Amador Valdez Monroy
Expediente 586/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Amador Valdez Monroy
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, por medio del cual manifiesta lo siguiente: "Bajo esta tesitura, la omisión reclamada por el hoy quejoso dejó de prevalecer, toda vez que la Política Nacional de Vacunación en su versión 10.0 de fecha 15 de junio de 2022, emitida por el Gobierno Federal, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica https://vacunacoivid.gob.mx/wp-content/uploads/2022.06.17-PNVxCOVID.pdf, establece en la página 38 ´la inclusión de menores de 5 a 11 años de edad, grupo etario al que pertenece el hoy quejoso. (.) En virtud de lo anterior, solicito atentamente a su Señoría tenga a bien requerir al representante de el quejoso a efecto de que informe a ese H. Juzgado si el menor a la fecha ha recibido la vacuna correspondiente, materia del presente juicio de garantías, a través de las diversas jornadas emprendidas por las autoridades competentes en materia de prestación de servicios de salud, ello derivado de la divulgación a través de diversos medios de comunicación de tal incorporación, toda vez que no asistió a la cita emitida por mi representante y el ISEM." Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo resulta un hecho notorio que a la fecha, se encuentra disponible el registro de vacunación para personas mayores de cinco años, e incluso, en la página oficial del Gobierno federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, sigue encontrándose activa para realizar el proceso de inoculación respectivo. Ahora bien, con el contenido del referido informe y del hecho notorio, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que informe si en una fecha diversa a las señaladas por la autoridad responsable, los menores recibieron la inoculación que refiere el fallo protector, apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado de amparo resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Posibilidad de plantear causas de impedimento Se hace del conocimiento de las partes que en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó por unanimidad de votos la adscripción de la Jueza Claudia Gabriela Villeda Mejía, como Titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, lo que fue notificado por oficio SEADS/691/2022, de la misma fecha, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción. Por tanto, con fundamento en los artículos 52, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a las partes dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la designación de la suscrita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" Notifíquese. Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 586/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es Improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El juicio de amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, el C. JUEZ SÉPTIMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, CON RESIDENCIA EN CUAUTITLÁN IZCALI, ESTADO DE MÉXICO, la sentencia interlocutoria de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, donde de manera ilegal y arbitraria, confirma el proveído de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, derivado de lo que responsable decretó contra derecho, en audiencia de fecha veintitrés de marzo del año en curso. Ahora bien, de la lectura del acto reclamado, así como de los antecedentes del mismo, se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso, la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que la responsable, resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, del índice de la responsable, en el que el juez responsable dictó un acuerdo en la que debía integrarse el litisconsorcio pasivo necesario del quejoso con relación a su progenitora, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Siendo importante advertir que de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.86 y 1.87 del Código Civil del Estado de México, la litisconsorcio pasivo necesario, tiene lugar cuando las cuestiones que se ventilan en el juicio de origen, afectan a más de dos personas, de tal forma que no es posible pronunciar una sentencia válida, sin que sean llamadas a todas las partes involucradas; aunado a que su estudio puede ser de manera oficiosa por el Juez de origen. Dichos preceptos legales son del tenor siguiente: Artículo 1.86.- Es necesario el litisconsorcio, cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas. Estudio oficioso de litisconsorcio necesario Artículo 1.87.- El Juez en cualquier momento analizará de oficio la presencia del litisconsorcio necesario. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de violaciones al procedimiento que hubiera afectado a la quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores dilaciones y que el afectado con la sentencia correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, se estima que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del hoy quejoso, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, visible en página 2488, Tomo IV, Libro 47, Octubre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- , sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí, tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho. 4. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" 5. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."1 . 6. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, con número ********** y **********, con número **********, quienes cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 **********, con número **********, pues, si bien no se encontró dato de su cédula profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; lo cierto es que, de la certificación secretarial que antecede, se colige que al consultar el portal de internet del Registro Nacional de Profesionistas, la secretaria de la adscripción constató que en éste, se encuentran inscrita la cédula profesional que la faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.13 K (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el rubro: "AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO SEÑALA QUE EL DESIGNADO EN SU DEMANDA ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, Y PROPORCIONA SU NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO VERIFICARLO."2 . Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que el quejosos señala en su escrito de demanda, quienes, una vez que inscriban en el registro correspondiente sus cédulas profesionales o proporcionen el número de la misma para realizar su cotejo en el sistema correspondiente, que los faculte para ejercer su profesión, se les reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele al promovente que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. Asimismo no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en cuanto al domicilio convencional que señala para oír y recibir notificaciones, ya que el en esta data le es autorizada la práctica de notificaciones de manera electrónica. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica
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