Amalia Contreras Mendoza

Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1113/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Amalia Contreras Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran a la sentencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21 fracción I, inciso a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Por otra parte, remítase a la Dirección de Patrimonio del Estado, con sede en esta ciudad, el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo V-1113/2022-2; y.. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 1, 61, 62, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por -, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en los considerando tercero y quinto de la presente sentencia y por los motivos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada en cita; atento a su contenido, se le tiene haciendo las manifestaciones a las que se contrae, además en cumplimiento a lo solicitado en proveído de tres de enero del año en curso, remitiendo copias simples de la denuncia por despojo realizada por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en contra de ********************, registrada como carpeta de investigación con el número ******************** de diez de septiembre de dos mil dieciocho, todo lo cual será tomado en consideración el momento procesal oportuno. Para facilitar su manejo se ordena formar el respectivo tomo de pruebas. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de enero de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede, se aprecia que las autoridades responsables en cita, al rendir sus respectivos informe se aprecia que implícitamente aceptaron el acto a ellas atribuidos, dado que afirman que existe la carpeta de investigación número -, instruida en contra de la quejosa por el delito de despojo interpuesta por el Gobierno del Estado; en consecuencia, requiérase a las responsables para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada la carpeta de investigación número -, apercibidas que de no hacerlo o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la Ley de la Materia. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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