Amado Ruíz Silva y Otros.

Expediente 1402/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1402/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Amado Ruíz Silva y Otros.
  • Amado Ruíz Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el doce de septiembre del año en curso (fojas 43 a 45), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, tomando en consideración que existen glosados originales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, el oficio dirigido al Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en el Estado de Oaxaca, y el diverso signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de nueve de agosto del año en curso (fojas 6, 7 y 15). Por tanto, requiérase a la quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este Juzgado, con identificación oficial que los acredite fehacientemente, para que reciba en el plazo indicado, tales documentos; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución, copia de su identificación y razón de entrega que se dejen en autos. Apercíbase que de no cumplir lo anterior, sin ulterior acuerdo, los documentos en cuestión serán destruidos junto con el expediente, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese para los efectos legales correspondientes, la copia con firma autógrafa del oficio CAP/4323/2016, signado por la Jefa del Centro de Atención al Público de Correos de México, residente en esta ciudad, por la que informa el trámite que realiza para remitir el registrado postal que le fue solicitado, y solicita una prórroga de cinco días más para remitir el mismo; en consecuencia, mediante oficio infórmesele que se le otorga el plazo que pide para la remisión de la pieza postal requerida. CÚMPLASE. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que Amado Ruíz Silva, por su propio derecho, promovió el presente juicio de amparo contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, consistente en la negativa de dar contestación a su escrito recibido por la responsable el cinco de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, que el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca (agregado en párrafos que anteceden), convino en la existencia del acto reclamado, y agregó que por oficio SP/DPSHT/2182/2016 de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dio contestación a su petición (foja 22). Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior debe decirse que el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que, que por oficio SP/DPSHT/2182/2016 de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dio contestación a su petición, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable cinco de agosto pasado (fojas 22 a 30). Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (dieciocho de agosto de dos mil dieciséis-foja 2-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el acuerdo correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 20); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Sin que en el caso, fuera procedente dar vista con la respuesta a la petición de la parte quejosa, toda vez que respecto de ésta no es procedente la ampliación de la demanda de amparo debido a que el contenido de la respuesta se tiene que combatir en sede ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 66/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. [Época: Décima Época, Registro: 2011948, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.), página 898. Así como la jurisprudencia 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. [Época: Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, página 326.] Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable en el presente asunto, rinda su informe justificado, por ello la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.

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