Amalia Sierra Sierra
Expediente 1272/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Amalia Sierra Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cinco de octubre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual informa que en cumplimiento al oficio 68429/2015 del índice de este juzgado, que de una búsqueda realizada en el Sistema de Multicobros con el que operan, no se encontró ningún pago realizado por el quejoso Arturo Herrera Zepeda, asimismo, proporciona el domicilio donde puede ser localizado el quejoso de referencia, a fin de requerirle personalmente el pago correspondiente; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad responsable y el estado procesal que guardan los presentes autos; se requiere nuevamente al quejoso ARTURO HERRERA ZEPEDA, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, ponga a disposición de la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la cantidad excedente que la parte quejosa cobró, esto es $10,218.72 (diez mil doscientos dieciocho pesos 72/100 m.n.); toda vez que el amparo se concedió para que se le devuelva las cantidades que pagó por concepto derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado, de $6,900.00 (seis mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional) y $27,600.00 (veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en aplicación del artículo 77, fracciones II y IV, respectivamente, de la Ley General de Hacienda Pública del Estado, que en su total arroja la cantidad de $34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), y la autoridad responsable puso a disposición de la parte quejosa, el título de crédito por la cantidad de $44,718.72 (cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 72/100 moneda nacional). Por otra parte, se requiere al autorizado del quejoso, JAVIER GARCÍA PADILLA, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, acredite que hizo del conocimiento al quejoso del requerimiento efectuado en el presente auto. Apercibidos que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con los diversos 238 y 270. En consecuencia, tomando en consideración que el domicilio que señala la autoridad oficiante es Colonia Roma Norte 06700, Cuauhtemoc, Distrito Federal, y toda vez que de la escritura pública que obra en autos, se advierte que el domicilio completo es CALLE GUANAJUATO NÚMERO SETENTA Y SIETE B, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, y tal domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en turno, a fin de que gire sus amables instrucciones y por conducto del Fedatario de su adscripción, notifique el presente acuerdo al quejoso ARTURO HERRERA ZEPEDA; en el entendido de que deberá elaborar la razón correspondiente de su entrega, o en su caso, los motivos por los cuales no le sea posible realizar la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita imponer las multas decretadas y remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y toda vez que para este juzgado, es un hecho notorio que en el juicio de amparo 132/2015-IV del índice de este juzgado, se advierte que fungen como Presidenta Municipal (OLGA CASTILLO MONTESINOS), calidad que acreditó con copia de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce y Tesorera Municipal (DANIRA SANTANA BARRERA), ambas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por lo tanto se procede a resolver lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), para que dentro del término de veinticinco días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que el término de veinticinco días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: a) No se les aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se les devuelva la cantidad que pagaron por concepto de cobro de impuesto adicional derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la cantidad de $2,910.00 (dos mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional)con motivo de la aplicación de los artículos en mención, por parte del Ayuntamiento y Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. c) No se les aplique en el caso concreto, ni en lo futuro, los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. d) Se les devuelva las cantidades que enteraron a las autoridades por concepto del impuesto adicional derivado del cobro de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, de $1,746.00 y $619.00 (mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)y (seiscientos diecinueve pesos 00/100 moneda nacional)con motivo de la aplicación de los citados artículos, por parte de la Secretaria de Hacienda y de su Subsecretario de Ingresos, ambos del Estado de Morelos. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de septiembre de dos mil quince Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de agosto del año en curso; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DELEGACIÓN MORELOS para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido que se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".Por tanto, al acreditarse la violación al artículo 8º Constitucional, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Amalia Sierra Sierra para que la autoridad responsable, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que la quejosa le formuló el veintiséis de mayo de dos mil quince. Emitida la respuesta, sin demora la notifique a la quejosa de forma personal, en el domicilio que señaló para tal efecto, en el entendido que la designación de uno diverso (domicilio) no será obstáculo para cumplir con este fallo, salvo que hubiere sido señalado en otra petición." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, toda vez que mediante oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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