Amalia Ríos Pérez

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Amalia Ríos Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    ...En ese sentido, esta autoridad federal agotó todos los medios legales de búsqueda del domicilio del tercero interesado en cita; en consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación al 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se decreta su emplazamiento a juicio por medio de edictos, los cuales se publicarán a costa de la parte quejosa...Se requiere a la parte quejosa, para que comparezca a este Órgano de Control Constitucional dentro del término de veinte días siguientes contados a partir de la legal notificación del presente proveído, a recoger los edictos y demostrar que realizó los trámites para su publicación o informar la imposibilidad que tenga para ello o para pagar la publicación de los mismos. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en líneas anteriores, este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, en términos del diverso 27,fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, sobreseerá el juicio de amparo....

  2. Principal

    Visto, agréguese a los autos el escrito aclaratorio que signa la quejosa *****, por medio del cual pretende substanciar la prevención realizada en auto de cuatro de junio pasado. DESECHAMIENTO En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Del numeral transcrito se observa, que el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a). Que exista un motivo de improcedencia y b). Que sea manifisto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. JUEZ CIVILDE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CINTALAPA, con domicilio en 2º sur, entre calle central y 1º oriente número 50, de la ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas (a un costado de la negociación denominada "ZERECO"). IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable, me causa agravio el inconstitucional emplazamiento de fechaa quince de enero del aaño dos mil veintiuno". (Sic) Ahora bien, una vez analizado el escrito de demanda y el escrito aclaratorio, este juzgador estima que en el caso se encuentra actualizada la causa de improcedencia que actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; los cuales, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.] Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Dichas porciones normativas que establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, constituyen normas definitorias, ya que establecen lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los derechos sustantivos no son más que los derechos fundamentales contenidos en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la igualdad, vida, propiedad, posesión, entre otros, cuya violación en juicio, harían imposible su restitución a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin a juicio, de ahí que su procedencia sea en la vía indirecta. Fuera de estos casos, es decir, que no se trate de derechos sustantivos los que sean violados dentro de juicio, sino de violaciones cuya trascendencia en la esfera jurídica del particular sean determinadas hasta el dictado de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a juicio, se tratará entonces de actos dentro de juicio que producen efectos meramente procesales por más graves que incluso pudieran constituir, respecto de los cuales no es procedente el juicio de amparo indirecto, ya que existe la posibilidad latente de que los mismos desaparezcan ante el dictado de una resolución favorable para el quejoso, de lo contrario, como ya quedó apuntado, tales transgresiones deberán hacerse valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia o resolución que haya puesto fin a juicio. En tales condiciones, el acto reclamado, esto es, el emplazamiento practicado el quince de enero de dos mil veintiuno, en el Juicio Reinvindicatorio 527/2020, del registro de la responsable Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Ramo civil, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dirigido a su persona y entendida a nombre de su hija Alma del Pino Rios. Sin embargo, conforme al escrito aclaratorio de presentado el once de junio del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, precisó que la contienda instaurada con motivo al juicio reinvindicatorio 527/2020, carece de resolución definitiva. Y, el hecho que la promovente del amparo se haya ostentado sabedora del juicio reinvindicatorio 527/2020, antes del dictado de la sentencia, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que con ese carácter, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, de tal manera que si no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes del dictado de la sentencia, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas, fundamentalmente ya no es persona extraña al juicio, en virtud que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario, a través del incidente de nulidad y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción VI, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, si la promovente se hizo sabedora del procedimiento incoado en su contra antes del dictado de la sentencia, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Por ello se estima, que la promoción de este juicio de amparo, es improcedente, pues la quejosa tiene oportunidad procesal para sujetarse a la litis planteada en su contra, antes de que sea emitida [sentencia], en donde además estará en aptitud de hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones por defectos en el emplazamiento. Por ello, tal violación, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación en los términos apuntados, en virtud de que aun cuando la falta de emplazamiento pudiera estimarse como una violación procesal de gran magnitud y de carácter grave, lo cierto es que, por el momento no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que producen únicamente efectos formales en el proceso que están en posibilidad de desaparecer si comparece al mismo y logra la nulidad de dicha actuación. En razón de lo expuesto, si la promovente del amparo es la parte demandada en el juicio natural, y que conforme a lo manifestado por la propia quejosa se desprende que aún no se ha dictado sentencia, en el Juicio Reinvindicatorio 527/2020, del Registro del Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Ramo civil, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, resulta claro que no puede equipararse a la persona extraña a juicio, ya que sólo tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio, o quien siendo parte en éste, la falta de emplazamiento, o las violaciones cometidas en el mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra por haber sido resuelto, de tal suerte que esa situación debe implicar la imposibilidad absoluta de ser oído en defensa, hipótesis que no acontecen en la especie, pues precisamente aún no se ha dictado la sentencia en el juicio natural; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia en estudio. Por lo tanto, al no haber concluido el juicio natural se concluye que la quejosa puede acudir ante la responsable, a fin de interponer el incidente de nulidad de actuaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, Décima Época, bajo el registro digital 2000293, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Sin que obste a lo anterior, que cuando en un juicio, un acto pueda tener el carácter de ejecución irreparable, no excluye al justiciable para que agote los recursos ordinarios de defensa, que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto generador de molestia; por lo que, es obligación de la parte quejosa agotar el incidente de nulidad, para la procedencia del juicio biinstancial que intenta. Del mismo modo, es aplicable al caso la jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro X, julio de 2012, tomo 1, visible en la página 729, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, que enseguida se indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por tanto, en observancia al principio de definitividad, tenía la obligación de agotar el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la ilegal notificación realizada en el procedimiento de origen que combate en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En este entendido, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, por las razones expuestas era impugnable a través del incidente de nulidad de actuaciones; de tal manera que si la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de garantías no agotó ese medio de impugnación para combatir la resolución que reclama, es incuestionable que incumplió con el principio de definitividad que rige la materia de amparo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO por notoria improcedencia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la estadística, al igual que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 10755/2021, dirigido al "Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Representación del Tesorero de la Federación en la Ciudad de México", que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con la leyenda en el sobre de envío: "Rehusada" (sic). Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la referida autoridad señaló la denominación y domicilio correctos a las cuales se le fue enviado el oficio de cuenta; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese el oficio de cuenta a la autoridad responsable, a través del Administrador del Servicio Postal Mexicano, de esta ciudad, a efecto de que lo haga llegar a su destino, agotando todos los medios que se encuentren a su alcance e incluso en días y horas inhábiles, y en caso de que sea rehusado de nueva cuenta, deberá señalar de manera clara lo que motivó dicha circunstancia, en ese sentido, para mayor entendimiento, se señala de manera enunciativa más no limitativa las siguientes circunstancias; "Rehusado por domicilio incorrecto", "Rehusado por denominación incorrecta", "Rehusado, no quieren recibir el oficio"; en la inteligencia que si la autoridad responsable, se negare a recibir el oficio citado, se tendrán por legalmente hechas la notificación respectiva y será responsable de las consecuencias de la resolución que contenga, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo. Se apercibe al Administrador del Servicio Postal Mexicano, de esta ciudad, que en caso de no acatar lo ordenado en el párrafo anterior o de no manifestar, dentro del término de tres días, el impedimento que tuviera para ello, de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa...

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