Amalia Martínez Damian
Expediente 497/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
Partes del expediente
- Amalia Martínez Damian
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa Amalia Martínez Damián, mediante el cual interpone recurso de reclamación contra el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el presente amparo directo, al cual debe darse el trámite de turno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 34, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítase el escrito de cuenta a la Oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que dé el trámite de turno correspondiente y devuelva ese documento a este órgano colegiado; por lo que será en el cuaderno de reclamación que se forme donde se proveerá lo que en derecho corresponda respecto del citado recurso. Como lo solicita la promovente, realícense las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de las listas electrónicas que para ese efecto se publican en los estrados de este tribunal colegiado. Se autoriza a Omar Martínez Meza, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie el nombre de usuario que se proporciona al citado expediente y con el cual se registró en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase como persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesional que refiere, siempre que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, de lo contrario sólo se le tendrá como autorizado, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto realice el registro correspondiente en el referido sistema. Notifíquese en la lista de acuerdos publicados electrónicamente; y, por oficio, a la Oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
A C U E R D A: Se tiene por recibido el oficio del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, el magistrado presidente rinde su informe justificado; remite los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa 41/2020, así como de los recursos de apelación 17/2022 y 18/2022, acumulados; y, copia simple de la demanda de amparo promovida por Amalia Martínez Damián, contra la sentencia emitida el diecisiete de agosto del año que corre, en los autos de los mencionados recursos de apelación. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 3° de la Ley de Amparo, y 99 del Acuerdo general de pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como amparo directo 497/2023. La presente demanda de amparo deviene notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3°, 5°, fracción I, 6° y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo. El artículo 3 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Del citado precepto legal transcrito, se advierte que, las promociones dentro del juicio de amparo pueden presentarse, a saber: a) por escrito, b) de forma oral y c) de forma electrónica, esta última mediante el uso de una firma electrónica, conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, la norma legal en comento no hace mención a la posibilidad de presentar demanda de amparo en el portal electrónico para la Justicia Administrativa del Estado de México, como un medio alternativo para promover un juicio de amparo directo. Ahora, en la certificación de cuenta se advierte que, la demanda de amparo que se adjuntó al oficio de cuenta en copia simple de la demanda, la cual, carece de firma autógrafa, porque se remitió de forma digitalizada, en razón de que así se recibió en el portal electrónico para la Justicia Administrativa del Estado de México, con los números de registro 382428 y 382425, como se aprecia de la certificación realizada por la secretaria general da acuerdos de la sección responsable; por consiguiente, ese documento adquiere la calidad de un documento presentado en copia simple, que impide tener por manifestada la voluntad de la parte quejosa, para combatir el acto reclamado. Lo anterior es así, dado que la firma constituye un requisito esencial para atender cualquier promoción judicial, la cual sirve para darle autenticidad y determinar en su caso los derechos y obligaciones que adquiere el signante, en virtud del contenido del escrito. De manera que, al no existir la firma autógrafa de quien promueve el amparo directo de que se trata, no puede considerarse expresada la voluntad de la parte quejosa, para combatir el acto reclamado. Para sustentar lo que se afirma, es necesario transcribir los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I, 6 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "[.] Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [.]" LEY DE AMPARO. "[.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, consagrado por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, además, se reitera en el numeral 6, de la Ley de Amparo. Lo anterior, implica que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pero no oficiosamente; y, que la forma idónea de manifestar ese agravio o perjuicio es por medio de la firma autógrafa que obre en el escrito, cuya promoción puede hacerse por sí o por medio de representante legal, de manera escrita o de forma electrónica, en este último supuesto, mediante el uso de firma electrónica (FIREL), la cual hace las veces de firma autógrafa. Tal requisito no puede considerarse una formalidad impeditiva u obstaculizadora del acceso a la justicia, sino por el contrario, se adecua a los fines perseguidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que cualquier persona puede ejercer su derecho de petición cuando exterioriza de manera cierta y fehaciente su voluntad. Tiene aplicación, por analogía, la tesis 1a.XLV/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 171, tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL EXIGIR QUE TODA PROMOCIÓN ESTÉ FIRMADA POR QUIEN LA FORMULE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación contenida implícitamente en el precepto legal mencionado, en el sentido de que para accionar el aparato de justicia contencioso-administrativo el escrito de demanda debe estar firmado precisamente por quien lo promueve (salvo las excepciones allí consignadas), no transgrede el derecho a la tutela judicial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es del mismo talante que otros requisitos constitucionalmente válidos, como el del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. La firma es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad, por lo que el escrito que carece de la firma del promovente debe considerarse como un simple papel que no incorpora voluntad alguna. Así, la exigencia de que para dar trámite a una demanda deba estar firmada por quien la promueve, constituye una formalidad que no puede considerarse como impeditiva u obstaculizadora del acceso a la jurisdicción, ni innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, sino que, por el contrario, se adecua plenamente a los fines perseguidos por la Constitución Federal en el sentido de que cualquier persona puede ejercer su derecho de acción cuando exterioriza de manera cierta y fehaciente que su voluntad es, precisamente, excitar al aparato de justicia." Aunado a lo anterior, el martes veinte de julio de dos mil veintiuno, se publicó en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el uso, buen funcionamiento e incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y jurisdiccionales proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 32. Para la presentación de demandas de amparo, hasta en tanto no se implemente la firma electrónica avanzada, se deberán presentar de manera física ante la oficina de Correspondencia Común u Oficialías de Partes del Tribunal, según corresponda." De la transcripción anterior, se desprende que las demandas de amparo deberán presentarse de manera física ante la Oficina de correspondencia común u oficialías de partes del tribunal, hasta en tanto no se implemente la firma electrónica avanzada, lo que hace aún más evidente que si la demanda de amparo se presenta sin firma electrónica, ese documento adquiere la calidad de un documento presentado en copia simple, que impide tener por manifestada la voluntad de la parte quejosa, para combatir el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 179, 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 7, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, se DESECHA la demanda de amparo promovida por Amalia Martínez Damián, contra la sentencia de diecisiete de agosto del año que corre, dictada en los recursos de apelación 17/2022 y 18/2022, acumulados, por la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 32/2018, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo I, enero de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de JUSTICIA de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en razón de que el diverso 179, faculta a la suscrita presidenta a desechar por un motivo manifiesto de improcedencia la demanda de derechos fundamentales, máxime que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, en razón de que contra la presente determinación procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 104, del citado ordenamiento legal, medio de impugnación en el que podrá manifestar lo que a su interés convenga. Tiene aplicación, la Tesis: P. I/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE LA OTORGUE EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL PROVEER SOBRE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. Es innecesario que el Presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito dé vista a la parte quejosa con la actualización de una causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo cuando, en ejercicio de su labor jurisdiccional y a fin de depurar el procedimiento a partir del análisis de la demanda de amparo directo -por ser el momento idóneo para ello- aquél suscribe un auto en el que resuelve desecharla respecto de uno o varios actos reclamados, pues en tal caso el justiciable tiene a su alcance el recurso de reclamación, cuyo conocimiento corresponde al respectivo Tribunal de manera colegiada y en el cual se pueden exponer las razones que se consideren pertinentes para desvirtuar las consideraciones del propio Magistrado Presidente, con lo que se satisfacen los derechos de acceso a la jurisdicción y de defensa del quejoso.". Atento a su manifestación realícense a la parte quejosa las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en los estrados electrónicos de este órgano colegiado. Se autoriza a Omar Martínez Meza, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie el nombre de usuario que se proporciona al citado expediente y con el cual se registró en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico para establecer contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizarla por ese medio de comunicación. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la presidencia, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico para llevar cabo una comunicación oficial procesal a la autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese en las listas de acuerdos publicados electrónicamente a la parte quejosa, debiéndose transcribir íntegramente el presente acuerdo; y, por oficio, a la sección responsable. Cúmplase.
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