Amalia Arellanes Pérez
Expediente 149/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Amalia Arellanes Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días, es de estimarse que consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte, la parte quejosa no realizó manifestación alguna con relación a la vista otorgada, relativa al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por lo que este órgano jurisdiccional de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se mandó agregar la sentencia ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, en el amparo en revisión 108/2019, la que en la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida, sobreseyendo en el juicio promovido por Amalia Arellanes Pérez, en cuanto a la negativa de dar respuesta a la solicitud de la quejosa atribuida al Presidente de la República; y por un motivo diverso al analizado por este órgano jurisdiccional, también sobreseyó en relación a las omisiones legislativas reclamadas, atribuidas a la Cámara de Diputados y de Senadores, así como al Presidente de la República; y determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la citada quejosa, en contra del acto reclamado al Encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, consistente en el oficio UEFCEF/DA/FID.10230/214/0115/2018, de veintidós de enero de dos mil dieciocho, para los siguientes efectos. En su lugar, emitiera otro en el que subsanara las incongruencias advertidas, esto es, otorgara respuesta a la petición tomando en cuenta lo expuesto en la ejecutoria y al respecto: Estimara que es la autoridad competente para resolver sobre la devolución solicitada debido a que la Ley de Apoyo Social (denominación que por simplicidad, dio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos), se creó justamente para proveer sobre el reclamo del fondo de ahorro campesino y sus rendimientos. Considerará que el apoyo social previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, derivó de la imposibilidad de restituir a los Ex Trabajadores migrantes su fondo de ahorro campesino, en términos de lo considerado en las ejecutorias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 1152/2016, 1188/2017, 1189/2017, 405/2018, 646/2018, 718/2018 y 956/2018, que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J 141/2019 (10a.). Lo anterior, sin dejar de considerar la manifestación de la quejosa en relación a que su extinto cónyuge le fue entregado el apoyo social, consistente en el monto de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). La Directora de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez se ostentaba con el nombramiento de Encargada de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalada como responsable en el presente asunto, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que mediante oficio UG/FID.10230/211/068/2021, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el diverso oficio UEFCEF/DA/FID.10230/214/0115/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho y se dio respuesta al escrito de petición en el sentido siguiente: ".Mediante el cual se da respuesta al escrito de petición presentado por la C. Amalia Arellanes Pérez, dirigido al Presidente de la República y que fue turnado a esta autoridad con el número de identificación 20171218ARPA11, en el cual solicitó la devolución y rendimientos de las cantidades que por concepto de Fondo de Ahorro Campesino que le fueron descontadas semanalmente a su extinto conyugue Gregorio Ríos Cortés, a razón de un diez por ciento de su salario que percibía cuando laboró en los Estados Unidos de América, bajo el programa "Bracero", entre 1942 y 1964, según indica. En ese sentido, por lo que hace a la petición relativa a la devolución de las cantidades y rendimientos de las cantidades que por concepto de Fondo de Ahorro Campesino, hago de su conocimiento que, el origen del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, comenzó a raíz de que, en 1998, surgió una movilización social integrada por personas de la tercer edad que afirmaban haber trabajado en Estados Unidos durante 1942 y 1964 dentro del Programa Bracero. El principal objetivo del movimiento era lograr que el Gobierno Federal les restituyera el salario que aseguraban les fue descontado por concepto de Fondo de Ahorro Campesino durante su estancia como migrantes en aquel país. Derivado de dicho movimiento, el 17 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, cuyo trabajo daría lugar a la emisión de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. El referido ordenamiento legal señala que, el Fideicomiso tiene por finalidad otorgar un apoyo social a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América, durante los años 1942 a 1964, o en su caso, a sus conyugues, concubinas o a los hijos o hijas y legítimos herederos que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos y condiciones contemplados en el artículo 6° de la Ley de su creación y en el numeral 4 de sus Reglas de Operación. Por lo que, con relación al reclamo de la devolución y entrega de las cantidades y rendimientos del Fondo de Ahorro Campesino, se precisa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver los amparos en revisión 1152/2016, 1188/2017, 1189/2017, 405/2018, 646/2018, 718/2018 y 956/2018, determinó que el apoyo social previsto en la ley citada, derivó de la imposibilidad de restituir a los ex trabajadores migrantes dicho fondo. Lo resuelto en dichos amparos dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J. 141/2019 (10°), que a la letra dice: "FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. PARA DAR RESPUESTA CONGRUENTE A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES CON LAS QUE SE CONSTITUYÓ, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD REPONSABLE FUNDAMENTE SU RESOLUCIÓN EN LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, CON LO QUE RESPETA SU DERECHO DE PETICIÓN. De conformidad con el artículo 1o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ese fideicomiso tiene por objeto entregar un apoyo social a los trabajadores migrantes mexicanos, o a sus beneficiarios que laboraron en los Estados Unidos de Norteamérica entre 1942 y 1964, en el programa bracero, ordenamiento legal mediante el cual el Congreso de la Unión reconoció la deuda que tenía el Estado Mexicano con los Ex Trabajadores migrantes, creando al efecto un mecanismo de pago fondeado por recursos públicos para cubrirla. Por otra parte, las reglas de operación de dicho fideicomiso dispone que la dependencia coordinadora será la Secretaría de Gobernación, quien es la encargada de recibir, verificar y cotejar la documentación que los interesados en obtener el apoyo social presentaron en las mesas receptoras durante el periodo estipulado para tal efecto, a fin de que posteriormente esa Secretaría presente al Comité Técnico del Fideicomiso la lista de beneficiarios que cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, pues está imposibilitada para atender peticiones respecto de las cuales no tenga certeza de las cantidades solicitadas, ni cuenta con facultades para reintegrar montos por conceptos distintos a los que regula el fideicomiso. Consecuentemente, en los casos en los que los posibles beneficiarios le soliciten a la repetida dependencia la entrega de las cantidades con las que se constituyó el Fondo de Ahorro Campesino, resulta incongruente la respuesta de esa autoridad en el sentido de que no puede atender la petición bajo el argumento de que sólo es competente para entregar montos derivados de la Ley de Apoyo Social, pues dicho ordenamiento se creó justamente para proveer ese reclamo y, en todo caso, debe proceder a dar trámite a la petición a fin de verificar si el solicitante cumple o no con las condiciones legales para su otorgamiento." Del anterior criterio de jurisprudencia se desprende que, el Máximo Tribunal Constitucional determinó que, el objetivo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, es entregar un apoyo social a los trabajadores migrantes mexicanos, o en su caso, a sus beneficiarios, que hayan laborado en los Estados Unidos de Norteamérica entre 1942 y 1964, en el entendido de que dicho apoyo social, constituye el mecanismo de reconocimiento del Estado Mexicano respecto al desconocimiento del destino del Fondo de Ahorro Campesino y de los intereses que en su caso, haya generado. Bajo las anteriores consideraciones, en atención a lo razonado por el Máximo Tribunal, se hace de su conocimiento que, la Secretaría de Gobernación (antes Dependencia Coordinadora) es la autoridad facultada para dar respuesta a su petición, relacionada con las cantidades y rendimientos relacionados con el Fondo de Ahorro Campesino. Asimismo, atendiendo las consideraciones precedentes, a los efectos para los que fue concedido el amparo, en el que el Tribunal de Alzada, ordena dar respuesta a su escrito de petición, se hace de su conocimiento que derivado de la búsqueda en los archivos de la Dependencia Coordinadora, así como de los registros con los que cuenta esta autoridad, se advierte que al C. Gregorio Ríos Cortés, le fue asignado el folio 20-00.00-00-001529 del Estado de Oaxaca, en el que se determinó la procedencia de su trámite, y, en consecuencia, le fue reconocida la calidad de beneficiario del apoyo, social, motivo por el cual, fue incluido en la Vigésima Segunda Relación de Apoyos Programados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 8 de octubre de 2008, por lo que usted recibió efectivamente por concepto de apoyo social la cantidad de $38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) el día 21 de octubre de 2008, por lo que su trámite ante esta lo que fue la Dependencia Coordinadora fue realizado satisfactoriamente y cumplido en todos los términos y acreditó ser beneficiario del apoyo social, de modo que el trámite ante esta Dependencia ha concluido." En consecuencia, es de estimarse que se ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues la responsable dio respuesta al escrito presentado por la aquí quejosa, dirigido al Presidente de la República, en relación al Fondo de Ahorro Campesino. Se cita al respecto la Jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, tomo XI, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga la vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda el telegrama de cuenta, que envía la Delegada designada por la Directora de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez se ostentaba con el nombramiento de Encargada de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalada como responsable en el presente asunto, sin que haya lugar a proveer sobre su contenido, en virtud a que por auto de veintiséis de marzo del año en curso, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Delegada designada por la Directora de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez se ostentaba con el nombramiento de Encargada de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalada como responsable en el presente asunto, mediante el cual se le tiene informando lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal circunstancia, con su contenido, así como con el oficio con número de registro 663 signado por la citada responsable, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente acuerdo, manifieste a este Juzgado lo que en derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, este Tribunal, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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