Amalia Vásquez Rosales
Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Amalia Vásquez Rosales
- Verónica Adriana González Costales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la quejosa del auto de nueve de marzo y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que dicen: De autos se aprecia que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordenó que en términos de lo dispuesto por el numeral 21 primer y segundo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, realizar a la parte quejosa Verónica Adriana González Costales, la notificación de manera personal del referido acuerdo, a efecto de recibir los documentos que exhibió en su demanda de amparo. Sin embargo, dicha constancia de notificación no obra en autos, en tales condiciones y con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de notificar el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese en términos de ley. Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, pues se sobreseyó en el presente asunto. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz; consistente en las copias certificadas del expediente 257/2021-VIII de su índice, con las cuales se formó un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, del estado de los autos se advierte que obran documentos en original mismos que anexo la parte quejosa en el escrito inicial de demanda; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Igualmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el siguiente oficio 34176 dirigido al 7. Delegado Estatal de la Policía Preventiva Región Sexta, con sede en Jamapa, Veracruz, del que se advierte que dicha autoridad cambió de domicilio. Ahora bien, del informe previo rendido por la autoridad identificada con el arábigo 7, manifestó que su denominación correcta es Delegación de Policía Estatal Región VI, con sede en Soledad de Doblado, Veracruz, y señaló que su domicilio se encuentra ubicado en la esquina que forman las calles 24 de enero e Ignacio Zaragoza, colonia Sonora, en Soledad de Doblado, Veracruz. En ese sentido, dado que las notificaciones a las autoridades deben hacerse en su principal oficina en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, reexpídase el oficio 33030 a la dirección y denominación correctas señaladas en el párrafo que antecede. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, misma que en lo conducente dice: "...RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado mediante Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Veracruz, Verónica Adriana González Costales promovió juicio de amparo en contra de actos que atribuyó al 1. Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz y otras autoridades, los cuales posteriormente serán precisados (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, emplazar a Amalia Vázquez Rosales como tercero interesado en términos del numeral 5, fracción III, inciso b) de la ley en comento y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 29 a 33). Mediante proveído de diecinueve de noviembre y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista con las constancias de la imposibilidad para notificar respectivamente a las autoridades autoridades 3. Coordinador de la Policía Intermunicipal con sede en Boca del Río, Veracruz y 6. Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, Veracruz, a efecto que la parte quejosa manifestara lo que a su interés corresponda, apercibida que en caso de no hacerlo se tendrían por inexistentes a las mismas (fojas 43 y 78). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de diversas autoridades responsables (fojas 41, 53, 56 y 64) la constancia de emplazamiento de la tercero interesada (foja 70) la que compareció a juicio solicitando se sobreseyera en el presente juicio (foja 73); así como la notificación a la Representación Social de la Federación adscrita (foja 38) tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la cual se tuvo por inexistentes a las autoridades 3. Coordinador de la Policía Intermunicipal con sede en Boca del Río, Veracruz y 6. Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, Veracruz, por lo que se suspendió cualquier comunicación con las mismas, quedando el expediente en estado de resolución, yCONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso c) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud que se reclama un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales de la gobernada, tales como las de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado surte efectos dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de actos. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados son: a). La falta de emplazamiento de la quejosa al expediente 257/2021 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, así como todo lo actuado en el mismo. b). La orden de desocupación y/o lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero, número 2129, colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, dictada en el citado juicio, así como su ejecución. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, 4. Secretario de Seguridad Pública con residencia de Boca del Río, Veracruz y 5. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, Veracruz, ello en razón que al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia de los mismos (fojas 64 y 56 respectivamente). Lo que se corrobora, en razón de que el citado Juez de Primera Instancia remitió copias certificadas del juicio ordinario civil 257/2021 de su índice, en el que Amalia Vásquez Rosales demandó de la empresa 15 Y MAS DEPOT S.A. de C.V. la desocupación y entrega de diversos inmuebles entre los que se encuentra el ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz, en el que no figura como parte la aquí quejosa por lo que no se ordenó su emplazamiento y en las que de igual forma, se aprecia el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la diligencia de lanzamiento con relación al citado bien inmueble (fojas 2 a 6, 44, 161 del tomo de prueba). Constancias que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Del mismo modo, a pesar que el 2. Director de la Policía Municipal en Veracruz, Veracruz, y el 7. Delegado Estatal de la Policía Preventiva Región Sexta en Jamapa, Veracruz (fojas 41 y 53) hayan negado los actos que se les reclaman cuando rindieron sus informes justificados, dado su carácter de ejecutoras, en cualquier momento pueden recibir la correspondiente instrucción para llevar a cabo la orden de lanzamiento reclamada, la cual incluso se comprobó ya fue emitida, de ahí que deben tenerse por ciertos los actos que se les reclaman. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, En tal contexto, del estudio de los autos del presente juicio, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. PREMISAS NORMATIVAS. Los citados dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Lo resaltado es propio de esta sentencia. Como se observa de la anterior transcripción, en lo que atañe a los actos o resoluciones que dimanen de un tribunal, como sucede en el caso particular, resulta necesario que la parte quejosa precise que es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuestión que está vinculada con el concepto de interés jurídico. En ese sentido, al ejercer el impetrante del amparo la correspondiente acción constitucional, en los casos que impugna actos o resoluciones que tengan su origen en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, está constreñido a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos o resoluciones. Bajo este tenor, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el numeral 6 de la Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el ya citado ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se desprende que para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie, aclarándose desde luego cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aunado a lo antes dicho y atendiendo a que el principio de agravio personal y directo, se encuentra intrínsecamente vinculado con el concepto de interés jurídico antes referido, el cual consiste en el derecho que le asiste al particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se afecte por el acto de autoridad ocasionando a su titular una ofensa, un perjuicio o daño en los derechos e intereses del particular. Robustece a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De todo lo anterior, se desprende que la parte quejosa tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en el juicio de amparo en el supuesto en estudio, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. SUBSUNCION. Sentadas las anteriores premisas, conviene precisar que la peticionaria de amparo reclama la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 257/2021 del índice de la responsable ordenadora, así como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho proceso, y de manera particular la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz. Lo anterior dado que, según manifiesta la quejosa, se pretende desposeerla de dicho inmueble, sobre el que tiene legítima posesión ya que el cinco de junio de dos mil diecinueve, celebró con Amalia Vásquez Rosales un contrato de promesa de compraventa sobre el mismo; contrato en el cual, en la cláusula cuarta se le dio legítima posesión física y material de dicho domicilio. Asimismo, Verónica Adriana González Costales señaló que incluso mediante juicio ordinario civil 347/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia Amalia Vásquez Rosales le demandó el pago de $970,000.00 (novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) derivado del supuesto incumplimiento de dicho contrato de promesa de compra-venta, lo que pone de manifiesto lo ilógico que la citada Amalia Vásquez Rosales pretenda recuperar la posesión del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz en un juicio derivado de un supuesto contrato de arrendamiento con la empresa 15 Y MAS DEPOT S.A. de C.V.. Circunstancias que pretendió acreditar con la exhibición de copias certificadas obtenidas del citado juicio ordinario civil 347/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en las que se advierte la citada demanda de Amalia Vásquez Rosales en contra de Verónica Adriana González Costales por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz, así como el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno dictada en dicho juicio (fojas 11 a 28). Documentos que tienen valor probatorio en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Sin embargo, contrario a lo pretendido por la impetrante de garantías dichos documentos en lugar de robustecer su dicho relativo a la legal posesión que detentaba sobre el bien objeto del diverso juicio 257/2021 del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en realidad ponen de manifiesto que la quejosa no tuvo en ningún momento dicho bien y que en efecto no formaba parte de dicho litigio. Lo anterior es así, puesto que de las copias certificadas del juicio 347/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, se advierte que la defensa de Verónica Adriana González Costales alegó como uno de los motivos por los cuales no se concretó la compraventa pactada, ni se cubrió el monto acordado como pago, el hecho que a la demandada nunca se le dio posesión de la casa marcada con el número dos mil ciento veintinueve, de la calle Vicente Guerrero, colonia Centro en Veracruz, Veracruz. Tanto es así que en la prueba confesional ofrecida por la demandada y que cuyo desahogo corrió a cargo de Amalia Vásquez Rosales se le preguntó de forma expresa si celebró contrato de arrendamiento sobre el mencionado inmueble con la empresa 15 Y MAS DEPOT S.A. de C.V. y que en ese momento se encontraba en litigio con dicha persona moral por dicho arrendamiento a lo que la absolvente respondió que sí. Circunstancias que ponen de manifiesto que los medios de convicción ofrecidos por la amparista para acreditar la legal posesión del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz, no cumplen con dicho cometido, puesto que aun en la sentencia dictada en el juicio 347/2021 en cita, el Juez Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, tuvo por justificado que Amalia Vásquez Rosales no hizo entrega del citado inmueble a Verónica Adriana González Costales lo que implica que ella nunca lo tuvo en su legal posesión. De ahí que los medios de convicción se consideran insuficientes para demostrar de manera fehaciente el interés jurídico de la promovente de amparo, puesto que los mismos no acreditan su carácter de legal posesionaria del citado inmueble. Lo anterior dado que aun cuando la quejosa acreditó haber celebrado contrato de promesa de compraventa sobre dicho bien con la ahora tercero interesado, dicho convenio no fue cumplido en sus términos por lo que no puede surtir efecto legal en los términos que pretende la aquí quejosa, esto es, de volverla parte en el juicio de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación existente entre la aquí tercero interesada y diversa persona moral. De ahí que, la quejosa no acreditó su interés jurídico a efecto de ser llamada en el juicio de origen en el presente asunto, ya que no se advierte derecho alguno como propietario o posesionario del inmueble objeto en dicho proceso. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Conclusión que de igual forma debe llegarse con relación con el acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número dos mil ciento veintinueve, colonia Centro en Veracruz, Veracruz, puesto que tal acto es consecuencia del citado juicio 257/2021, además que, como ya se expresó la quejosa no se encontraba en posesión del bien. CONCLUSIÓN. De esta forma, al no acreditarse, la propiedad, o siquiera la posesión material por justo título del bien inmueble, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, y en consecuencia lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a las autoridades y actos reclamados en estudio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Verónica Adriana González Costales, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución, por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia e se ordena ingresar la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley...."
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano que contienen los siguientes oficios: OFICIOAUTORIDAD RESPONSABLE308986. Subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa330307. Delegado Estatal de la Policía Preventiva Región Sexta, con sede en Jamapa, Veracruz Así, respecto a la pieza postal que contiene el oficio 30898 de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dirigido al 6. Subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor pronunciamiento, puesto que en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la mencionada autoridad, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Por otro lado, en relación con la pieza postal restante que contiene el oficio 33030 de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido al 7. Delegado Estatal de la Policía Preventiva Región Sexta, con sede en Jamapa, Veracruz, se advierte del mismo que dicha autoridad cambió de domicilio. Ahora bien, del informe previo rendido por la autoridad identificada con el arábigo 7, manifestó que su denominación correcta es Delegación de Policía Estatal Región VI, con sede en Soledad de Doblado, Veracruz y señaló que su domicilio se encuentra ubicado en la esquina que forman las calles 24 de enero e Ignacio Zaragoza, colonia Sonora, en Soledad de Doblado, Veracruz. En ese sentido, dado que las notificaciones a las autoridades deben hacerse en su principal oficina en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, reexpídase el oficio 33030 a la dirección y denominación correctas señaladas en el párrafo que antecede. Notifíquese en términos de ley.
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