Amado Xavier Hernández Aguilar
Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/05/2021
Partes del expediente
- Amado Xavier Hernández Aguilar
- Secretaria de Bienestar del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vistos; la certificación precedente y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra la sentencia constitucional dictada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó este juicio de amparo indirecto. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que la autoridad responsable carece de legitimación para recurrir la sentencia pronunciada, de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo,. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos originales ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Christian Fabiola Chanona Santiago, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 108/2021-V, promovido por Amado Xavier Hernández Aguilar, en contra de los actos que atribuye a las autoridades responsables (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, antes Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Christian Fabiola Chanona Santiago, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 3 Auto admisorio 4 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 5 Emplazamiento a la autoridad responsable Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, antes Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas. Niega 22/03/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que la autoridad responsable ofreció el siguiente medio de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, antes Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas. Documental consistente en : copia certificada del proveído de doce de marzo de dos mil veinte correspondiente al expediente laboral 35/B/2019 ahora 675/2020 22/03/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 108/2021-V, promovido por Amado Xavier Hernández Aguilar, contra la omisión de asignar número al expediente laboral 35/B/2019, de la estadística de la extinta Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas, dentro de los términos procesales establecidos en la publicación del decreto referente a la creación de los nuevos juzgados y la desaparición del Tribunal Burocrático y la omisión de fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, atribuidos a la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, antes Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas. R E S U L T A N D O S. I. Amado Xavier Hernández Aguilar, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y los actos que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 108/2021-V, se acordó sobre su admisión y se requirió a la responsable su informe justificado; se dio intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por tanto, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad; lo siguiente: La omisión de asignar número al expediente laboral 35/B/2019, de la estadística de la extinta Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas, dentro de los términos procesales establecidos en la publicación del decreto referente a la creación de los nuevos juzgados. La omisión de fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de asignar número al expediente laboral 35/B/2019, de la estadística de la extinta Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa advertida. Dicho informe goza de valor probatorio pleno en términos de los artículos 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, puesto que las autoridades responsables gozan de la presunción de veracidad, y en los autos no existen constancias que indique lo contrario, es decir, sin que la parte quejosa allegara prueba alguna tendiente a desvirtuar dicha negativa, no obstante corresponderle la carga de la prueba. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, este operador jurídico estima que al reclamarse por la parte quejosa la omisión de asignar número al expediente laboral 35/B/2019, de la estadística de la extinta Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas por parte de la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, éste resulta ser inexistente, toda vez que de las copias certificadas remitidas por la responsable, a las que se otorga el carácter de instrumental de actuaciones y producen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, dicha autoridad determinó que con la nueva denominación del órgano jurisdiccional, al entonces expediente número 35/B/2019, de la estadística de la extinta Segunda Sala del Tribunal del Poder Burocrático del Estado de Chiapas, le corresponde el diverso 675/2020. En ese contexto, la determinación (proveído de doce de marzo de dos mil veinte), fue pronunciada con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que a saber lo fue el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, según se advierte del sello y papeleta puestas por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, que obra en autos a fojas 1 y 2, circunstancia que es clara y evidente de que para cuando se promovió el juicio de amparo no existía el acto reclamado en el mismo. Por ende, ello trae como consecuencia que respecto del acto que se le atribuye, proceda decretar el sobreseimiento en el juicio, atento a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo expuesto en lo conducente, la tesis jurisprudencial 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta época, tomo II, página 305, con registro electrónico 1002350, que señala lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la omisión de fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. El Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, negó el acto que le atribuye la parte quejosa; sin embargo, se estima en el caso concreto, la autoridad responsable efectuó diversas manifestaciones que entrañan certeza del mismo, pues indicó que se encuentra pendiente de señalar fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje, por la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales debido a la pandemia de salud que se vive en el país y una vez que se reanuden, así como la atención al público realizará lo conducente; por lo que debe tenerse como cierto el acto impugnado con base en el examen de dicho informe. Tiene aplicación al caso, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las constancias que, en apoyo a su informe justificado remitió en copia certificada, documentales públicas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio de su encargo. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Aunado a que, atendiendo a que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, correspondía a la autoridad acreditar el hecho positivo que desvirtuara esa omisión, esto es, que efectivamente se respetó el derecho de justicia pronta y expedita que se reclama, atendiendo a que la carga de la prueba se revierte a la contraparte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 392, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR." QUINTO. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. En este sentido, es observable la jurisprudencia cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable violó en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, al omitir fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil veinte en el juicio laboral 675/2020 antes 35/B/2019. Al respecto, conviene precisar que la autoridad responsable al rendir su correspondiente informe refirió que en proveído de doce de marzo de dos mil veinte se encontraban señaladas las diez horas del seis de mayo del año dos mil veinte, para la ratificación del dictamen en materia de grafoscopía y dactiloscopia en el expediente de origen, sin que hubiere sido posible su desahogo, por la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales debido a la pandemia de salud que se vive en el país y una vez que se reanuden, así como la atención al público realizará lo conducente. Ahora, en el caso, se estima importante precisar lo que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Establece: Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, fue instituido por el constituyente a fin de que los gobernados pudieran acudir ante los tribunales para que éstos les administren justicia, esto es, resuelvan el problema sometido a su consideración, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Tal proscripción, surge al superarse la práctica de la venganza privada, o justicia que se realizaba por propia mano, de ahí, se deduce que la jurisdicción es un principio ineludible del orden jurídico constitucional, impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos, por virtud del cual se les otorga la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, declarar la existencia de una obligación o, en su caso, hacerla efectiva. Dicho derecho subjetivo a la impartición de justicia, consigna a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí, cuatro subgarantías, que son: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y, 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, todas las autoridades que realizan actos jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas a la observancia de las subgarantías mencionadas, ello con independencia de que se trate de órganos judiciales o sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 431 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1477 del Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la justicia, Novena Época, Materia Constitucional, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." El artículo 17 Constitucional, como se dijo, contempla el derecho humano de seguridad jurídica (tutela judicial efectiva), relativo al derecho de todo gobernado a una pronta impartición de justicia, lo que implica la obligación de las autoridades, encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, quienes emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos a litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla; por ende, no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad de impartición de justicia pronta. Sin embargo, aun cuando se desprende una abierta dilación de la autoridad responsable en fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje en el juicio laboral 675/2020 antes 35/B/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios del derecho fundamental que la parte quejosa estima violado en su perjuicio. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, la omisión de fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje en el juicio laboral 675/2020 antes 35/B/2019. Cabe precisar que existe la vigencia del Acuerdo General 4/20210 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo a las medidas adoptadas por esa institución, ante la contingencia de salud del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el que se estableció que se prorrogó la suspensión de labores hasta el tres de mayo de dos mil veintiuno, por lo que continúan suspendidos los términos y plazos procesales. Información que se encuentra disponible en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2398, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2804 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos del Apéndice de 2011, Novena Época, Materias Común, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". De ahí que en el caso concreto, con las constancias de autos, se evidencia que la autoridad responsable, por las razones ya precisadas, no se encuentre proveyendo en los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los citados juicios, pues insístase, existe a la fecha en que esto se resuelve suspensión parcial de labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). De ahí que es inconcuso que el Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, no se encuentra en funciones, aunado que los plazos y términos y procesales se encuentran suspendidos, por lo que se colige que los funcionarios adscritos no se encuentran desempeñando sus actividades laborales para dar seguimiento de los asuntos de su conocimiento. Tomando como punto de referencia lo anterior, en el caso en concreto, se estima que a la fecha de presentación de la demanda de amparo y al momento que se resuelve el presente asunto, la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ratificación de peritaje en el juicio laboral 675/2020 antes 35/B/2019, ya que en la autoridad responsable aún tiene suspensión parcial de labores hasta el tres de mayo de dos mil veintiuno. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce del derecho fundamental violado resultaría inalcanzable, ya que, por el momento, como se adelantó la autoridad responsable se encuentra imposibilitada en dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo que, tomando en consideración la actualización de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por Amado Xavier Hernández Aguilar. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública y notificación por el fenómeno de salud COVID-19. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, 73, 74, y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Amado Xavier Hernández Aguilar, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamado al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, por los razonamientos señalados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando Último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Christian Fabiola Chanona Santiago, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; y que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes, respecto del informe rendido por la autoridad responsable; por tanto, no media el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin necesidad de notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, pues el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, enero de 2013, Décima Época, con registro 2002576: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Christian Fabiola Chanona Santiago, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa constancias al mismo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Con el contenido del referido informe y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de la Materia, ténganse por exhibidas las documentales que anexa la autoridad oficiante consistente en copia certificada del proveído de doce de marzo de dos mil veinte correspondiente al expediente laboral 35/B/2019 ahora 675/2020, la cual se tiene por admitida y desahogada en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, misma que será valorada al momento de dictarse la resolución que corresponda. De conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, se hace del conocimiento de las partes que para la consulta del expediente físico en el cual consta el informe de cuenta y anexos, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse del mismo. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Christian Fabiola Chanona Santiago, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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