de autoridad. Siendo que el acto reclamado inicial versa sobre una denegación de justicia, derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no se trata de un derecho de petición. Sobre el tema, debe decirse que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, se conforma de diversas prerrogativas que salvaguardan la plena satisfacción de ese derecho subjetivo público, siendo la primera, el dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, esto es, la autoridad se encuentra obligada a emitir un acto positivo, que dé contestación a lo solicitado; la segunda, consiste en que la respuesta sea congruente con lo solicitado; y por último, la autoridad debe dar a conocer la respuesta recaída a la petición en breve término. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Así, el derecho humano de petición impone la obligación a las autoridades de hacer del conocimiento en breve término el trámite necesario para resolver la solicitud del interesado, lo cual evita dejar por varios meses, incluso años, en incertidumbre sobre el destino de su petición. Lo anterior encuentra apoyo legal en la jurisprudencia: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN" . De igual forma, la respuesta que se dé al escrito debe notificarse personalmente al gobernado o sus autorizados, en el domicilio señalado en su petición. Por otra parte, un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio, evidentemente se trata de una cuestión distinta al derecho de petición, ya que la nota distintiva de los primeros es que por regla general inician con una demanda o petición ante la autoridad, pero la naturaleza de lo pretendido obliga a llevar a cabo el trámite correspondiente por diversas etapas, tales como preinstrucción, instrucción (pruebas y desahogo de las mismas), alegatos y sentencia o resolución. Siendo que los procedimientos seguidos en forma de juicio, se tratan de procedimientos que pasan por distintas fases o pasos procedimentales previstas en la ley que los rige y existe una vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común, culminando con una resolución o determinación que le pone fin. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "Registro digital: 224329 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 47 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO QUE INTEGRA UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PERO QUE NO EMANA DE EL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Establece la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que el amparo se pedirá ante Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Dicha disposición, en su segundo párrafo, consigna una regla especial de procedencia de juicio de garantías al reservar su ejercicio, cuando el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta en tanto no se pronuncie la resolución definitiva dictada en el mismo. La característica esencial de los actos a que se refiere la hipótesis descrita, es su vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común y, por tal virtud, esa concatenación lógica se constituye como la razón que hace improcedente el juicio constitucional cuando el acto reclamado es sólo una parte de ese conjunto, salvo, claro está, que se trate de personas extrañas a la controversia. Sin embargo, del conjunto de actos que dan cuerpo a todo procedimiento, deben destacarse aquellos que son típicos del mismo, frente a otros que, producto de una voluntad distinta del órgano que sustancia el procedimiento, sólo se adhieren a él, conservando su individualidad en relación con el procedimiento al cual se integran pero del que no emanan. Los primeros convergen en un denominador común: son actos característicamente unidos entre sí, dictados por la misma autoridad que conoce del procedimiento, los segundos no lo son así, pues tienen un autor distinto. De tal suerte que, si lo que en el juicio de garantías se combate no es un acto que emana del procedimiento, sino otro que se adhirió a él (tan es así que la autoridad responsable no es aquella ante quien se ventila dicho procedimiento), tal acto, por su autonomía e independencia, sí puede ser enjuiciable por sí mismo en el proceso de control constitucional ante el Juez de Distrito". De ahí que en el caso, el acto aquí reclamado se ubique en esta hipótesis al derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues la parte quejosa inició un procedimiento administrativo agrario, en el cual con su planteamiento u ocurso inicial (solicitud) debe aportar pruebas y cumplir diversos requisitos con la finalidad de obtener una resolución que declare que es procedente su solicitud de expedición de título parcelario y así proceder a que la autoridad emita dicha título y se proceda a su registro, siendo que para ello, una de las fases es que recaiga una calificación registral sobre el caso planteado ante la autoridad agraria (resolución). Es por ello que, en la especie resulta inaplicable la jurisprudencia por contradicción establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé una excepción al principio de definitividad, la cual a continuación se trae a colación: "Registro digital: 2021401 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público". Lo anterior, dado que del contenido de la ejecutoria de dicho precedente, se tiene que el Máximo Tribunal partió del análisis de un derecho de petición reconocido en el artículo 8° de la Constitución Federal; sosteniendo por tanto, que el juicio de amparo promovido en contra de la omisión de una autoridad de atender una petición del quejoso, tiene por objeto vincular a dicha autoridad a que emita una respuesta con los estándares constitucionales derivados del artículo 1° y 17 de la Carta Magna. Sobre la base de lo anterior, señaló que cuando la autoridad responsable emite su respuesta a esa petición del quejoso durante el trámite del juicio de amparo y ello se advierte del informe justificado correspondiente, el órgano jurisdiccional debe dar vista al quejoso a fin de que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo y reclamar dicha respuesta o, inclusive, promover un nuevo juicio constitucional o los medios ordinarios de defensa que a sus intereses convengan. Así, la racionalidad de permitir la ampliación de la demanda en el supuesto indicado, obedece a que si bien la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, no puede soslayarse que esa respuesta constituye un acto nuevo que está vinculado con el originalmente reclamado y, por lo mismo, válidamente puede ser analizado por el mismo Juez de Distrito, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En tal virtud, si el quejoso decide ampliar su demanda para reclamar la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite de un juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición, no resulta exigible agotar el principio de definitividad en relación con dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que, se considere, le causan ese nuevo acto, mismas que deben ser analizadas como integrantes de la litis constitucional, bajo los principios de concentración y economía procesal del artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, en la especie no es aplicable tal criterio, en razón de que, se reitera, el acto reclamado original no se trató de un derecho de petición, sino que versa sobre una denegación de justicia en términos del dispositivo 17 Constitucional. En consecuencia, la parte quejosa no se sitúa en la hipótesis de la jurisprudencia analizada, como lo señaló la autoridad responsable al solicitar se le diera vista a la parte quejosa con la respuesta dada por la Directora de Catastro del Municipio de Mérida, mediante oficio DC/1620/10/2022, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el cual obedecen a procedimientos seguidos en forma de juicio. Máxime que la denegación de dar continuidad al trámite ya no deriva de una cuestión relativa a las autoridades agrarias antes señaladas, sino a una de diversa competencia como es la municipal, por lo que la impugnación de dicha decisión será materia de una diversa instancia administrativa. Por lo que, en mérito de todo lo expuesto, se reitera, debe sobreseerse en el presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por AMALIO MAY COCOM, contra los actos atribuidos a las responsables Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando cuarto de este fallo. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese el oficio signado por la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en ausencia de la Encargada del Despacho, residente en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós e informa que la Directora del Catastro del Municipio de Mérida, hizo de su conocimiento la negativa de inscripción del título de propiedad, toda vez que la parcela que se pretende inscribir se encuentra afectando la calle Siete del ejido de Copó, del municipio de Mérida. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondiente y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y lo informado en el sentido de que el quejoso Amalio May Cocom, no desahogó la vista que se le dio en proveído de veintidós de diciembre del año en curso, en relación con la existencia de las autoridades que señaló como Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, dentro del plazo concedido para tal efecto. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, se deja de tener como responsables a las citadas autoridades suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
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