Amalia Guadalupe Romero Castañeda
Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/09/2021
Partes del expediente
- Amalia Guadalupe Romero Castañeda
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ". A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, esto es, el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de La Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por si o a través del Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal número 125 (autoridades vinculadas al cumplimiento de esta sentencia), deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita, esto es, que no se le aplique en lo presente y en lo futuro la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto se encuentre vigente; y, 2. Devolver a Amalia Guadalupe Romero Castañeda, la cantidad de la manera siguiente: Quejoso Recibo Oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver Amalia Guadalupe Romero Castañeda. A 52901114 10105 $72,020.00 $499.00 $71,521.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio PF-DC-JA-25842, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Titular de la citada Secretaría y del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número Ciento Veinticinco, informó las gestiones administrativas pendientes a realizar a fin de acatar lo ordenado en la sentencia recaída al presente juicio de amparo y solicitó una prórroga para cumplir con lo requisitado. La citada autoridad administrativa, mediante el comunicado PF-DC-JA-28252, remitió un legajo certificado del que se desprende el Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de Jalisco, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se ordenó desincorporar de la obligación que impone el artículo tildado de inconstitucional a la quejosa y ordenó la devolución de la cantidad de $72,879.89 (setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), así como de la orden de pago número 2023066, a favor de la incoante valioso por la cantidad antes precisada, así como el correspondiente recibo y el oficio PF-DC-JA-26918, dirigido a la quejosa fechado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que le informa que está a su disposición el contra recibo a su favor. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, la responsable desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la obligación impuesta en el artículo tildado de inconstitucional y ordenó la devolución de la cantidad de $72,879.89 (setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), a favor de la incoante. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Zulema Sánchez Ibarra, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/ZSI/mmed
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio PF-DC-JA-28252 que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, del que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, asimismo, remite copia certificada del contra-recibo número 2023066 que ampara la cantidad $72,879.89 (setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa, sin que aún haya comparecido a recoger el título de crédito, mismo que se encuentra a su disposición de las oficinas de la autoridad oficiante, constancias con las que acredita las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dese vista y córrase traslado. DIANA ULLOA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.64 19/07/23 19:40:27 En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la
- Principal
Téngase por recibido el comunicado que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, quien actúa en representación del Titular de la Secretaría de referencia y del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal número 125, a quien se le tiene informando los trámites administrativos que deben realizarse a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento, asimismo, solicita una prórroga de diez días para estar en aptitud de cumplir con lo requisitado. Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, para que dentro del plazo de diez días, remita copia certificada de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación del suscrito que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, en la que por un lado se determinó sobreseer en el juicio de amparo y por otro, se concedió la protección constitucional, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. II. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son: [.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita, esto es, que no se le aplique en lo presente y en lo futuro la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto se encuentre vigente; y, 2. Devolver a Amalia Guadalupe Romero Castañeda, la cantidad de la manera siguiente Quejoso Recibo Oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver Amalia Guadalupe Romero Castañeda. A 52901114 10105 $72,020.00. $499.00 $71,521.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda. [.] III. Requerimiento a la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco, tienen imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento, en razón de las funciones legislativas que desempeñaron; y, dado que al carecer el juicio de amparo, de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en dicho proceso, a efecto de derogar o dejar sin efectos dicho ordenamiento, resulta ocioso exigirles su cumplimiento en ese sentido, así como el acto de aplicación por no ser autoridades ejecutoras, por lo que no se les requiere cumplimiento alguno. Sirve de apoyo, la tesis ejecutoria 2ª. CXV/97, aplicada por analogía, visible en la página 414 del tomo VI, Octubre de 1997, novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (REFRENDO Y PUBLICACIÓN), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulta inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En tal virtud, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco por si o a través del Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal número 125, autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que dentro de tres días contados a partir de que de que reciba la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo.. IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tienen para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo.
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