Amalia García Cruz

Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
265/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Amalia García Cruz
  • Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto de veintidós de marzo del año en curso que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos del artículo 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca los cuadernos consistentes en el juicio de nulidad 17/2022 y recurso de revisión 206/2022, los cuales obran en esta secretaría por separado, sin que haya lugar a solicitar el acuse recibo de estilo correspondiente, en razón de que el talón de notificación que se agregue al expediente, es suficiente para acreditar la devolución de los mismos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Recepción del oficio. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, al que anexa la demanda de amparo promovida por Amalia García Cruz, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; así como los autos del juicio de amparo directo 126/2023, de su índice, dos cuadernos de pruebas consistentes: en el expediente 17/2022 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y el cuaderno de recurso de revisión 206/2022 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; lo anterior, debido a que mediante determinación de trece de marzo del año en curso, determinó declinar competencia al juzgado que por turno correspondiera, al considerar carecer de competencia legal para conocer del asunto que da origen al presente expediente. Atento a lo anterior; con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 265/2023; fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que debe examinarse la demanda a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso, es necesario establecer que: Mediante resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 17/2022, la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro, para el conocimiento del asunto consistente en el juicio de nulidad que promovió la ahora quejosa. Contra la anterior resolución, se interpuso recurso de revisión que correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, radicado bajo el número 206/2022, quien por resolución de diecinueve de enero del año en curso, confirmó el auto recurrido. Resolución que constituye el acto reclamado. Así del análisis de los antecedentes se advierte que el acto que aquí se reclama - de diecinueve de enero del año en curso, no es definitivo, ya que en la misma se confirmó la resolución emitida por Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en la cual se declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro. Bajo esa premisa, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo a contrario sensu, los cuales establecen: El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." Por su parte el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." De la interpretación del último artículo en cita se desprende que el juicio de amparo es procedente contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia; sin embargo, sobre este tópico el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que dicho precepto no debía interpretarse literalmente, al grado de aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado. Asimismo, señaló que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, debían entenderse como aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia resuelve aceptarla, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. De tal forma que la decisión del órgano de declararse incompetente para conocer de un asunto no podía considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino que hasta que se torne definitiva, lo cual acontece hasta que el juez ante quien se declinó la competencia la acepte. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J.17/2015 (10a.), visible en la página 5, de agoto de dos mil quince, tomo I, Décima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009721, que versa al tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En ese tenor, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo que alude nuestro máximo tribunal para que en su contra proceda el juicio de amparo, ya que del análisis de los antecedentes del acto reclamado la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el cuaderno de revisión 206/2022, mediante resolución de diecinueve de enero del año en curso (acto reclamado), reclamada, confirmó el auto recurrido, emitido por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el cual, declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro, para el conocimiento del asunto consistente en el juicio de nulidad que promovió la ahora quejosa; de lo que se infiere que aquélla, insistase no constituye una resolución definitiva que afecte la esfera jurídica del interesado. Por lo cual, resulta evidente que aún no puede considerarse un acto definitivo que afecte derechos sustantivos, en tanto que, aun no se ha ocasionado una lesión a la esfera jurídica del quejoso, al no establecerse en definitiva a quien corresponde conocer del asunto, dado que el Juez a quien se declinó la competencia, aun no la ha aceptado; lo que le quita la definitividad a la resolución que por esta vía se combate y por consiguiente no se está dentro de la hipótesis que establece la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo; lo que lo torna improcedente. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Bajo esa condición, en atención a que lo aquí reclamado no cumple con el presupuesto de ser un acto definitivo (teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta), indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA A PESAR DEL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EL veintisiete DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Recepción del oficio. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, al que anexa la demanda de amparo promovida por Amalia García Cruz, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; así como los autos del juicio de amparo directo 126/2023, de su índice, dos cuadernos de pruebas consistentes: en el expediente 17/2022 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y el cuaderno de recurso de revisión 206/2022 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; lo anterior, debido a que mediante determinación de trece de marzo del año en curso, determinó declinar competencia al juzgado que por turno correspondiera, al considerar carecer de Competencia legal para conocer del asunto que da origen al presente expediente. Atento a lo anterior; con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 265/2023; fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que debe examinarse la demanda a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso, es necesario establecer que: ? Mediante resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 17/2022, la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro, para el conocimiento del asunto consistente en el juicio de nulidad que promovió la ahora quejosa. ? Contra la anterior resolución, se interpuso recurso de revisión que correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, radicado bajo el número 206/2022, quien por resolución de diecinueve de enero del año en curso, confirmó el auto recurrido. Resolución que constituye el acto reclamado. Así del análisis de los antecedentes se advierte que el acto que aquí se reclama - de diecinueve de enero del año en curso, no es definitivo, ya que en la misma se confirmó la resolución emitida por Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en la cual se declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro. Bajo esa premisa, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo a contrario sensu, los cuales establecen El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley... Por su parte el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y. De la interpretación del último artículo en cita se desprende que el juicio de amparo es procedente contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia; sin embargo, sobre este tópico el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que dicho precepto no debía interpretarse literalmente, al grado de aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado Asimismo, señaló que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, debían entenderse como aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia resuelve aceptarla, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. De tal forma que la decisión del órgano de declararse incompetente para conocer de un asunto no podía considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino que hasta que se torne definitiva, lo cual acontece hasta que el juez ante quien se declinó la competencia la acepte. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P.J.172015 10., visible en la página 5, de agoto de dos mil quince, tomo I, Décima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009721, que versa al tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas En ese tenor, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo que alude nuestro máximo tribunal para que en su contra proceda el juicio de amparo, ya que del análisis de los antecedentes del acto reclamado la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el cuaderno de revisión 206/2022, mediante resolución de diecinueve de enero del año en curso (acto reclamado), reclamada, confirmó el auto recurrido, emitido por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el cual, declinó competencia a favor del Juzgado de lo Civil en Turno, del Distrito Judicial del Centro, para el conocimiento del asunto consistente en el juicio de nulidad que promovió la ahora quejosa; de lo que se infiere que aquélla, insistase no constituye una resolución definitiva que afecte la esfera jurídica del interesado. Por lo cual, resulta evidente que aún no puede considerarse un acto definitivo que afecte derechos sustantivos, en tanto que, aun no se ha ocasionado una lesión a la esfera jurídica del quejoso, al no establecerse en definitiva a quien corresponde conocer del asunto, dado que el Juez a quien se declinó la competencia, aun no la ha aceptado; lo que le quita la definitividad a la resolución que por esta vía se combate y por consiguiente no se está dentro de la hipótesis que establece la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo; lo que lo torna improcedente. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Bajo esa condición, en atención a que lo aquí reclamado no cumple con el presupuesto de ser un acto definitivo (teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta), indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. 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