Amalia Salgado Figueroa
Expediente 1652/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Amalia Salgado Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"1 ; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que este expediente es susceptible de depuración. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa realizó manifestación respecto a su oposición de la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito del Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada de la audiencia de cuatro de marzo del año en curso; en atención a ello, agréguese sin mayor proveído, toda vez que en líneas precedentes causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo dictada en los presentes autos. Notifíquese.
- Principal
En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado con anexo que rinde la autoridad responsable: Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. Informe en el que acepta la existencia del acto reclamado. Vista. Con el contenido de dicho informe y anexo, dése vista a las partes para que se impongan del contenido del mismo. Relaciónense en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con el informe justificado respectivo. Manifestación. Asimismo, se tiene por hecha la manifestación de la autoridad respecto a que no se localizó registro alguno de juicio de amparo promovido por la ahora parte quejosa, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; trece de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene que en esta fecha compareció a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional la quejosa ******y ante la presencia judicial manifestó su deseo de ratificar el contenido y firma del escrito que se tuvo por recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que se procede a acordar lo relativo a la ampliación de demanda planteada por la promovente. En ese sentido, con apoyo en lo establecido por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, resulta improcedente. En principio cabe señalar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó los motivos por los cuales se puede ampliar la demanda de amparo, en la jurisprudencia 15/2003, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por su parte, el artículo 111 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De lo anterior, se colige que la figura de ampliación de demanda procede cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, bien sea con motivo del informe justificado o cuando dicho quejoso tenga conocimiento por cualquier medio, para lo cual su procedencia también girara en torno a lo previsto en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así tenemos que, la ampliación de demanda resulta procedente cuando: 1. Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, o 2. El quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Siempre y cuando: No hayan transcurrido los plazos para su presentación, esto es, se cumplan con las hipótesis previstas en el artículo 17 de la propia ley; y, Los actos de autoridad guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Conforme a lo anterior, el plazo para promover la ampliación de demanda en contra de los actos señalados por la parte quejosa, es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que dichos actos no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dichos actos reclamados no involucran inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, una vez que conoció del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de ampliación que se provee, se desprende que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo, en contra de los siguientes actos reclamados: III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- ORDENADORAS: 1.- Lic. Adrián García Mojica, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional metropolitana del Estado de Morelos. 2.- H. Congreso de la Unión. B).- EJECUTORAS: 1.- Titular de la Agencia de INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA Fiscalía General de justicia del Estado de Morelos. 2.- Presidente Constitucional de los Estados IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: RECLAMO DE LA AUTORIDAD SENALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA CON EL NUMERO 1, RECLAMO: a).- La orden de devolución y entrega del bien inmueble de mi propiedad y posesión ubicado en calle rio Papaloapan número 6, colonia Vista Hermosa, Municipio de Cuernavaca, Morelos, de fecha 28 de enero del 2021 dictado dentro de la carpeta de investigación número FDCLS01/15/2021, en donde infundada e inmotivadamente ORDENA LA ENTREGA a los terceros CC. JOSÉ OMAR PÉREZ LÓPEZ, apoderado legal de MARÍA NIDIA LÓPEZ DÍAZ Y JUDITH PÉREZ AOSTA. b).-La ejecución material de la orden de devolución y su entrega del bien inmueble de mi propiedad y posesión ubicado en calle rio Papaloapan número 6, colonia Vista Hermosa, Municipio de Cuernavaca, Morelos a través de la resolución de fecha 28 de enero del 2021, estos es la entrega material efectuada el día 29 de enero del 2021, consistente en la entrega del bien inmueble a los CC. JOSÉ OMAR PÉREZ LÓPEZ, apoderado legal de MARÍA NIDIA LÓPEZ DÍAZ Y JUDITH PÉREZ AOSTA, así como el acta circunstanciada de entrega del bien inmueble y traslado de los muebles a la dirección de bienes asegurados, acta circunstanciada de fecha 29 de enero del 2021, en la que se hace entrega del inmueble ubicado en calle rio Papaloapan número 6, colonia Vista Hermosa, Municipio de Cuernavaca, Morelos, materia del juicio, y posteriormente la puesta en venta del bien inmueble por parte de estos terceros. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SENALADA CON EL NUMERO 2 RECLAMO: La inconstitucionalidad del artículo 246 primer párrafo del código nacional de procedimientos penales en vigor, desde su promulgación, aprobación y expedición del código nacional de procedimientos penales en vigor que lo contiene. RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS SEÑALADA CON EL NÚMERO 1; la ejecución de los acuerdos de la ordenadora y del acuerdo de fecha 28 de enero del 2021, así como la entrega del bien inmueble a los terceros y el traslado de los muebles vehículos y demás objetos a la área bienes asegurados, realizado el 29 de enero del 2021. RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SENALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS SENALADA CON EL NUMERO 2: La en entrada en vigor, puesta en circulaci6n y publicación del artículo 246 primer párrafo del código nacional de procedimientos penales en vigor, desde su puesta en circulación, publicación y entrada en vigor del código nacional de procedimientos penales en vigor que lo contiene. Asimismo, la parte quejosa manifiesta que acude a ampliar la demanda toda vez que dichos actos resultan novedosos, pues refieren que se percató de la existencia de los mismos con motivo del informe justificado rendido por Adrián García Mojica, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional metropolitana del Estado de Morelos, pues refiere: "(.) en dicho amparo se formó el cuaderno auxiliar de suspensión, donde el día 17 de febrero del 2021 el LIC. ADRIÁN GARCÍA MOJICA AGENTE DEL MINISTRIO PUBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE OPERACION ES ESTRATEGICAS (COE) DE LA FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA, rindió su informe previo en donde omitió señalar la existencia de esos acuerdos que ahora pretende introducir en su informe justificado, en torno a la existencia de los actos reclamados como son la orden de cateo y su ejecución realizado el día 16 de enero del 2021, aseguramiento del bien inmueble señalado en autos así como la orden de aseguramiento y su ejecución de los bienes muebles incluidos 6 vehículos de mi propiedad, en donde acepta la existencia de los actos reclamados, esto es que no señaló la comparecencia del 18 de enero del 2021, ni el levantamiento del aseguramiento y devolución de fecha 28 de enero del 2021, ni su ejecución del 29 de enero del año en curso, dentro de la carpeta de investigación que nos ocupa, de ahí que su introducción es novedosa para la suscrita, quien se percata que no existían estos actos, ni el ministerio publico me hizo saber ninguna comparecencia de persona alguna que acreditara la propiedad, ni menos que ya había ordenado su devolución ni su entrega, solo me dijo que después me devolviera el inmueble de mi propiedad y posesión." En ese sentido, conviene destacar que de la consulta de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se desprende que el aludido informa justificado, se tuvo por rendido el once de marzo de dos mil veintiuno, en esa fecha este órgano jurisdiccional advirtió que las constancias que la responsable acompañó como complemento a su informe justificado no se encontraban debidamente certificadas, por lo que se devolvieron las mismas a fin de efectuar lo conducente. Así, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional metropolitana del Estado de Morelos, remitiendo copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación FDCLS01/15/2021, de las que se desprende la existencia de las diligencias respecto de las que ahora la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo; no obstante, se reservó otorgar la vista correspondiente, pues el procedimiento se encontraba suspenso con motivo del recurso de queja hecho valer por la impetrante de amparo, en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desecharon diversos medios de prueba. Finalmente, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual, remitió el testimonio de la ejecutoria el medio de impugnación hecho valer por la quejosa, por lo que se levantó la suspensión del procedimiento y se otorgó la vista correspondiente a las partes con las documentales que fueron allegadas por agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional metropolitana del Estado de Morelos, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, determinación que fue notificada de forma personal a la parte quejosa el veintidós de julio de dos mil veintiuno. De lo anterior, se colige que la aquí quejosa, tuvo conocimiento de los actos por el que pretende ampliar su demanda a partir del veintidós de julio de dos mil veintiuno, cuando se le notificó personalmente la vista con las documentales que la autoridad responsable allegó como complemento a su informe justificado. Por consiguiente, no cumplió con el requisito que precisa el legislador en la fracción II, artículo 111 de la Ley de Amparo; de ahí que resulte improcedente su ampliación de demanda, ya que fue a partir de dicho momento que la aquí quejosa tuvo conocimiento completo y exacto del acto por el que intenta ampliar la demanda que instó el presente juicio, de tal manera que desde esa fecha tuvo la posibilidad real para impugnar el acto que combate, a través de los medios que la ley le otorga para ello, y en su caso mediante el juicio constitucional o al momento de la presentación de la demanda que instó el presente sumario para así demostrar la violación al derecho que presumiblemente se transgredió en su contra. En ese sentido, resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja del escrito de ampliación de demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. Por tanto, si la quejosa no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente los actos reclamados, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo; y, por consiguiente, es procedente DESECHAR LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.7o.A. J/61, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 2870, de rubro y texto siguiente. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos contemplados en los artículos 21, 22 y 218 de la ley de la materia, a partir del conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En esos términos, si la ampliación de la demanda encuadra en cualquiera de las indicadas hipótesis, al igual que el escrito inicial, únicamente procede desecharla cuando la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda desvirtuarse." En ese contexto, al haberse desechado la ampliación de demanda respecto del primer acto de aplicación de la norma reclamada, este debe hacerse extensivo a la norma reclamada, esto es, a la expedición, promulgación y publicación del artículo 246, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el estudio de constitucionalidad de la norma se encuentra supeditado a que se supere el estudio de procedencia respecto del acto reclamado, en consecuencia, al resultar improcedente la ampliación de demanda respecto del acto de aplicación de la norma, lo conducente es desechar de igual manera por cuanto a dicho precepto legal. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 adoptada por la Segunda Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Constitucional, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizársela constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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