Amador García Ángel

Expediente 651/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
651/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Amador García Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto, el escrito de demanda presentado por Amador García Ángel, por su propio derecho contra actos del Congreso del estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otras autoridades; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno bajo el número 651/2022-III y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, en relación con el 3, y 130 de la Ley de Amparo, así como el numeral decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se ordena tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que adjunta a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las que se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente; en consecuencia, proceda la secretaria a realizar el cotejo y compulsa correspondiente, a fin de agregarlas al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." En otro aspecto, se autoriza en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Eduardo García Imperial, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Jorge Eduardo García Imperial, con el usuario: "lmperivmIII"; por tanto, como lo solicita la quejosa, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa y recibir notificaciones por la misma vía. En tal virtud, se instruye al actuario para que las notificaciones que deban ser personales a la parte promovente, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la parte quejosa, en los casos que se estime necesario; ello, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Por último, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, notificándole mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), corriéndole traslado con copia simple de la demanda.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las copias simples de la demanda de amparo, que promueve Amador García Ángel, por su propio derecho, contra actos del Congreso del estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, en relación con el 3, de la Ley de Amparo, así como el numeral decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, fórmese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 639/2022-III. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; pues de lo contrario, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe previo a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a efecto de que en caso de ser necesario, este juzgado de Distrito pueda entablar la comunicación correspondiente. Se señalan las diez horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia incidental. Ahora, la quejosa señala como actos reclamados: ". DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE DEL INSTITUTO DE SECURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, Por las Obligaciones y Facultades que la Ley lo Obliga Reclamo lo siguiente: La aplicación de numerales de una norma que violenta mis derechos humanos, siendo esta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en 20 DE DICIEMBRE DE 1970, en específico los Artículos, 16 último párrafo, 25 fracción I. DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SECURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: La aplicación de numerales de una norma que violenta mis derechos humanos, siendo esta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, Publicada En El Periódico Oficial Del Estado De Baja California, en 20 DE DICIEMBRE DE 1970, en específico los Artículos, 16 último párrafo, 25 Fracción I." De las autoridades responsables ejecutoras reclamo lo siguiente: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE DEL INSTITUTO DE SECURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, Por las Obligaciones y Facultades que la Ley lo Obliga Reclamo lo siguiente: La aplicación de numerales de una norma que violenta mis derechos humanos, siendo esta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, Publicada En El Periódico Oficial Del Estado De Baja California, en 20 DE DICIEMBRE DE 1970, en específico los Artículos, 16 ultimo párrafo, 25 Fracción I. DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SECURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: La aplicación de numerales de una norma que violenta mis derechos humanos, siendo esta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, Publicada En El Peri6dico Oficial Del Estado De Baja California, en 20 DE DICIEMBRE DE 1970, en específico los Artículos, 16 ultimo párrafo, 25 Fracción I. ..." Asentado lo anterior, se analizará la naturaleza de la violación alegada, atendiendo a lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, a fin de determinar el grado de afectación que sufre la parte quejosa con la aplicación de las normas reclamadas, para lo cual, resulta necesario que objetivamente se encuentre tutelado el derecho invocado, y que no se trate de una pretensión infundada o temeraria, sino que exista una credibilidad objetiva sobre aquél, por tratarse de un análisis preliminar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, para efectos exclusivos del incidente de suspensión. En el caso, la quejosa acredita de manera indiciaria ser titular del derecho afectado, al ser destinataria de la norma tildada de inconstitucional, lo que se evidencia con la documental que obra en autos incidentales cotejada, consistente en comprobante de pago de pensión, a la cual, se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además de que, las aportaciones o cuotas que se descuentan a los trabajadores en el caso -pensionado- con el fin de que el instituto respectivo pueda cumplir con el objetivo establecido en los numerales que se impugnan, tienen el carácter de contribuciones, ya que son destinadas al patrimonio de dicho instituto con el fin de administrarlos y otorgar a los trabajadores del respectivo régimen, una vez satisfechos los requisitos legales, las prestaciones de seguridad social que tienen origen en los riesgos de carácter natural a que el ser humano está expuesto (vejez, muerte, invalidez, etcétera). Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 111/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1622, materia constitucional, con número de registro 20001919, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL. El citado precepto, al establecer que quienes disfruten de una pensión o jubilación del Instituto referido aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual, prevé un aporte a la seguridad social destinado al patrimonio de dicho Fondo, para otorgar a los trabajadores del servicio civil local y de los organismos que por ley o por disposición legal del Ejecutivo se incorporen a su régimen, a los pensionistas del propio Estado y de organismos públicos incorporados, así como a los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados, pensiones por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez, muerte, viudez y orfandad o pensiones a los ascendientes, las cuales se consideran prestaciones de seguridad social que tienen su origen en los riesgos de carácter natural a que el hombre está expuesto, como vejez, muerte e invalidez y que se otorgan mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales. En ese sentido, tal aporte constituye una contribución, al tener la naturaleza jurídica de aportaciones de seguridad social y, por tanto, está sujeto a los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por ende, analizado el derecho alegado, constituido en favor de la parte quejosa para gozar de una pensión por jubilación como derecho expresamente reconocido por la autoridad, así como la posible privación de ese derecho que considera transgredido y, la afectación que pudiera resentir la colectividad en relación con la medida cautelar solicitada, con fundamento en los artículos 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las responsables se abstengan de seguir llevando a cabo los descuentos que ha venido efectuando a la pensión 13002962 de la que goza la agraviada, por los conceptos "53 servicio médico" y "76 reserva técnica", derivados de la aplicación de las normas impugnadas; esto es, se pague la pensión que corresponde a la impetrante de amparo, sin considerar dichos descuentos. Lo anterior, en razón que en el particular se satisfacen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues es justamente el agraviado quien solicitó en su demanda de amparo la medida cautelar, y que en el caso, se cuenta con sus manifestaciones respecto de la certidumbre de los actos reclamados, emitidas bajo protesta de decir verdad; así como con el comprobante de pago de pensión, previamente valorado. Asimismo, en el caso concreto, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, pues el pago de la pensión 13002962, es un derecho que ésta tiene expresamente reconocido por la Norma y la autoridad competente, y su efectividad de ninguna forma priva a la colectividad de un beneficio que derive de la propia norma, que deje a éste por encima del interés general, pues de forma adversa, es justamente la sociedad la que se encuentra interesada en que el estado cumpla de forma puntual con el pago de las pensiones que fueron adquiridas en los términos establecidos por la Ley. Máxime que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente incidente. Medida suspensional, que para continúe surtiendo efectos debe condicionarse a que la inconforme garantice ante la autoridad exactora dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído, la cantidad que mensualmente se le descuenta bajo los conceptos de servicio médico y reserva técnica, con los códigos de deducción 53 y 76 respectivamente, es decir $3,156.64 (tres mil ciento cincuenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos) y $789.16 (setecientos ochenta y nueve pesos con dieciséis centavos) acorde al recibo de pago exhibido, que dan un total de $3,945.80(tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos con dieciséis centavos); ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, lo cual deberá acreditar ante este Juzgado de Distrito, dentro del mismo plazo concedido, en términos del artículo 136 de la ley reglamentaria antes citada. Al respecto, es aplicable por las razones que la informan, jurisprudencia 2a./J. 83/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XXII, página 495, julio de 2005 deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN MATERIA DE COBRO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. SU CONCESIÓN RESPECTO DE LAS QUE DERIVAN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, SE RIGE POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. Las consecuencias del aseguramiento obligatorio de los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo a que se refiere el artículo 237 de la Ley del Seguro Social, se traducen en el pago de las respectivas cuotas de seguridad social por parte del patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social en la forma y términos que la propia ley establezca y conforme a las modalidades que al efecto disponga el Reglamento de Afiliación. Por tanto, en atención a que dichas cuotas tienen el carácter de contribuciones, para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión no rigen las reglas generales contenidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sino la norma especial a que se contrae el numeral 135 de la propia ley, conforme a la cual podrá concederse discrecionalmente la suspensión contra el cobro de tales cuotas, previo depósito de la cantidad respectiva para que surta efectos la medida cautelar, con la salvedad de que tal depósito no se exigirá cuando se aprecie que se trata del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago, supuesto el cual se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables". En la inteligencia de que la garantía de efectividad a que se alude en el párrafo que antecede deberá ser cubierta por la parte quejosa cada que se genere la obligación, situación que deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de pago correspondiente, acorde con lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo, apercibida que de no hacerlo, se notificará a las autoridades responsables que podrán ejecutar el acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, la documental que exhibió en su demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las que se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. En otro aspecto, se autoriza en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Eduardo García Imperial, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Jorge Eduardo García Imperial, con el usuario: "lmperivmIII"; por tanto, como lo solicita la quejosa, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa y recibir notificaciones por la misma vía. En tal virtud, se instruye al actuario para que las notificaciones que deban ser personales a la parte promovente, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la parte quejosa, en los casos que se estime necesario; ello, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que en días y horas inhábiles hagan entrega de los oficios correspondientes y realicen las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

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