Amalia Díaz Martínez
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Amalia Díaz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de octubre dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Amalia Díaz Martínez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 699/2021-6, promovido por Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, contra actos de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda remitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quien determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, la cual fue recibida el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, el mismo día, Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "No garantizar la probable reparación del daño a que se pueda condenar a GABRIEL CANO HERRERA, y nos deja sin protección y restitución de nuestros derechos los cuales tienen un rango constitucional dentro de lo que se destaca la reparación del daño." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S a) Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. b) Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. RADICACIÓN Y DECLINACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el citado Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, radicó la demanda de amparo bajo el expediente 683/2021-IX y declinó a este órgano jurisdiccional la competencia del conocimiento del referido juicio de amparo, por conocimiento previo. TERCERO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, este juzgado federal aceptó la competencia del precitado juicio de amparo y admitió a trámite la demanda bajo el expediente 699/2021-6; únicamente se requirió al juzgado señalado como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, previo citatorio, notificó y emplazó al tercero interesado Gabriel Cano Herrera, por lista, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal 118/2018-III, del índice de la Sala Penal responsable, en la que se confirmó la diversa resolución incidental que declaró procedente la modificación de la medida cautelar (libertad provisional bajo caución) impuesta a Gabriel Cano Herrera, dentro de la causa penal 108/2018, del índice del juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la resolución reclamada, dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca penal 118/2018, de su índice, en contra de los quejosos Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz; lo que se corrobora con el original del citado toca penal que remitió la referida responsable. De igual forma, el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley de los Juzgados Penales Tradicionales del Centro, Tabasco, al rendir su informe con justificación realizó manifestaciones con las cuales se advierte la existencia del acto que se le atribuye; lo cual se corrobora con las constancias que remitió, mismas que derivan de la causa penal 108/2018, del índice del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, actualmente causa penal 29/2021 del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Por su parte, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en el original de la causa penal 29/2021 de su índice, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para un mejor entendimiento, es conveniente realizar una breve semblanza de los antecedentes relevantes del caso en particular, los cuales se obtienen de las manifestaciones de las partes y de las constancias que fueron allegadas a este sumario, siendo del siguiente tenor: 1. El trece de abril de dos mil once, se inició la averiguación previa AP-VHSA_2DA-823/2011, del índice de la Segunda Agencia Investigadora de Centro, Tabasco, con motivo de la querella presentada por Amalia Díaz Martínez. 2. El doce de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad ministerial ejerció acción penal en contra de Gabriel Cano Herrera, como probable responsable de la comisión del delito de despojo, cometido en agravio de Amalia Díaz Martínez, Lorena Patricia García Díaz y Juan José Díaz Martínez, solicitando se girará orden de aprehensión. 3. El cuatro de abril del año en curso, fue detenido y puesto a disposición del juez responsable el inculpado, quien en esa misma fecha, ordenó le fuera tomada la declaración preparatoria a Gabriel Cano Herrera, entre otras cuestiones. 4. El diez de abril de dos mil dieciocho, se dictó auto de formal prisión en contra de Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por el numeral 198, fracción II del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de los quejosos Amalia Díaz Martínez, Lorena Patricia García Díaz y Juan José Díaz Martínez. 5. El once de julio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, declaró procedente la modificación de la medida cautelar, en la causa penal 108/2018, instruida a Gabriel Cano Herrera, por el delito de despojo cometido en agravio de los citados quejosos. 6. Inconformes con dicha determinación el Fiscal del Ministerio Público y la quejosa Amalia Díaz Martínez, interpusieron recurso de apelación, el cual el quince de noviembre de dos mil dieciocho, la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó confirmar dicha resolución. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. 7. Por otro lado, inconforme con el auto de formal prisión de diez de abril de dos mil dieciocho, el tercero interesado Gabriel Cano Herrera, promovió el juicio de amparo 602/2018-2 del índice de este órgano jurisdiccional. 8. El nueve de enero de dos mil diecinueve, se emitió la sentencia en el juicio de amparo 602/2018-2, en la cual se concedió el amparo de la justicia federal Gabriel Cano Herrera, para que el juzgado responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión de diez de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal de origen, y emitiera una nueva resolución en la que declarara la prescripción de la acción penal del delito de despojo, en favor del citado tercero interesado. 9. Finalmente, mediante resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 602/2018-2 del índice de este órgano jurisdiccional, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra del tercero interesado Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de los quejosos Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, y en su lugar declaró prescrita la acción penal en su favor, decretándole su libertad absoluta, por lo que hace a dicho ilícito. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que el acto reclamado fue dictado en el toca penal 118/2018 del índice de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se confirmó la resolución incidental que declaró procedente la modificación de la medida cautelar (libertad provisional bajo caución) emitida en la causa penal 108/2018, del índice del entonces Juzgado Tercero de Primera Instancia, de Centro, Tabasco, actualmente causa penal 29/2021 del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, ante la supresión del citado Juzgado Tercero, a partir del treinta y uno de mayo del año en curso. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que la demanda de amparo fue presentada a las diecinueve horas con treinta y siete minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho y que el trece de marzo de dos mil diecinueve, el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia, de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 108/2018, emitió un auto de término constitucional, en el cual dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra del tercero interesado Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de los quejosos Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, y en su lugar declaró prescrita la acción penal en su favor, decretándole su libertad absoluta, por lo que hace a dicho ilícito; medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código procesal aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión de la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, (acto reclamado) en la cual la sala responsable confirmó la resolución incidental que declaró procedente la modificación de la medida cautelar (libertad provisional bajo caución) solicitada por el tercero interesado Gabriel Con Herrera, dentro de la causa penal 108/2018, resolvió dejar sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra del citado Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de los impetrantes, y en su lugar declaró prescrita la acción penal en su favor, decretándole su libertad absoluta, por lo que hace a dicho ilícito. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que los quejosos Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, se encuentran sujetos a lo resuelto en el auto de término constitucional de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 108/2018, del índice del entonces Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en donde se resolvió dejar sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra de Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de ellos y en su lugar declaró prescrita la acción penal en su favor, decretándole su libertad absoluta, por lo que hace a dicho ilícito. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado por los impetrantes en esta instancia constitucional, consistente en la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la sala penal responsable, en el toca de apelación 118/2018 de su índice, en virtud que con posterioridad a ello, el trece de marzo de dos mil diecinueve, el entonces Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, determinó dejar sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra del citado tercero interesado Gabriel Cano Herrera, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de los quejosos y en su lugar declaró prescrita la acción penal en su favor, decretándole su libertad absoluta, por lo que hace a dicho ilícito. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que el acto reclamado consistente en la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la sala penal responsable, en el toca de apelación 118/2018 de su índice, y el auto de término constitucional de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el entonces Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal de origen 108/2018, fueron producidos en distintos momentos dentro de los procedimientos penales de los que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que el término constitucional en el cual se dejó sin efectos el auto de formal prisión y se declaró prescrita la acción penal a favor del tercero interesado Gabriel Cano Herrera, por el delito de despojo, en agravio de los impetrantes, puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1024, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la tesis X.2o.1 P (10a.), aplicada por similitud, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981, Registro digital: 2022025, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, bajo el siguiente rubro y texto, "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado a la autoridad ejecutora Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Centro Tabasco, con sede en esta ciudad, toda vez que dicho acto no se combate por vicios propios. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96, Sexta parte, séptima época, página 286, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado Gabriel Cano Herrera, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Amalia Díaz Martínez, Juan José Díaz Martínez y Lorena Patricia García Díaz, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
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mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Centro, Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.
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MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo, signado por el Juez Segundo Penal de Centro, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado, remite en alcance a su informe justificado copia certificada de la causa penal 29/2021, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada constantes de un tomo y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.
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