Amalia Chacón Jiménez y Otros.

Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Amalia Chacón Jiménez y Otros.
  • Amalia Chacón Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja ***, y devuelve las copias certificadas del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado este recurso de queja." SEGUNDO. Queda firme el auto recurrido de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo instada por ***" Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido y remítase el acuse de recibo a la superioridad. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Destrucción. Respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso comunicado 10307/2021 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, radicándolo con el número *** de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por la quejosa ***, a través del cual, refiere que, en cumplimiento al acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, pretende desahogar la prevención de la demanda de amparo. En ese sentido, deberá estarse a lo acordado en auto de cuatro de mayo del actual, lo anterior, toda vez que visto el estado procesal del presente juicio, se aprecia que, en auto de veintidós de abril pasado, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticinco de marzo del año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en los autos del recurso de queja 4/2021, se dejó insubsistente el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se revocó el auto de catorce del aludido mes, por el cual, se desechó la demanda de amparo, al estimarse que la quejosa no cumplió con el requerimiento formulado el cuatro de enero de dos mil veintiuno, y se le dio vista para que subsanara lo solicitado en dicho auto. En ese sentido, es evidente que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso de cuatro de mayo del actual. Por otra parte, de conformidad con el numeral citado en el proemio del presente acuerdo, agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por la quejosa ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que informa archivar el recurso de queja ***, derivado del juicio de amparo en que se actúa. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal del presente juicio, se aprecia que, en auto de veintidós de abril pasado, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticinco de marzo del año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en los autos del recurso de queja ***, se dejó insubsistente el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se revocó el auto de catorce del aludido mes, por el cual, se desechó la demanda de amparo, al estimarse que la quejosa no cumplió con el requerimiento formulado el cuatro de enero de dos mil veintiuno, y se le dio vista para que subsanara lo solicitado en dicho auto. En esa tesitura, de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno, interrumpido el once de ese propio mes con el escrito presentado vía electrónica el ocho de enero del presente año, y reanudado en auto de veintidós de abril pasado, apercibida que, de no realizar manifestación alguna se proveerá lo relativo a la demanda de que se trata únicamente respecto de la omisión por parte de las autoridades responsables de hacer comparecer a la quejosa a la carpeta de investigación ***, sin que la parte quejosa haya precisado el acto o actos reclamados en el asunto en que se actúa, en ese sentido se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes citado y se provee en los términos inicialmente propuestos, esto es, se tiene como acto reclamado el consistente en la omisión del fiscal responsable de darle intervención dentro de la carpeta de investigación ***, por actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Fiscal del Ministerio Público, encargado de la carpeta de investigación número ***, con sede en esta ciudad. 3. Juez de Control del Canelo, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular, se tiene como reclamado, la omisión por parte de las autoridades responsables de hacer comparecer a la quejosa a la carpeta de investigación ***. Sin embargo, esta juzgadora estima que el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Por otra parte, los numerales 16 y 21 de la Constitución General de la República disponen: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado." "ARTÍCULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De los artículos constitucionales citados, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde a los agentes del Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar, en su caso, si ha lugar o no a ejercer la acción penal, cuando encuentran que se reúnen los elementos necesarios. Cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, pues como se dijo el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables; además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los indiciados probablemente participaran, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad judicial competente, a resolver en un sentido determinado. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de las averiguaciones previas es de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito. Expuesto lo anterior, la omisión por parte de las autoridades responsables de hacer comparecer a la quejosa a la carpeta de investigación ***, de manera alguna hace procedente el juicio de amparo, ya que las violaciones que se cometieren en la integración de la misma, en tal momento procesal, no le irroga un perjuicio a la peticionaria, porque los efectos de la violación alegada son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, es decir, no trascienden a la esfera jurídica de la quejosa, pues los efectos de tal violación, en el caso de su existencia, se materializará, cuando el fiscal responsable determine ejercer la acción penal respectiva; de ahí que la omisión que aduce la promovente, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Lo anterior tiene fundamento toralmente, dada su obligatoriedad en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, en la tesis de jurisprudencia 154/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, mayo de 2006, página 49, registro electrónico 175142, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, sirve de apoyo, por analogía, la tesis del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

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