Amalia Patricia Martínez Zamora
Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2017
Partes del expediente
- Amalia Patricia Martínez Zamora
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; que no obran documentos originales; que no se abrió incidente de suspensión por no haberlo solicitado; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima, fracción III y vigésima primera, fracciones II y III del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA...Ensenada, Baja California, seis de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, por el cual el Presidente en funciones de la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación de Arbitraje, en esta ciudad, en atención al requerimiento realizado en veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, remite el laudo de treinta y uno de dicho mes y año, con firmas autógrafas de los integrantes de la referida Junta; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119, ambos de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para constancia. Atento a lo anterior y al estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que en este asunto se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, por las consideraciones que en adelante se plantearán. En tres de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa presentó demanda constitucional en la cual estableció como acto de reclamo la falta de dictado de laudo en el expediente laboral 361/2016, del índice de la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación de Arbitraje, en esta ciudad, por lo que este órgano constitucional la admitió en términos de lo que se aprecia en auto de seis de dicho mes y año, y dado el requerimiento que se efectuó a dicha autoridad en el ulterior acuerdo referido, ésta remitió informe justificado en el que estableció la certeza del acto en cuestión. Ahora, en ponderación al oficio y anexos de cuenta, se advierte que la autoridad responsable en treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictó laudo en el expediente 361/2016, extremo jurídico que colma de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues las condiciones de hecho se subsumen a lo que prevé la porción normativa anteriormente establecida. Así es, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece lo que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En ese sentido, si se toman en cuenta las constancias que remitió la autoridad responsable, las que por ser públicas, tienen valor pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, párrafo segundo, a la par de aquéllas que integran la demanda constitucional que presentó la parte quejosa, se advierte por un lado, que el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo, en el juicio laboral 361/2016, y por otra parte, que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente, en el aludido sumario obrero; por tanto, la abstención que en su momento afectó la esfera jurídica de la parte quejosa, dejó de existir. Trasciende a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustenta lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consolida lo expuesto, que la parte quejosa circunscribió el acto que le atribuye a la responsable precisamente a la omisión expuesta con antelación, por lo que si la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación de Arbitraje ya dictó el laudo base de lo que en su momento reclamó Amalia Patricia Martínez Zamora, tal extremo desvaneció por completo en términos fácticos y jurídicos los efectos de la omisión en cuestión, de ahí que, en la fecha que se emite el actual acuerdo ya no existen los efectos que trascendería en perjuicio de lo que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en estricta consideración a la etapa procesal base del objeto de la presentación de la demanda constitucional, dentro del procedimiento laboral, a la luz de lo que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia referida, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, por el cual rinde informe justificado el Presidente en funciones de la Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y constancias que anexa en copia certificada relativas al expediente laboral 361/2016, para apoyar sus manifestaciones; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119, ambos de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos con vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la citada responsable no remite la totalidad de las constancias del expediente laboral 361/2016 de donde deriva el acto reclamado, por ser necesarias para resolver el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, y 297 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de TRES DIAS contados a partir de que surta efectos su notificación, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el referido juicio laboral. Apercibida la citada autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, comunicar la imposibilidad que para ello tenga, en los términos de los numerales 238 y 260 ambos de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda, formulado por Amalia Patricia Martínez Zamora; ocurso mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto, contra actos del Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se ADMITE dicha demanda. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo 142/2017. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. En diverso aspecto, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en los numerales 238 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una MULTA de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. De igual modo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien, que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, y artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se reserva hacer pronunciamiento respecto a las partes terceras interesadas, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que derivan los actos reclamados. Se tienen por exhibidas las pruebas documentales que ofrece la promovente en su demanda, las que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, quien esto provee autoriza la expedición a costa del promovente y de las partes que se lleguen a reconocer, de las copias simples de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. En esa misma tesitura, se considera que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el sumario en que se actúa, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígaseles que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle San Miguel número 46, Fraccionamiento Nueva Ensenada de esta ciudad; y, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Carmen Martha Hernández Rivera, dado que de la certificación de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Efraín Gabriel Justo y Cesar Francisco Salazar Hernández. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que los sujetos obligados, entre otros el Poder Judicial, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor del artículo 68 de esta última legislación; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Además, que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de los artículos 97 a 109 de la mencionada ley. Finalmente, que el derecho a oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, específicamente en las listas de notificación por estrados y/o medios electrónicos, será procedente hasta el momento en que el juicio se encuentre concluido; pues mientras esté en trámite el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas, tiene como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, por lo que su difusión no requiere el consentimiento expreso del titular a quien pertenece. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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