Amairany Rodríguez De la Cruz

Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Amairany Rodríguez De la Cruz
  • I.R. P.R. y R.P.R.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 426/2021, promovido por Amairany Rodríguez de la Cruz, en representación de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Amairany Rodríguez de la Cruz, en representación de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben "[.] III. AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son: COMO ORDENADORA. - Lo es: C. JUEZ, TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN ESTA CIUDAD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. COMO EJECUTORA.- Lo es: EL SECRETARIO DE ACUERDOS, QUIEN ACTUA CON JUEZ, AUTORIZA Y DA FE. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO u OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Lo constituye De la autoridad responsable: Señalada como ordenadora, se le reclama, la resolución de la data 17 (diecisiete) de noviembre del año 2021, sus efectos, omisiones y consecuencias legales, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de fecha 27 de octubre del año 2021 (dos mil, veintiuno) en el expediente actuante 604/2019, que se sustancia en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. Señalada como ordenadora, se le reclama, la resolución de la data 17 (diecisiete) de noviembre del año 2021, sus efectos, omisiones y consecuencias legales, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de fecha 27 de octubre del año 2021 (dos mil, veintiuno) en el expediente actuante 604/2019, que se sustancia en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. Señalada como ordenadora, se le reclama.la resolución de la data 17 (diecisiete) de noviembre del año 2021, sus efectos, omisiones y consecuencias legales, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de fecha (sic) (27), 29 (veintinueve) de octubre del año 2021 (dos mil, veintiuno) en el expediente actuante 604/2019, que se sustancia en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. Auto de fecha 24 de noviembre del año 2021,) en el expediente actuante 604/2019, que se sustancia en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, consecuencia de las resoluciones anteriores. De la autoridad responsable: Señalada como ejecutora quien como Secretario de Acuerdos autoriza y da fe, de las resoluciones que constituyen el acto u omisión que se reclama, los cuales tienen vinculación cumpliendo con la formalidad del acto. [.]" La promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo a este juzgado de distrito, quien mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó registrarla con el número 426/2021, en ese auto se desechó de plano la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de amparo (fojas 46 a 52). Inconforme con dicha determinación el autorizado de la quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien mediante ejecutoria emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, lo declaró fundado, por lo que ordenó dar trámite a la demanda de amparo (fojas 98 a 110). Con motivo de lo anterior en proveído dictado el siete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio de amparo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 113 a 115). Emplazamiento de los terceros interesados. En proveído de siete de junio de dos mil veintidós (foja 113), se reconoció el carácter de tercero interesado a Rafael Pérez Bautista, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quedando emplazado a juicio, pues compareció mediante escrito recibido el veintidós de julio de dos mil veintidós (foja 140). Audiencia constitucional. En la hora y fecha señaladas para ello, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen lugar en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa reclama esencialmente: Del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad.  Las resoluciones emitidas en los autos del juicio ordinario civil número 604/2019, del índice del juzgado responsable, sobre guarda y custodia definitiva de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.  El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, como consecuencia de las resoluciones dictadas en los recursos de revocación que se combaten por esta vía. Y del Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, en esta ciudad.  Autorización de las resoluciones reclamadas, que fueron dictadas por el juez responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada de las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado y secretario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 121 a 124), lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno al tenor del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Es aplicable la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha manifestación se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe de mérito, las cuales, al constituir documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202, del ordenamiento legal supletorio citado en el párrafo que antecede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En principio, conveniente citar de forma breve los antecedentes del acto reclamado, derivados del expediente de origen, mismos que adquieren relevancia para efecto de ilustrar sobre la materia del asunto que nos ocupa. 1. Mediante escrito suscrito por Amairany Rodríguez de la Cruz, presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, demandó en la vía ordinaria civil, la guarda, custodia y alimentos definitivos en favor de sus hijas I.R.P.R., y R.P.R., a Rafael Pérez Bautista, la demanda tocó conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, donde quedó radicada con el número de expediente 604/2019, por lo que en auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, fue admitida a trámite y se ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 1 a 12 tomo de prueba). 2. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, compareció al juzgado la parte demandada, por lo que mediante escrito presentado el cinco de noviembre del año en cita, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y en proveído dictado al día siguiente, se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda, dándose vista a la parte actora por el termino de tres días, mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se le tuvo por desahogada la vista otorgada a Amairany Rodríguez de la Cruz (fojas 25 a 33 tomo de prueba tomo de prueba). 3. Luego, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se citó a las partes a fin de llevar a cabo la audiencia en que se escuche el parecer de ambos, respecto a las reglas de convivencia con sus hijas, la cual se desahogó el diecisiete del mes y año en cita, determinándose que la custodia provisional de las hijas la tendría la madre Amairany Rodríguez de la Cruz, pero que el padre Rafael Pérez Bautista podrá convivir con ellas en los términos ahí expuestos (fojas 35 y 51 tomo de prueba). 4. Posteriormente, en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, se citó a las partes a fin de llevar a cabo la audiencia en que se escuche el parecer de las niñas respecto a las reglas de convivencia con sus padres, la cual se desahogó el cuatro de agosto del mencionado año, en la que estuvo presente la psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, el representante social adscrito, y se indicó por parte de la psicóloga que las niñas no se encontraban aptas para emitir una opinión, además de no estar orientadas en tiempo y lugar, sin embargo señaló que podían responder preguntas concretas, manifestando las niñas lo siguiente ".que su deseo ver a su padre y que quieren vivir con su padre.". Por su parte, ambos padres establecieron que diversas reglas de convivencia (fojas 99, 100, 157 y 158 tomo de prueba). 5.- Por escritos recibidos el veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el juzgado responsable, la autorizada de la parte demandada solicitó (en el primero) que señalara audiencia de escucha de las niñas, en razón de haber sido objeto de maltrato por parte de la madre y abuela materna, mientras que en el segundo, solicitó fuera nombrado un perito en materia de psicología distinto a aquel que las valoró con anterioridad. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, fue recibido el escrito que presentó la representante social adscrita, por el cual solicitó que a fin de tener una mejor perspectiva de los hechos se giraran oficios al Centro de Convivencia Familiar y al Procurador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal, y designe cada una de las referidas instituciones un perito en psicología, a fin de que sean evaluadas las niñas I.R.P.R., y R.P.R.; a las anteriores solicitudes les recayeron sus respectivos acuerdos de manera separada, a las dos primeras, el juez responsable dictó el veintisiete del mes y año en cita, conceder ambas peticiones, es decir, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de escucha y en el otro, determinó girar el oficio correspondiente a la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, a fin de que designe un perito distinto al que atendió la última diligencia con las niñas, y respeto del último de los escritos, en acuerdo de veintinueve de octubre del año próximo pasado, se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto la actora proporcionara su número telefónico y correo electrónico y estar en condiciones de ordenar la evaluación psicológica de las niñas (fojas 325 a 335 y 340 a 343 tomo de prueba). 6.- En contra de los acuerdos dictados el veintisiete (dos) y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el autorizado de la parte actora hizo valer sendos recursos de revocación, lo cuales fueron admitidos en su oportunidad y resueltos por el juzgado responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, declarándolos improcedentes, por ende, quedaron firmes los autos impugnados (fojas 417 a 431 tomo de prueba). 7.- Es el caso, que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de escucha de las de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., en la cual estuvieron ellas presentes, así como sus padres, la representante social adscrita, la perito en materia de psicología del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, quien indicó que las niñas se encontraban aptas para emitir su opinión y sentir, pues durante el dialogo que tuvo con ellas, observó que presentan comprensión de lenguaje hablado, capacidad de expresar su opinión, recuerdan hechos y sucesos vividos, dominio de la angustia y ansiedad, manteniendo un comportamiento tranquilo y alegre, externando afecto y aceptación por sus progenitores, además de aquellos detalles que les incomodan dentro del núcleo familiar de ambos padres, hecho lo anterior se fijaron las reglas de convivencia, quedando a cargo de ambos padres de manera alternada el cuidado de las niñas, esto es, una semana con cada uno de los padres, comenzando a partir de las diecisiete horas del día domingo, siendo entregadas al otro hasta el siguiente domingo a la misma hora, en el domicilio del aquel que siga respecto a la semana de convivencia siguiente (fojas 900 a 901 tomo de prueba). Hasta aquí los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Puntualizado lo anterior, debe decirse que de oficio se surten las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, esta última relacionada con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En principio, por lo que hace al acto reclamado del secretario de acuerdos se torna improcedente en razón de que no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los citados artículos y fracciones, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". De la interpretación sistemática de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el ordinal 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos emitidos por entes que, por su naturaleza, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la vía constitucional. Sobre ese aspecto, se debe precisar que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el ente emisor y el receptor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Así, para que una autoridad tenga el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo debe dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese orden, si bien es cierto el secretario realiza funciones que con la fe pública que le reviste el cargo, hace constar las actuaciones judiciales, tales como hacer las certificaciones correspondientes en autos y dar fe de las propias actuaciones, también lo es que no lo hace por imperio propio, sino por orden del juez al que asiste, por ello, no cuenta con la calidad requerida para ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En el caso, si se reclama la emisión de las resoluciones de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en las cuales el secretario de acuerdos solamente actuó dando fe pública del acto emitido por el juez responsable (a quien asistió), se estima que no se actualiza ninguno de los principios señalados para efectos de ser considerados como acto para los efectos del juicio de amparo, citados en párrafos que anteceden, como es dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado contrario sensu, el presente juicio resulta improcedente respecto del acto que se reclama del secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, de esta ciudad. Cobra aplicación, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO TIENE EL CARÁCTER DE. Si se reclama del secretario de acuerdos de la autoridad jurisdiccional responsable, el haber autorizado con su firma la resolución reclamada, el amparo es improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 10, fracción I y 11 de la propia ley, en virtud de que el citado secretario no tiene en este caso el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues al autorizar con su firma la resolución impugnada sólo se limita a dar fe del acto pronunciado por el juez responsable, actuación que carece de las características de decisión e imperio que distinguen a los actos de autoridad." Así como, la jurisprudencia III.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del contenido que se indica: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." Hecho lo anterior, respeto de los actos reclamados del juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues en el caso se estima que los actos que combate en esta instancia constitucional subsisten, pero ya no están surtiendo efectos legales, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. El mencionado artículo y fracción, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La porción normativa previamente transcrita, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De ese modo, las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: a) La subsistencia del acto destacado. b) Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. c) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para que se presente el elemento marcado en el inciso a), es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso y que éste no haya cesado en sus efectos. Por su parte, el requisito enunciado en el inciso b) se refiere a que no puedan ejecutarse los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, que el acto atacado por inconstitucional resulte inocuo a la esfera jurídica del quejoso, porque sus consecuencias materiales o jurídicas ya no continúan concretándose en perjuicio del mismo, lo que se traduce en una falta de afectación al gobernado. Finalmente, el elemento marcado en el inciso c) se constituye como una parte esencial, pues la extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y no en el juicio en sí, y surge con posterioridad a la emisión del acto destacado y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos ya es imposible que surta efectos legales o materiales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido impone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Igualmente, cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia P./J.90/97, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que sostiene lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Como se anticipó, la parte quejosa reclama del juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, las resoluciones de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que resolvieron los recursos de revocación interpuestos por el autorizado de la aquí quejosa en el juicio de origen, contra los autos de veintisiete (dos autos) y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictados en el juicio ordinario civil sobre guarda, custodia y alimentos definitivos 604/2019, en los que a solicitud de la parte demandada se señaló fecha y hora para la celebración de una audiencia de escucha de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., a fin de que externaran su opinión en relación con las reglas de convivencia entre ellas y sus progenitores, así como la solicitud a la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo, para que enviara un perito en materia de psicología distinto aquel que las valoró en diligencias anteriores a la niñas, y por último, el requerimiento a la actora Amairany Rodríguez de la Cruz, a fin de que proporcionara su número telefónico y correo electrónico, para estar en condiciones de evaluar psicológicamente a las niñas I.R.P.R., y R.P.R. No obstante, durante la tramitación del juicio de amparo, el juez del conocimiento, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo a audiencia de escucha de las de las niñas I.R.P.R., y R.P.R., en la que ambas estuvieron presentes, así como sus padres, la representante social adscrita, la perito en materia de psicología del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, quien después de proceder a su valoración psicología, indicó que las niñas se encontraban aptas para emitir su opinión y sentir, pues durante el dialogo que tuvo con ellas, observó que presentan comprensión de lenguaje hablado, capacidad de expresar su opinión, recordar hechos y sucesos vividos, dominio de la angustia y ansiedad, manteniendo un comportamiento tranquilo y alegre, a lo que las niñas externaron tener afecto y aceptación por sus progenitores, precisando aquellos detalles que les incomodan dentro del núcleo familiar de ambos padres, hecho lo anterior se fijaron las reglas de convivencia, siendo autorizadas por el juez responsable. Lo anterior, lleva a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que aun cuando subsisten los actos destacados, es decir, las (tres) resoluciones de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvieron los recursos de revocación (dado que no se aprecia que el juez responsable hubiera dejado sin efectos), lo cierto es que sus consecuencias materiales o jurídicas no les están afectando, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se llevó a cabo la audiencia se tomó la escucha a las niñas I.R.P.R., y R.P.R., así como su parecer, en la que precisaron ambas que sentían afecto y aceptación por sus padres, aunado al hecho de las partes -actor y demandado- llegaron a acuerdos sobre las cuestiones relacionadas con el régimen de convivencia con sus hijas; de ahí que el objeto o materia desapareció al igual la afectación a la esfera jurídica respecto de los actos reclamados, pues finalmente todos los que intervinieron satisficieron sus pretensiones. Por tanto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, ya que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un fallo que no está surtiendo efectos sobre la parte quejosa, ni los surtirá, por haber desaparecido el objeto o la materia del acto reclamado. QUINTO. DECISIÓN. Al actualizarse las hipótesis de improcedencia establecidas en el numeral 61, fracciones XXII y XXIII, esta última, en relación con el diverso ordinal 5, fracción II de la Ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la aludida legislación. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 426/2021, promovido por Amairany Rodríguez de la Cruz, en representación de las niñas I.R.P.R., y R.P.R. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Por este medio se notifica al tercero interesado: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 426/2021, promovido por Amairany Rodríguez de la Cruz, en representación de las niñas I.R.P.R., y R.P.R. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se agrega escrito de la asesora jurídica federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública en su carácter de representante especial de los menores, dígasele que esta juzgadora ha tomado conocimiento de su escrito, y en breve se emitirá el fallo correspondiente. Notifíquese.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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